Los votantes de Berlín dieron un mensaje contundente sobre el acceso a la vivienda: el 56,4% le dijo SÍ a la expropiación de 200 mil propiedades a las grandes empresas inmobiliarias. El plebiscito, celebrado el pasado 26 de septiembre, expresa la realidad de cuatro de cada cinco habitantes de la capital alemana, que se ven obligados a alquilar su vivienda.
La iniciativa fue impulsada por Expropiemos ‘Deutsche Wohnen’ & Co, un grupo de más de mil activistas, entre alemanes y extranjeros radicados en Berlín, que logró reunir las firmas del 7% del padrón para celebrar la consulta. Si bien la iniciativa contó con un importante apoyo popular, se espera que el debate continúe.
Las dificultades para el acceso a la vivienda en Berlín afectan a casi tres millones de personas, en una ciudad donde sólo el 15% son propietarios. Es también en Berlín donde más han aumentado los alquileres en los últimos cinco años de acuerdo a un informe del Deutsche Bank sobre el mercado inmobiliario. Para contrarrestar esos aumentos, la coalición de gobierno de Berlín —conformada por la socialdemocracia, los verdes y la izquierda— aprobó en 2019 una ley que establecía un tope al precio de los alquileres, ley que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional.
Por fuera de la órbita estatal, las personas fueron buscando formas de habitar la ciudad y escaparle a los aumentos. Es el caso de las Hausprojekte, viviendas que entre 1970 y 1980 comenzaron a ser ocupadas en los barrios del centro de la ciudad. Con el tiempo, aquellas que permanecieron bajo ocupación de comunidades organizadas pudieron negociarse a precios más bajos a cambio del mantenimiento.
“Son casas que nacen como un proyecto en contra del aumento de precio de la vivienda, con un perfil muy anticapitalista y cuyos precios de alquiler por habitación son sumamente baratos”, explica Barbara Denisenia, artista plástica radicada en Alemania desde 2019 y que vivió en una Hausprojekte en Neulkölln, barrio del centro de Berlín.
Por fuera de esas opciones, la realidad económica y la oferta limitada de viviendas lleva a los habitantes a subalquilar habitaciones. Barbara detalla que para acceder a un alquiler por vías legales “piden contratos de trabajo estables y con ingresos que sean tres veces el valor del alquiler. Para eso es necesario que tengas un período de estabilidad, alguna Visa o permiso que sea de mayor duración que el propio contrato de alquiler”. Por este motivo es que muchas personas optan por el subalquiler de habitaciones.
“Una habitación puede tener un valor promedio de 500 euros, cuando hace unos cinco años se conseguían por 300”, explica la artista. Y apunta que, en muchos casos, la distancia opera como factor de contención de los precios: “Mucha gente se muda a la periferia porque hay contratos con valores más bajos, por la distancia y también porque el valor aumenta constantemente y muchos contratos están desactualizados. Cuando se rehacen, los valores se ajustan y ahí vuelve a perder el inquilino”.
Si bien el caso de Berlín ganó notoriedad luego del plebiscito, y tras conseguir el aval a una medida considerada radical, se espera que sea una batalla a largo plazo contra los representantes del gobierno y las principales figuras del mercado inmobiliario. “No estamos siquiera seguros de que el nuevo gobierno berlinés que se forme vaya a acatar el resultado”, explica en una entrevista Luis Sanz, miembro de Deutsche Wohnen & Co Enteignen.
Junto con el plebiscito, los berlineses votaron para elegir a las autoridades del estado. Quien encabezará el gobierno es Franziska Giffey, ministra socialdemócrata del Gobierno de Angela Merkel hasta mayo pasado, que se manifestó en contra de la iniciativa. Tras la elección, Giffey asumió el compromiso de acatar el resultado, aunque la expectativa está puesta sobre la alianza de gobierno en conformación, ya que podría inviabilizar la iniciativa.
En otras capitales europeas, la intervención del estado en cuestiones relacionadas al acceso a la vivienda se ha profundizado en los últimos años. En París, donde el 61% de los habitantes deben alquilar, el Estado ofrece tres tipos de asistencia económica a través del Caja de Compensación Familiar (CAF).
“Las ayudas no son para siempre, ni tampoco tan fáciles”, explica Antonella Manes Fratesi, trabajadora de turismo en la capital francesa e ideadora de la guía “Loca Suelta en París”. “Hay mucho papeleo de por medio. Para quienes presentan los documentos que justifiquen la falta de trabajo o de vivienda, el Estado ofrece las viviendas de ayuda, la mayoría ubicadas en las periferias, o bien paga subsidio CAF”.
Fratesi cuenta también que el salario mínimo es de 1.584 euros, y que los costos de las viviendas varían de acuerdo a la ubicación y el tamaño del inmueble. “Normalmente un monoambiente comienza en 750 euros, y un departamento con una habitación puede llegar a los 1.300. Si bien con el mínimo se podría alquilar un departamento, este sería o muy pequeño, o en un quinto o sexto piso de un edificio sin ascensor”.
Así como sucede en Berlín, muchas de las personas que buscan instalarse en París optan por alquilar una habitación para abaratar costos. De esta forma, una habitación de 12 metros cuadrados puede alcanzar los 560 euros, contra 750 que llega a valer un estudio. Esta es una realidad que contribuye a la alta tensión en el mercado inmobiliario de la capital francesa, y anima a la gente a trasladarse a las ciudades vecinas, donde los precios son más bajos y las comodidades, mayores.
En Madrid, la opción por la periferia también busca abaratar costos. Según explica Felipe Altavista, corrector de bienes raíces en San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad Autónoma de Madrid, “el precio medio del alquiler en la periferia llega a los 600 y los 800 euros. Ya en Madrid estos precios se mantienen, pero para departamentos más chicos”. Sobre el salario mínimo, Altavista advierte que es de 969 euros. Quienes solo cuentan con ese ingreso, deben optar por compartir vivienda con otras personas.
A diferencia de París y Berlín, el porcentaje de inquilinos en la capital española es menor en relación a la cantidad de propietarios —69% son dueños de su vivienda—. Aún así existen subsidios estatales destinados a compensar el costo de alquilar y mantener una vivienda para quien así lo solicite. “En Madrid hay ayudas económicas para quienes no pueden pagar los montos de alquiler al valor de mercado. Para eso hay que cumplir con una serie de requisitos y, dependiendo de la renta anual, se establece el monto que el Estado otorga”.
En Oslo, capital de Noruega, las dificultades para acceder a una vivienda son cada vez más recurrentes. Ante los aumentos, llegó a movilizarse un grupo autodenominado Reduser husleia (Reducir el alquiler). Este colectivo apoya la propuesta del ayuntamiento local de establecer un tercer sector de vivienda no comercial, que ofrezca viviendas más baratas a quienes no ingresan al mercado privado ni califiquen para la vivienda municipal.
En Oslo, el 76,9% de los habitantes alquilan la vivienda en la que viven. En todo el país, cerca del 80% de la población noruega es dueña de su propia vivienda mientras que el 19,7% debe alquilar, cifra que se concentra en las grandes ciudades. Según explica el profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de Ciencias Técnicas-Naturales de Noruega, Are Oust, a pesar de que la gran mayoría de la población tiene vivienda garantizada, el aumento de la especulación inmobiliaria, sumado al aumento de las tasas de interés para adquirir préstamos hipotecarios, genera una situación de incertidumbre a largo plazo.
“Este es el problema que potencialmente puede quebrar a la sociedad noruega si no lo resolvemos. Tiene efectos distributivos enormes y afecta a muchas otras áreas de la sociedad. El resultado puede ser que el modelo noruego se derrumbe”, advierte. A su vez, plantea que “muchos también prevén que pronto se convertirán en propietarios y, por lo tanto, se verán afectados si hay demasiadas regulaciones en el mercado”.
Con un debate que genera resistencias, el plebiscito en Berlín dejó en claro la importancia del rol del Estado en el acceso a la vivienda. A su vez, evidenció los desafíos a futuro, sobre todo bajo aquellos gobiernos que opten por permitir la especulación inmobiliaria por sobre el derecho a la vivienda de las mayorías.
