El juez en lo contencioso-administrativo federal Martín Cormick decidió este lunes que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, tiene que informar en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará el derecho a la alimentación de las personas que concurren a comedores populares.
“Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”, dice el fallo
La resolución se refiere a la cautelar emitida por Walter Lara Correa, la cual hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
El juez Walter Lara Correa consideró que en Argentina la política pública para asegurar el derecho a la alimentación se apoya en distintos planes y programas como la transferencia de ingresos a cada familia, la articulación y coordinación con provincias y municipios y también a través de la entrega de alimentos a comedores comunitarios mediante el plan Argentina contra el hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad, y los compromisos internacionales asumidos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Esos son los programas que el Ministerio de Capital Humano no está implementando, de acuerdo con la evolución de las partidas presupuestarias ya comprometidas.
En medio del receso invernal, Cormick habilitó la feria judicial para tramitar la causa y finalmente este lunes le dio un plazo al Ministerio de Capital Humano. En este plazo de 48 horas, el Gobierno tendrá que informar cómo va a garantizarle la alimentación a quienes asisten a los comedores.
La causa se inició a principio de año, en la que las organizaciones señalaron que el gobierno discontinuó la entrega de alimentos a los comedores y merenderos y reclamaron que se mantengan las políticas sociales.
Por esta misma situación hay una denuncia penal realizada por Juan Grabois contra Sandra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no entregar alimentos.
En esa causa, a cargo del juez Sebastián Casanello, se afirmó que el Gobierno tenía casi 5000 kilos de comida en galpones de Buenos Aires y Tucumán, y se ordenó la presentación de un plan para distribuirla por sus próximas fechas de vencimiento.
