Artículo publicado originalmente en Peoples Dispatch.
Por Abdul Rahman
Las sanciones económicas, con frecuencia impuestas ilegalmente, tienen un impacto negativo duradero en las poblaciones de los países objeto de ellas y casi nunca alcanzan sus objetivos declarados, afirma un nuevo estudio publicado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR), con sede en Washington.
Las sanciones impuestas por países particulares sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU se conocen como medidas coercitivas unilaterales. El estudio concluye que afectan a las condiciones de vida de la mayoría de la población de los países afectados, empobreciéndola y haciéndola más precaria. Esto se debe, en gran medida, a que los gobiernos objeto de las medidas tienen una capacidad reducida para mantener políticas sociales y económicas que apoyen a la mayoría de la población, y especialmente a los más vulnerables.
El estudio titulado “Consecuencias humanas de las sanciones económicas”, publicado por Fransciso Rodríguez, examina las pruebas y argumentos presentados en 32 estudios sobre economías sancionadas, en su mayoría países pobres y del Tercer Mundo. Concluye que “es difícil pensar en otras intervenciones políticas que sigan aplicándose en medio de tantas pruebas de sus efectos adversos y a menudo mortales para las poblaciones vulnerables”, sobre todo cuando son extremadamente ineficaces para alcanzar la mayoría de sus objetivos declarados.
Aumento del uso de medidas punitivas unilaterales por parte de Occidente
En la actualidad, 54 países de todo el mundo están sometidos a algún tipo de sanción económica. Algunos de estos países, como Cuba, Irán y Corea del Norte, entre otros, llevan décadas sometidos a ellas. El estudio señala que “en las últimas seis décadas, se ha producido un crecimiento significativo en el uso de sanciones económicas por parte de las potencias occidentales y las organizaciones internacionales”. Señala que en los años sesenta, menos del 4% de los países del mundo estaban sometidos a sanciones impuestas por EE.UU., la UE o la ONU. Ahora esa cifra ha aumentado hasta el 27%.
El informe señala que el aumento del número de países sometidos a sanciones significa también un aumento del PBI mundial sometido a las mismas. En la década de 1960, sólo el 4% del PIB mundial estaba sometido a este tipo de sanciones impuestas por EE.UU., la UE y la ONU, mientras que en la actualidad representa casi un tercio del PIB mundial total, es decir, alrededor del 29%.
Las sanciones individuales o a entidades concretas también han ido en aumento. Por ejemplo, desde la administración de Barack Obama hasta la de Joe Biden, el número de entidades sancionadas de este tipo pasó de 544 a más de 1.100.
Sólo un pequeño número de países y entidades son sancionados legalmente por el Consejo de Seguridad de la ONU. La mayoría de las entidades y países son objeto de sanciones ilegales impuestas por países individuales como Estados Unidos o grupos como la UE.
El impacto de las sanciones
El estudio se centra en el efecto de las sanciones económicas sobre la renta per cápita, la pobreza, la desigualdad, el comercio internacional, la mortalidad infantil, la desnutrición, la esperanza de vida y los derechos humanos.
Los diferentes estudios a los que se hace referencia en el informe han establecido que en todos los países que fueron objeto de sanciones legales o de otro tipo, las economías disminuyeron o no crecieron como lo habrían hecho en ausencia de esas sanciones que restringieron el comercio económico y las inversiones. El impacto fue visible en la disminución o el estancamiento de la renta per cápita, el aumento de la pobreza o la ralentización de su erradicación, el aumento de la desigualdad, la contracción del comercio internacional, el aumento de la mortalidad infantil y la desnutrición, la disminución de la esperanza de vida y la contracción de los derechos humanos.
Las sanciones limitan el acceso del gobierno a las divisas y disminuyen su capacidad de generar ingresos debido a la contracción o al lento crecimiento económico. Esto limita su capacidad para suministrar bienes y servicios básicos a la población, especialmente en el momento en que más lo necesita.
Los casos de Irán, Afganistán y Venezuela
El estudio se centra en tres ejemplos de los 30 casos citados -Irán, Afganistán y Venezuela- para ilustrar el impacto de las sanciones en la economía de un país y en los derechos humanos básicos y las condiciones de vida de su población.
Irán está sometido a sanciones estadounidenses desde 1979. La ONU también impuso sanciones a Irán por su programa nuclear desde 2006, que finalizaron en 2015 tras la firma del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés). Las sanciones estadounidenses que se relajaron entre 2015 y 2018 se volvieron a imponer cuando la administración de Donald Trump decidió retirarse unilateralmente del JCPOA.
El estudio señala que “las series cronológicas del PBI, la producción de petróleo y los datos de exportación de Irán muestran claramente marcados descensos tras cada ronda de sanciones.” Señala además que “los estudios que utilizan datos de encuestas de hogares concluyen que los hogares rurales, pertenecientes a grupos de ingresos bajos y medios, o los encabezados por personas mayores y desempleadas, tenían la mayor probabilidad de caer en la pobreza en el periodo de sanciones.”
Señala que las sanciones también afectaron al sector sanitario en Irán, provocando la escasez de 73 medicamentos, de los cuales al menos 32 fueron declarados esenciales por la OMS.
Del mismo modo, Afganistán -que fue objeto de sanciones formales de la ONU en 1999- ha sufrido un descenso masivo de su renta nacional y per cápita, debido sobre todo a la guerra desde la década de 1980.
A pesar de conocer la precaria situación económica de Afganistán, Estados Unidos y la UE han confiscado 9.600 millones de dólares de activos afganos tras la vuelta de los talibanes al poder en el año 2021. Esta cantidad representa casi la mitad del actual PBI de Afganistán. Las sanciones también han afectado gravemente a la afluencia de remesas al país, que rondaba los 800 millones de dólares anuales antes de la llegada de los talibanes al poder.
Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones a Venezuela desde 2017, que han provocado una caída de las importaciones globales del país del 91% hasta 2020. El impacto más significativo se produjo en la importación de alimentos, que disminuyó un 78%. El estudio señala que para un país que depende casi totalmente de las importaciones para satisfacer sus necesidades alimentarias, las sanciones han provocado una inseguridad alimentaria masiva.
Se prevén repercusiones mortales
El impacto negativo de las sanciones económicas sobre la población es bien conocido, pero países occidentales como Estados Unidos siguen recurriendo a ellas con frecuencia. El estudio cita declaraciones del ex Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo sobre el impacto de las sanciones en los pueblos iraní y venezolano para afirmar que el empeoramiento de las condiciones económicas en los países objetivo son las intenciones precisas de las sanciones. Occidente espera que las malas condiciones económicas hagan que la población se levante contra sus gobiernos.
El estudio señala que esta esperada “revuelta” de la población contra sus gobiernos nunca se ha producido en realidad. Por el contrario, los gobiernos a los que se dirige se han hecho más poderosos, ya que a menudo citan las sanciones para legitimar el refuerzo de su control sobre la población.
Los países europeos avanzados y Estados Unidos suelen justificar las sanciones en nombre de la “seguridad mundial, la democracia o los derechos humanos”, ninguno de los cuales se ha conseguido nunca, sino que se ven amenazados por las sanciones.
Al señalar que “las sanciones tienen efectos absolutamente negativos y a menudo duraderos en las condiciones de vida de la mayoría de la población de los países objetivo” y “costes humanos desproporcionados e indiscriminados”, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó en 2014 una resolución contra el uso de “medidas coercitivas unilaterales”.
