A cuatro años de iniciada la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, no son pocas los cuestionamientos hacia el gobierno de la denominada Cuarta Transformación. Ya sea por parte de la oposición política representada por el partidos tradicionales o desde sectores del progresismo, las recientes medidas impulsadas por la gestión de Morena sobre la nacionalización del litio, así como el debate por la reforma eléctrica y el referendo revocatorio del 10 de abril, fueron motivo de críticas de diferente índole.
“Hay que ver con que se enfrenta este gobierno que plantea la cuarta transformación”, explica Raúl Llarull, periodista y analista político. “Y se enfrenta con un frente comunicacional que juega como oposición política muy parecido al que hay en Argentina y posiblemente peor, con una mayoría parlamentaria simple que le permite gobernar pero con unos poderes fácticos muy fuertes”.
Llarul apunta que una de las mayores dificultades que encuentra la gestión actual en México es la resistencia que existe dentro de la política tradicional para aceptar un gobierno que no responde a los intereses de la elite política y económica del país: “Hay una corrupción muy arraigada en instituciones nacionales y públicas. Cambiar todo eso es cambiar la cultura del país y eso no se consigue en tres o cuatro años. Hay que hacer un análisis en esa perspectiva y pensar las acciones del ejecutivo para cambiar esa dinámica”.
Uno de los principales puntos a favor con los que cuenta el gobierno es sin duda la popularidad del presidente AMLO, quien según una encuesta de Morning Consult es del 66%. Para el analista es importante diferenciar entre la figura del presidente y el gobierno: “Hay que hacer una salvedad, no es lo mismo la popularidad del gobierno que la popularidad del presidente. El gobierno tiene una aprobación mucho más baja y López Obrador es un presidente extremadamente popular”.
Si bien dicha popularidad pudo verse reflejada en el resultado del referendo revocatorio celebrado el 10 de abril, donde más del 90% de los electores optó por la continuidad del presidente en su cargo, la participación de apenas el 17% del padrón fue tildado de fracaso por parte de la oposición.
Para Raul Llarul, “no estaba en juego realmente la continuidad, sino una pulseada con la oposición en cuanto a la posibilidad de imponer formas de participación ciudadana directas y que se establezca que a partir de este momento cualquier funcionario es removible o pasible de ser removido si no cumple sus funciones”.
En otra lectura, el dirigente del Partido Comunista de México Pavel Blanco apunta que la intención del revocatorio fue medir la correlación de fuerza para estudiar la posibilidad de la reelección de López Obrador, algo que la constitución nacional no permite pero que ya se ha hecho en el pasado.
“Se podrían estirar los marcos para forzar una reelección, creo que es lo que intentaba López Obrador. Sin embargo, aunque tuvo 15 millones de votos, no son los 30 millones que lo respaldaron en 2018. Una parte de la gente que lo votó ya no lo acompaña. En nuestra apreciación se trataba sólo de medir la correlación de fuerzas para ver la posibilidad de una reelección”, considera Blanco.
La reforma eléctrica, la reforma política y el litio
Además del revocatorio celebrado en abril, una de las pulseadas que trabó el gobierno mexicano fue la reforma eléctrica, derrotada en el Congreso por falta de una mayoría calificada necesaria para modificar la constitución.
Para el analista, esa “era una lucha política por ganar voluntades desde sectores de la oposición que pudieran ser más permeables a aspectos de carácter nacional, de reivindicaciones con respecto al desarrollo propio y autónomo”.
En ese sentido, la votación en el Congreso sirvió para mostrar a la sociedad los intereses defendidos por cada legislador. “Lo que se pudo descubrir es el papel de la oposición y los acuerdos con los cuales tienen lealtades. Era con los intereses nacionales o con los intereses de las multinacionales”, agrega Llarul .
Para el analista, la reforma política que ahora impulsa el oficialismo recientemente persigue el mismo objetivo. “Es una reforma de fondo, que seguramente no va a pasar por aritmética legislativa, pero lo entiendo como ese proceso de confrontación que va desnudando quien es quien”.
En la lectura ofrecida por el dirigente del Partido Comunista, de haberse conseguido la mayoría calificada para aprobar la reforma eléctrica, la misma no habría significado una victoria para el pueblo mexicano. “Lo que iba a suceder es que se iban a regular las privatizaciones. Antes de que los gobiernos neoliberales en México impulsaran las privatizaciones, el 100% de la energía estaba en manos del Estado, entonces si era así, ¿por qué debíamos conformarnos con un 51% que planteaba esta reforma? ¿Qué ventaja significa eso si se iban a mantener las concesiones a la industria privada?”
Tras la derrota en el Congreso, el oficialismo envió un proyecto para la nacionalización del litio, el cual fue aprobado por mayoría simple, ya que el mismo no requería de un apoyo mayor.
Un proyecto político en disputa
En los cuatro años de gobierno de Morena, muchas de las principales problemáticas que aquejan al país continúan asolando al pueblo mexicano. Para Raul Llarull, si bien se logró avanzar en ciertas conquistas, la continuidad del proyecto político en el gobierno es fundamental para concretar esos logros.
“El problema de la seguridad sigue siendo un problema muy serio en este país, la cantidad de asesinatos, desaparecidos, el asesinato de periodistas. El narco sigue siendo un factor de poder importante. Son muchos temas muy profundos que no creo que en tres años vayan a resolver y son los aspectos en los que menos puntos saca este gobierno”, apunta el analista.
“Cambiar todo eso es cambiar la cultura del país y eso no se consigue en tres o cuatro años. Hay que hacer un análisis en esa perspectiva y pensar las acciones del ejecutivo para cambiar esa dinámica. Creo que es parte de una disputa que se está dando en un proceso que hay que medirlo en años o décadas y que apenas empieza”.
Para el dirigente del Partido Comunista Pavel Blanco, las reformas necesarias para revertir esa realidad no fueron impulsadas por el gobierno actual porque este no representa los intereses de las grandes mayorías y si de un sector de la burguesía que disputa con la política tradicional.
“Lo que vemos es que se trata de una disputa entre fuerzas de la misma clase social. Morena representando a un sector de la burguesía, el PRI, el PAN y el PRD representando a otro sector de la burguesía, pero el campesinado, la clase obrera, los pueblos originarios, las fuerzas alternativas estamos al margen totalmente de esto que sucede”.
Ante la elección prevista para 2024, donde López Obrador no podrá presentarse como candidato, la continuidad del proyecto en la figura de otro líder político es la apuesta de gobierno y del propio AMLO.
“El asunto de fondo es cómo desde abajo vamos a hacer surgir otra alternativa política que sea capaz de disputarle al capital la necesidad de conducir este estado”, explica el dirigente. “Ese es un reto que tenemos los revolucionarios en México y que debemos afrontar. Este presidente vino a lavarle la cara a la política, pero los problemas reales como el desempleo, el hambre, la miseria y la corrupción, continúan”.
