Desde hace varios años, en Ecuador la violencia está incrementando de la mano del narcotráfico. El país se ha transformado en un gran centro de operaciones de este negocio ilegal y con ello han proliferado distintas bandas criminales que se disputan territorio.
Las cárceles y las diferentes masacres carcelarias desde el 2020 a esta parte, reflejan dicha situación. Las bandas pelean por el control de las cárceles, mientras que el Estado fue perdiendo cada vez más poder tras las políticas neoliberales de Lenin Moreno y Guillermo Lasso.
En 2021 se desataron varias masacres, con un saldo de más de 250 muertos. A partir de aquel dramático hecho, Guillermo Lasso anunció una reestructuración del sistema penitenciario con ocho puntos, entre los que se encuentran: incluir en las prácticas de seguridad el escáner de carga para evitar el ingreso de armas; rehabilitar el Complejo Penitenciario Guayaquil para reducir el hacinamiento; dividir y redistribuir a los privados de la libertad en pabellones para evitar hechos violentos; y construir infraestructura.
Sin embargo, nada de eso se ha implementado y la violencia carcelaria siguió en aumento en 2022. El pasado 9 de mayo del 2022, en la cárcel de Santo Domingo, se desató otra matanza que arrojó 44 fallecidos. Vale aclarar que desde diciembre de 2020 a mayo de este año, se han producido al menos 390 asesinatos en las cárceles del país.
“Las causas de este avance de la violencia se pueden explicar por dos factores. Por un lado, el avance inusitado del narcotráfico y por el incremento de la producción de cocaína en Colombia, que pasa por Ecuador y termina en Estados Unidos. Eso ha producido la proliferación de bandas criminales en torno a este negocio”, respondió para ARGmedios, Orlando Pérez, periodista e investigador ecuatoriano.
El gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso también se han encargado del desmantelamiento del Estado y su capacidad de control territorial. “Han apostado a un austericido, es decir achicar el Estado, volverlo débil, cerrar el Ministerio de Justicia, tener menos personal en las cárceles o en inteligencia para combatir el crimen organizado”, explicó Pérez.
En ese sentido, el periodista ecuatoriano resaltó que durante estos gobiernos se ha cerrado la escuela de formación para guías penitenciarios y se ha dejado sin efecto un presupuesto para el control interno de las cárceles.
“La policía controla las cárceles, y sobre esa institución caen varias denuncias de corrupción. Lasso conformó una Comisión de Pacificación y la titular de esa comisión renunció y declaró que la policía protegía a los jefes criminales al interior de las cárceles. El propio embajador de Estados Unidos en Quito declaró que existían 19 narco-generales en la policía y no se ha hecho absolutamente nada”, comentó.
Miembros de la justicia asesinados
La violencia y la influencia del narcotráfico también ha llegado a distintos estamentos del poder judicial. Durante mayo, se produjeron el asesinato de un agente de justicia en Santo Domingo, a 152 kilómetros de Quito, y, en Esmeraldas, en la frontera norte de Ecuador, un ex fiscal también fue asesinado.
El último hecho resonante fue el asesinato de Luz Marina Delgado, la agente de la Fiscalía General del Estado que participó, en el 2018, en un operativo que permitió la captura de la pareja de Washington Prado, conocido como ‘alias Gerald’ o el ‘Pablo Escobar ecuatoriano’.
Pérez comentó que “el asesinato a esta fiscal se ha vuelto una práctica común de los grupos criminales para atemorizar a las autoridades judiciales” y agregó que estos hechos “se cometieron en Provincias donde hay un estado de excepción decretado por Lasso”.
Tras ese hecho, el mandatario ecuatoriano en Quito declaró: “Esta es una guerra y el único camino es ganarla para proteger la vida de los niños y de los jóvenes ecuatorianos”.
Sin embargo, desde que Lasso decretó un estado de excepción de 60 días en las costeras provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas a causa del aumento del narcotráfico, la violencia no ha hecho más que crecer.
“Esa declaración sin recursos, sin tecnología, sin las instituciones ni la capacidad operativa no es una guerra. Es más bien un fratricidio entre los grupos que se alían para ese negocio. Gran parte del éxito del narcotráfico tiene que ver con la infiltración en las estructuras policiales y militares. Si están infiltrados en la policía, ¿quién le va a declarar la guerra?” expresó Pérez.
Ecuador, que por muchos años se mantuvo relativamente a salvo de la violencia y el narcotráfico, hoy se encuentra con una realidad cada vez más profunda y con un Estado desmantelado por las políticas neoliberales de reducir la capacidad estatal.
