El gobierno de Javier Milei eliminó la protección legal con que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus tierras ancestrales de propiedad comunitaria.
La medida fue tomada a través del decreto 1083/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial y declara “el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas”, dispuesta en la Ley 26.160 que mantenía su vigencia hasta noviembre de 2025.
Este DNU deja sin efecto la norma que, desde 2006, resguarda a la posesión y propiedad de las tierras indígenas, con la suspensión de actos procesales, administrativos o sentencias de desalojos. El mismo es contradictorio con la Constitución, y con distintos instrumentos internacionales que reconocen el derecho indígena, como la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En el DNU se argumenta que, durante 18 años las comunidades originarias “han generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores”, poniendo por encima el derecho a la propiedad privada y el “dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias”.
Este mecanismo de exclusión social y no resguardo del Estado Nacional a comunidades ancestrales, es lo último que faltaba para dar luz verde al modelo extractivista que Javier Milei propone con el RIGI.
Esto es gravísimo: derogaron la ley 26160 de emergencia territorial de las tierras indígenas, lo que los habilita para desalojar tierras ocupadas por pueblos originarios. pic.twitter.com/RaouxKyDnA
— Drapetómano (@matiasoberlin) December 10, 2024
Tal como sostiene el DNU, “el Gobierno Nacional ha establecido como uno de sus pilares principales el respeto irrestricto a la propiedad privada, considerando este derecho no sólo como un principio de justicia, sino también, como un factor clave para atraer las inversiones necesarias para el verdadero bienestar del país (punto 1 del ACTA DE MAYO)”
El referente mapuche, Orlando Carriqueo, aseguró para FARCO que se trata de “una práctica genocida porque intenta correr a las familias indígenas del territorio y permitir el avance de empresarios extranjeros, forestales, mineros y petroleros”.
“Y como se hace contra parte de una población, parte de una población de la sociedad, claramente estos hechos pueden configurar un delito de leja humanidad”, agregó. También recordó que en Río Negro hay seis desalojos suspendidos por el relevamiento territorial que todavía no se completó. “Faltan unas 100 comunidades más”, detalló.
