Masacre de dos niñas argentinas en Paraguay, silencio de ambos lados

Por
Julián Pilatti
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A cinco meses del asesinato de dos niñas argentinas a manos de militares paraguayos, las pruebas hablan de una masacre. El reclamo de organismos de DDHH hacia autoridades paraguayas y argentinas.  

Por Julián Pilatti 

El gobierno paraguayo sigue sin dar explicaciones por el asesinato de dos niñas argentinas de 11 años que fueron ejecutadas por las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) del ejército de ese país, el pasado 2 de septiembre.

Desde entonces, organismos de Derechos Humanos de Paraguay y de Argentina le apuntan al presidente Mario Abdó, que celebró el asesinato de las dos menores por Twitter, asegurando que se trataban de dos integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una guerrilla que permanece en clandestinidad desde hace varias décadas, en la selva del país guaraní.

 

Sin embargo, el testimonio de familiares y de sobrevivientes de la masacre perpetrada por las fuerzas militares de Paraguay, permitieron establecer que Lilian Mariana Villalba (11) y María del Carmen Villalba (11), fueron en realidad, cruelmente asesinadas por la espalda.

Las pocas pericias que se pudieron realizar en el lugar (ya que el ejército paraguayo incurrió en la ya común eliminación de pruebas), determinaron que las niñas podrían haber sido –incluso- secuestradas y ejecutadas. Es decir, que ni siquiera murieron en un operativo como informó la fuerza y repitió el presidente Abdó.

Sin embargo, los delitos contra los derechos humanos en ese país, continúan y se amplifican día a día con la desaparición forzada de una de las sobrevivientes del operativo que ocurrió en septiembre pasado en Yby Yaú, una región boscosa de unos 360 kilómetros al noreste de Asunción. Se trata de Carmen Elizabeth, conocida por sus familiares como “Lichita”.

La joven desapareció cuando junto con Tamara Anahí (14 años) y Tania (19) -primas de las menores asesinadas-, intentaban huir de la balacera. Su odisea las llevó a ocultarse en el espeso monte junto a otros integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), con el objetivo de llegar a territorio argentino, pero el 20 de noviembre, las Fuerzas de Tarea Conjunta atacaron de nuevo y solo pudieron salir vivas Tamara Anahí y Tania.

 

MÁS CONTROL MILITAR, MÁS MUERTE

Las niñas asesinadas, junto con las dos jóvenes que sobrevivieron, nacieron y crecieron en Misiones, Argentina, pero se encontraban en el territorio guerrillero, visitando a uno de sus padres. Según informó la abogada de la familia, Daisy Irala, una de las niñas es hija de Myriam Villavalba, militante del EPP.

Uno de los organismos que más denunció el caso, es la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), quienes presentaron una denuncia penal contra agentes innominados de la FTC, en relación al operativo realizado en Yby Yaú.

“Realizamos una denuncia penal, pero hasta ahora no tenemos información precisa de la causa por la naturaleza penal de este país, en donde solo pueden acceder la fiscal, familiares y querellantes”, le explicó a ARG Medios, el abogado Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la Codehupy.

Ayala agregó que desde el 2013, el Estado paraguayo impulsó una modificación de las leyes nacionales para que las fuerzas militares puedan participar de asuntos internos. Desde entonces, los casos de violaciones a los derechos humanos, vienen aumentando a un ritmo preocupante.

“Desde esta modificación venimos denunciando violaciones de derechos humanos muy graves. Lo de las niñas no es lo único que ha sucedido, lamentablemente”, expresó el titular de la CODEHUPY.

En tanto, desde Human Right Watch pusieron el foco en la destrucción sistemática de pruebas por parte de los miembros militares que asesinaron a las dos niñas argentinas. Desde el organismo consideraron que las autoridades de Paraguay “destruyeron pruebas fundamentales y violaron tanto sus propios protocolos de investigación como normas internacionales de derechos humanos”. Además, pidieron que el gobierno de ese país garantice “una investigación de esas muertes de forma independiente, imparcial, transparente y sin demoras”.

Este punto es clave, porque podría comprobar del todo la responsabilidad de las fuerzas militares del Estado paraguayo. Cristian Ferreira, uno de los peritos forenses que examinó los cuerpos que habían sido enterrados irregularmente, dijo a los medios nacionales que “la posición en que quedaron los cuerpos indica que evidentemente estaban huyendo” de las balas de las Fuerzas de Tarea Conjunta.

Además, el especialista consideró que las víctimas se enterraron “sin esperar a una autopsia”, y como si fuera poco, la ropa de las niñas, “fue quemada”.

Onder Ozkalipci y Karen Kelly, otros dos peritos médicos forenses de larga trayectoria internacional que forman parte del Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG) convocados por HRW, sostuvieron que la incineración de las prendas de las chicas argentinas “representa la destrucción de evidencia crucial que viola los principios más básicos y fundamentales forenses y de la investigación penal”.

 

LA TENSA CALMA ENTRE ARGENTINA Y PARAGUAY

A todo esto, el grave hecho tensó las relaciones diplomáticas entre Argentina y Paraguay. Desde la Cancillería argentina comandada por Felipe Solá, se pidió explicación al Estado vecino y además, se solicitó que Paraguay autorizara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que participara de la exhumación de los cuerpos y la autopsia. Desde el gobierno de Abdó no hubo respuestas, a cinco meses de la masacre.

Pero la inacción no parece ser solamente del gobierno paraguayo. Según le confiaron a este medio fuentes de Casa Rosada, “por ahora silencio total. Es un tema que está manejando el presidente”, respondieron.  

El hecho que Alberto Fernández encabece personalmente el reclamo sugiere dos cosas: al gobierno argentino le preocupa el caso, pero –al mismo tiempo- no quiere complicar demasiado la relación entre Argentina y Paraguay. También, habla de la confianza entre el presidente argentino y su canciller, Solá.

 

MARCHA Y REPRESIÓN

En Argentina, este martes 2 se realizó una movilización en diferentes puntos de país a cinco meses exactos del asesinato de Lilián Mariana y María Carmen Villalba.

También se exigió información por la desaparición forzada de una de sus primas, Carmen Elizabeth. En la capital porteña, la convocatoria se dio frente a la embajada de Paraguay, en donde –común al procedimiento de las fuerzas de seguridad de Horacio Rodríguez Larreta-, se dio una represión y se detuvieron a siete personas. También se realizaron marchas en los consulados de Paraguay en Posadas, Córdoba, Rosario, Resistencia y Salta.