El miércoles 20 de abril, la Corte de Magistrados de Westminster en Londres resolvió que Julian Assange no podrá apelar a la sentencia que autorizaba su extradición a Estados Unidos para ser juzgado en ese país por espionaje, luego de haber difundido información clasificada a través del cable WikiLeaks en 2010.
La orden del tribunal del distrito se emitió con respecto a la implementación de una decisión de diciembre de 2021 del Tribunal Superior de Londres, que anuló una decisión anterior del mismo tribunal y sancionó la solicitud de extradición de los Estados Unidos.
Ahora depende que la ministra británica del Interior, Priti Patel, firme la orden de extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Patel tendrá un plazo de dos meses prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega.
Mientras tanto, el equipo de defensa de Assange tendrá hasta el 18 de mayo para hacer presentaciones al Ministerio del Interior contra la solicitud de extradición, luego de lo cual el ministro tomará la decisión. Así mismo se podrá presentar una apelación adicional contra la decisión del Ministerio del Interior, una vez que se tome la decisión.
El activista permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso. Al respecto, Jeremy Corbyn diputado del Partido Laborista, manifestó en un Tweet: “Priti Patel ahora tendrá una opción: defender el periodismo y la democracia, o sentenciar a cadena perpetua a un hombre por exponer la verdad sobre la guerra contra el terrorismo”.
Si es extraditado, Assange será juzgado ante un gran jurado federal por 18 cargos, que incluyen 17 en virtud de la infame Ley de Espionaje, que conllevan una pena de prisión máxima combinada de 175 años.
El enjuiciamiento en EE. UU., iniciado bajo la presidencia de Donald Trump y continuado bajo la administración de Joe Biden, se basa en la publicación de documentos clasificados filtrados que exponen los crímenes de guerra de EE. UU. en Afganistán e Irak, junto con otras violaciones de las leyes internacionales.
El gobierno de EE. UU. sostiene que Assange conspiró ilegalmente con la denunciante Chelsea Manning para acceder a los documentos filtrados, lo que, según Assange y sus abogados, es una acusación hecha sin pruebas.
“Publicar información de interés público es un pilar de la libertad de prensa. La decisión de la justicia británica de conceder la extradición de Assange lo pone riesgo real de sufrir graves abusos como tortura y otros malos tratos. Además, envía un mensaje de disciplinamiento hacia el periodismo y sentaría un precedente que amenaza a la libertad de prensa en todo el mundo”, manifestó la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
