El gobierno de Javier Milei designó a Rodrigo Sbarra, exfuncionario de la administración de Mauricio Macri investigado por presunto lavado de dinero, para ocupar el cargo de subsecretario de Gestión Administrativa en la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la vicejefatura de Gabinete.
Este organismo se encuentra bajo la dirección de Guillermo Francos, lo cual implica que Sbarra estará en una posición clave de la estructura administrativa de la actual gestión.
Sbarra, quien se desempeñó en la cartera de Producción y Trabajo durante el gobierno de Macri y ocupó el cargo de secretario de Coordinación, quedó en el centro de la atención judicial tras la denuncia presentada en enero de 2020 por Matías Kulfas, entonces ministro de Desarrollo Productivo de la administración de Alberto Fernández.
La denuncia señalaba el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en el despacho que Sbarra había dejado al abandonar su puesto, lo cual generó sospechas en torno a sus manejos financieros.
Tras el hallazgo, la investigación quedó a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien, bajo la supervisión del juez Julián Ercolini, comenzó a indagar sobre el origen del dinero. Aunque Sbarra negó cualquier vinculación ilícita y argumentó que el sobre había sido “plantado” por las nuevas autoridades, la primera hipótesis de la Justicia apuntó a la posibilidad de coimas aceptadas durante su gestión.
No obstante, conforme avanzaban las declaraciones de testigos, la investigación se orientó hacia un presunto esquema de lavado de dinero.
Entre las pruebas que llevaron a la Justicia a profundizar en esta línea se encuentra la declaración de una empleada del investigado, quien indicó que Sbarra había adquirido un lote en Nordelta valuado en 180.000 dólares, un bien que no figuraba en sus declaraciones patrimoniales.
En cambio, se había registrado una deuda con su padre, José Alberto Sbarra, empresario en el sector inmobiliario, por un monto similar. Esta inconsistencia, sumada a la adquisición de bienes llamativos como un Mini Cooper, un departamento de 185 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires y dos terrenos en Navarro, generó sospechas sobre el origen de sus fondos.
En febrero de 2020, Pollicita confirmó que Sbarra había adquirido el terreno en Nordelta sin declararlo en su patrimonio, lo que derivó en una imputación formal por el delito de lavado de dinero. Meses después, en agosto de ese mismo año, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la Sala II de la Cámara Federal, ordenaron la inhibición de bienes de Clarisa Camacci, esposa de Sbarra, para asegurar la conservación de los activos relacionados con la investigación.
