El ministro de Desarrollo Rural y Tierras boliviano fue destituido de su cargo por sobornos. La estrategia del Movimiento al Socialismo (MAS) para enfrentar la corrupción entre sus funcionarios.
La corrupción en la política atraviesa a gobiernos de distintas características: populistas, republicanos, conservadores, de derecha e izquierda. La tentación de utilizar fondos públicos para beneficios privados o el cobro de sobornos para la adjudicación de contratos no distingue ideologías políticas.
Sin embargo, los medios de comunicación históricamente han hecho foco sobre los hechos de corrupción de los gobiernos progresistas y populares. A su vez, muchos de estos gobiernos no han tenido capacidad para enfrentar y combatir la corrupción, algo que habilita el retorno de las derechas en el continente. En esa complejidad, Bolivia ha construido una estrategia consistente para enfrentar la corrupción en su propio gobierno.
Esta semana, en Bolivia se dio la aprehensión del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, por recibir un soborno de 20 mil dólares para beneficiar a “un sector” en la adquisición y saneamiento de tierras. El gobierno de Luis Arce decidió no ocultar ni proteger al ministro. Por el contrario, lo detuvo y desde la Fiscalía General se inició el proceso de juzgamiento. Edwin Characayo fue el segundo ministro de Desarrollo Rural de Luis Arce y sucedió en el cargo a otro exministro que también fue destituido del cargo.
“Cumplimos con el mandato del pueblo. Nuestro gobierno no encubrirá la corrupción venga de quien venga. El señor Edwin Characayo fue aprehendido y será sometido a la justicia como corresponde”, publicó Luis Arce en su cuenta de twitter.
Cumplimos con el mandato del pueblo. Nuestro gobierno no encubrirá la corrupción venga de quien venga. El señor Edwin Characayo fue aprehendido y será sometido a la justicia como corresponde.
— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) April 14, 2021
Este abordaje ante hechos de corrupción no es nuevo en el gobierno del MAS. Bajo la conducción de Evo Morales las respuestas fueron rápidas y tajantes. El hecho de corrupción más resonado de su mandato fue el de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En aquella oportunidad, la empresa Catler-Uniservice firmó el 14 de julio de 2008 un contrato con YPFB para construir la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, en el departamento de Santa Cruz. El costo de la planta ascendía a 86 millones de dólares. Las investigaciones también revelaron que la sociedad Catler-Uniservice había sido creada tres días antes de la firma del contrato con YPFB.
El presidente Evo Morales separó a Ramírez de YPFB. Además, instruyó la suspensión inmediata de otros 10 funcionarios de la petrolera estatal, entre ellos Mario y Juan Carlos Navia Doria Medina, hermanos de la esposa de Ramírez Valverde. Otro hecho que llama la atención es la recuperación del dinero usufructuado. De los 16,5 millones de dólares entregados a Uniservice y Gulsby Process Systems, la Fiscalía de Bolivia recuperó 9 millones.
En 2015 sucedió otro de los casos más relevantes: el uso del Fondo Indígena. El caso involucraba a exministros, parlamentarios y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la gestión de Evo Morales. Ante esa situación, el presidente Morales requirió la investigación del Fondo Indígena después de recibir múltiples denuncias sobre la existencia de una trama para financiar proyectos que al final no se realizaban. Siete funcionarios de rangos medios fueron encarcelados en forma preventiva por delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, entre ellas las exministras Nemesia Achacollo y Julia Ramos junto a dos senadores y dos dirigentes de organizaciones por corrupción y enriquecimiento ilícito.
Situación similar ocurrió en 2017 con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá. En medio de sospechas de irregularidades en el proceso de licitación y contrato con la italiana Drillmec para la provisión de equipos de perforación, fue sustituido por decisión de Evo Morales.
¿En qué se basa esta actuación del gobierno del MAS en Bolivia? Álvaro García Linera, quien fuera vicepresidente de la Nación y también ha sido el intelectual de la revolución social, sostiene la importancia de la moral en los gobiernos progresistas. García Linera recupera la idea de Gramsci de la necesidad de una reforma moral e intelectual.
Linera sostiene que “la única fuerza que uno tiene cuando viene de abajo es su fuerza moral. Evo y los sindicatos no tienen dinero, no tienen patrocinio extranjero. Su moral los ha convertido en el núcleo que simboliza una época y una voluntad colectiva de cambio. Entonces, si te vuelves tolerante pierdes tu fuerza moral. Hemos tenido que tomar decisiones muy fuertes que no se han dado en ningún gobierno de América Latina, y mucho menos en gobiernos de derecha. Hemos tenido que meter en la cárcel al jefe del partido, Santos Ramírez. Él era el segundo después de Evo”.
El ejemplo de Bolivia ofrece un aprendizaje para los gobiernos progresistas para luchar contra casos de corrupción y preservar la legitimidad de los avances económicos y sociales en las grandes mayorías populares. El ejemplo muestra que puede existir corrupción de un funcionario, pero un gobierno progresista y popular debe ser a prueba de esa corrupción.
