Desde su vuelta al poder el 1 de enero de 2023 Luis Inácio Lula Da Silva se ha perfilado como referente regional y global en el nuevo mundo multipolar. En diferentes oportunidades ha manifestado su intención de mediar entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra y en Sudamérica ya impulsa la reactivación de Unasur como espacio para la articulación regional.
Lula sabe de equilibrios. Antes de firmar una declaración conjunta con Joe Biden condenando la invasión rusa a Ucrania, ya se había negado a enviar armas al gobierno de Zelensky. Si bien desde algunos sectores pro rusos se acusó al brasileño de estar alineado a los intereses de Estados Unidos, el acuerdo con China para realizar el comercio en reales y yuanes y los cuestionamientos del propio Lula a la hegemonía del dólar en el viaje que realizó a China, echan por tierra estas acusaciones.
Dicha habilidad se vio también recientemente con la visita de Alberto Fernandez y la comitiva argentina a Brasil, donde Lula prometió interceder en los BRICS para acelerar la incorporación de Argentina al grupo y también adelantó que buscaría mediar con el Fondo Monetario Internacional para que le saque “el cuchillo del cuello” al gobierno argentino.
No hay dudas acerca de la destreza política del presidente brasileño, quien a sus 76 años cumple un tercer mandato tras disputar una elección reñida y plagada de irregularidades contra Jair Bolsonaro, quien gobernó desde 2019. Sin embargo, dicha destreza tiene importantes limitaciones, principalmente hacia dentro de Brasil.
Aún con el peso político del actual presidente y lo que su vuelta al poder significa tras cuatro años de bolsonarismo, el actual gobierno no ha conseguido hasta el momento consolidar una base en el Congreso que le permita avanzar con proyectos importantes para la actual gestión. Desde el comienzo de la actividad parlamentaria, fueron varias las propuestas que se encontraron con la resistencia de la mayoría legislativa.
En mayo, desde el Ejecutivo se impulsó por decreto una serie de cambios sobre el marco jurídico del saneamiento. El proyecto sobre el tema prevé terminar con varias decisiones impulsadas por el propio gobierno y fue aprobado en la Cámara de Diputados por amplia mayoría: 295 votos a favor y 136 en contra.
Otra propuesta importante -que debió ser retirada de la pauta de debate para que no sea derrotada y, con ello, impedida de avanzar en el ámbito legislativo- es el proyecto de ley para combatir las noticias falsas. Tras varias semanas de negociación y adaptación del texto, el relator Orlando Silva del PCdoB, aliado del gobierno, debió solicitar la retirada del mismo ante la imposibilidad de su aprobación.
La reforma tributaria es hasta el momento uno de los principales dolores de cabeza del gobierno por tratarse de una medida fundamental sin garantías para avanzar en el Congreso pero urgente para equilibrar las cuentas públicas y aliviar las presiones del empresariado brasileño.
En principio, la base de apoyo de Lula en la Cámara está formada por los partidos PT, PCdoB, PV, MDB, PSD, PDT, PSB, Psol, Rede, Avante y Solidaridad. En total, son unos 220 diputados. Sin embargo, no todos apoyan los proyectos que llegan del Ejecutivo e incluso partidos que han negociado ministerios con la gestión a cambio de apoyo actúan en contra del propio gobierno en el Congreso.
Además de estos asuntos de contenido más económico, el gobierno se enfrenta a la necesidad de aprobación de Medidas Provisionales para sostener políticas públicas consideradas fundamentales, como son Bolsa Familia y Mi Casa Mi Vida.
La instalación de comisiones mixtas para el análisis de estos textos enfrentó dificultades debido a las diferencias entre el presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira y el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). La base aliada no consiguió ejercer la presión suficiente para que empezaran a trabajar en el plazo que el Planalto prefería ni logró colocar a todos los que quería en puestos de la cúpula de los colegios.
Lira se reunió con Lula y le expresó la necesidad de que el Ejecutivo se amolde a una mayor autonomía del Legislativo. También habló de algunas insatisfacciones de los parlamentarios ante la articulación política del Planalto.
No se trata de un asunto menor. Las características de la política brasileña hacen que ninguna gestión avance en la concreción de su agenda sin el apoyo del Congreso. Durante el segundo mandato de Dilma Rousseff como presidenta, la oposición en el Congreso encabezada por el entonces presidente Eduardo Cunha fue la clave para impedir que avance la agenda del gobierno y, consecuentemente, para consolidar una base parlamentaria capaz de votar su destitución.
La mayoría conservadora que actúa en el Congreso como oposición al gobierno sumado a las pretensiones de muchos de los propios aliados muestran un panorama preocupante para el gobierno. Las negociaciones por cargos y ministerios no garantizan el apoyo en el parlamento y, al mismo tiempo, le restan fortaleza a la gestión cuando todavía no se cumplieron seis meses desde la asunción de Lula.
Si bien el presidente es visto como un gran articulador, las dificultades que enfrenta en el Congreso dejan a la vista las limitaciones del gobierno. Pese a su destreza política, no son pocos los problemas de la actual gestión para avanzar con su agenda, muchos de los cuales pueden resultar un factor determinante para la continuidad del propio Lula y de la coalición de gobierno que encabeza.
