El cuerpo de Nancy Godoy apareció con heridas producto de una larga tortura. La docente rural de 52 años había desaparecido el 7 de octubre. Fue encontrada el 28 de octubre, en un sector de bañados de difícil acceso, en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes. La autopsia preliminar describió múltiples heridas cortantes y punzocortantes, lesiones defensivas y mutilaciones.
La brutalidad del ataque abre la pregunta. ¿Que sabía Nancy por lo que fue torturada y asesinada? Para Eladia Margarita Fernández, concejal de Goya, la forma en que apareció el cuerpo tiene una dimensión que va más allá del crimen: “Tiene mucho que ver con este disciplinamiento, de quedarse callada y de no poder escribir, ni decir, ni denunciar”, sostuvo en diálogo con ARG Medios. Y agregó que el carácter mafioso del hecho se expresa en el secuestro, tortura y la mutilación que son compatibles con un interrogatorio. Nancy estuvo cautiva al menos 24 horas.
Marina Pino, trabajadora social e investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, comparte esta lectura sobre el efecto que puede producir semejante violencia en una comunidad rural. Dijo para ARG medios: “Creo que el femicidio de Nancy tiene la finalidad de infundir terror y miedo en la población rural”, afirmó. Su planteo recupera una memoria de persecución, desapariciones y destierros vinculada a las Ligas Agrarias, y advierte sobre el impacto que el crimen puede tener en quienes viven y trabajan en el campo.
Las entrevistadas ponen sobre la mesa una hipótesis inquietante: que la violencia ejercida contra Nancy no haya tenido como único objetivo matarla, sino también producir miedo alrededor de ella. Que el mensaje alcance a quienes denuncian, a quienes investigan y a quienes se organizan para reclamar.
Una estancia de 12.000 hectáreas y un territorio bajo interrogantes
Nancy trabajaba en la Escuela Rural N.º 626, ubicada dentro de la estancia El Curupí. El establecimiento ganadero tiene alrededor de 12.000 hectáreas y funciona también como coto de caza, con visitantes de alto poder adquisitivo provenientes de distintos lugares del país y del extranjero, según publicó Huella del Sur.
La dimensión del predio y sus características abren interrogantes que exceden las condiciones de funcionamiento de la escuela. Según información relevada para esta investigación, el establecimiento cuenta con dos pistas de aterrizaje y acceso al río. Son características que hacen necesario conocer en detalle sus habilitaciones, usos, movimientos y controles estatales.
El coto de caza es una pieza central. La actividad turística internacional, la circulación de visitantes y la administración de un establecimiento de esas dimensiones requieren autorizaciones y controles. ¿Quiénes son sus propietarios y administradores? ¿Qué permisos tienen? ¿Qué organismos provinciales supervisan la actividad? ¿Existen sociedades comerciales vinculadas al establecimiento y quiénes aparecen detrás de ellas?
La nota publicada por Huella del Sur identificó a los herederos de Antonio Nemesio como propietarios de El Curupí y señaló a María Lourdes Winkler Cabral como responsable de su administración.
También mencionó vínculos familiares y políticos con el apellido Mancini: la relación de pareja de Winkler con un concejal de ese apellido y el parentesco de este con la diputada provincial Eugenia Mancini, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura y promotora de la Ley 6691, que regula el registro de cotos de caza en Corrientes.
Esto abre una pregunta concreta: ¿Cómo se relacionan los intereses privados que operan en El Curupí con las autoridades políticas que legislan, habilitan y controlan actividades en el territorio provincial? ¿Qué funcionarios intervinieron en los permisos y fiscalizaciones del establecimiento? ¿Qué relaciones existen entre sus administradores, sus propietarios y el poder político correntino?
La escuela que Nancy denunció
La docente había llegado a una escuela en condiciones de abandono. Para llegar debía recorrer un largo trayecto y completar varias horas a caballo. Como el edificio no estaba en condiciones de ser habitado, permanecía durante la semana en una vivienda cercana.
Según reconstruyó Guillermo Galantini, docente jubilado y referente de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (CODEJU), Nancy había presentado una carta ante las autoridades educativas para denunciar el estado edilicio de la institución. Esa presentación, afirmó, habría quedado sin respuesta. También señaló posibles irregularidades en la asistencia del director al que ella reemplazaba, la falta de registros escolares posteriores a 2024 y obras de mantenimiento que habrían sido facturadas pero no ejecutadas.
Eladia Fernández amplió esas denuncias y cuestionó el funcionamiento del sistema educativo provincial: los mecanismos de designación de cargos, los controles, el pago de zona y la administración de fondos destinados al mantenimiento de las escuelas. “Todo el sistema está perverso”, sostuvo.
Fernández también advirtió que la investigación por el femicidio no debería dejar de lado las responsabilidades institucionales que pudieron existir alrededor de la escuela. La pregunta es quién debía controlar las condiciones en las que estudiaban los chicos y trabajaba Nancy, y por qué sus denuncias no tuvieron una respuesta efectiva.
El abogado de la familia, Gustavo Briend, señaló que el Ministerio de Educación inició actuaciones administrativas y que existen responsabilidades funcionales por analizar. Pero también aclaró que, hasta el momento, no hay elementos que permitan vincular las irregularidades escolares con el asesinato. Esa distinción es fundamental: investigar las denuncias de Nancy no significa dar por probado que haya sido el móvil del crimen.
La violencia y las hipótesis que todavía faltan investigar
La investigación judicial incorporó nuevos elementos. El abogado de la familia informó que los investigadores analizan fotografías y videos recuperados del teléfono de Nancy. Una imagen fechada el 10 de octubre —tres días después de la última comunicación conocida con su familia— abrió la posibilidad de que haya permanecido con vida durante más tiempo del que se suponía. La querella sospecha que pudo haber estado cautiva y que esos registros no necesariamente fueron realizados de manera voluntaria.
También se informó el hallazgo de restos de una mano izquierda, prendas y cabellos en un sector que los investigadores consideran relevante para reconstruir el ataque. Según Briend, el informe preliminar de autopsia indicaría que la amputación se habría producido cuando Nancy todavía estaba viva. Los estudios genéticos y las pericias complementarias deben confirmar los elementos y aportar precisiones sobre la secuencia del crimen.
La causa tiene cinco personas detenidas, entre ellas el capataz de la estancia, tres peones rurales y la concubina de uno de ellos.
Mientras la Justicia continúa analizando pruebas y reconstruyendo los últimos momentos de la docente lo único que se observa es que todos los imputados vivían en condiciones infrahumanas y no tenían motivo aparente para torturarla.
Pero hay una pregunta que no puede quedar perdida en el expediente: ¿por qué una docente que denunciaba el abandono de una escuela terminó siendo víctima de una violencia de semejante magnitud en un establecimiento rural de esas características?
Marina Pino advierte que la población rural correntina tiene una larga historia de organización y resistencia. Recupera la memoria de las Ligas Agrarias, de sus militantes perseguidos y desaparecidos, y sostiene que el miedo no debería impedir que la comunidad continúe organizándose.
Eladia Fernández, por su parte, interpreta el crimen como una forma de disciplinamiento: una advertencia para quienes se meten en asuntos que, desde una lógica de poder, supuestamente no les corresponden.
¿Qué relación existe entre el coto de caza, las actividades que se desarrollan en El Curupí y los sectores del poder político provincial?
¿Quién controla un territorio con al menos 6 pistas de aterrizaje, acceso al río y circulación de turismo internacional? Estas características de la estancia son una buena pista para investigar posible narcotráfico.
Todas estas preguntas deben ser investigadas por un poder judicial muy cuestionado, con jueces que están bajo la lupa porque no pudieron esclarecer algunos crímenes resonantes vinculados con el poder político provincial que todavía siguen impunes.
Es Imprescindible que se investigue otras líneas investigativas vinculadas al coto de caza y posiblemente otras actividades vinculadas al narcotráfico. El poder judicial de la Nación tendrá que intervenir por posibles delitos federales.
