Hace un par de semanas el presidente Santiago Peña promulgó el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas, o SOFA (Status of Forces Agreement) con Estados Unidos. El acuerdo habilita y regula la presencia de personal civil y militar del Pentágono y empresas norteamericanas en Paraguay para realizar actividades de entrenamiento y ejercicios militares.
Esta iniciativa había sido acordada en diciembre por el secretario de Estado, Marco Rubio y el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano. El comunicado del gobierno de Peña sostuvo que “se trata de un acuerdo internacional que establece el marco jurídico para facilitar la cooperación y el entrenamiento conjunto en materia de seguridad y defensa”.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el convenio alcanzado con Paraguay constituye un “estándar de oro” dentro de este tipo de acuerdos. Mientras que el Ministro de Defensa Gral. (R) Óscar González en una entrevista con ABC, manifestó que la política exterior del país está con Washington y sus aliados y que entre ellos no figura China.
Entre las características para justificar una operación estadounidense en territorio extranjero, el gobierno de Peña dice que el acuerdo SOFA es una “obligación estratégica” para combatir al crimen organizado y por eso pasó por el Poder Legislativo para convertirse en ley.
“Esto lo que hace es englobar esos programas de adiestramiento de Fuerzas Especiales que comenzó el año pasado y tiene continuidad en este y va por cinco años, con este acuerdo SOFA, tiene la garantía de que se va a completar. Es lo que necesitaba Estados Unidos para que ellos puedan conseguir ahí internamente que se les ceda esos elementos para utilizarlos en Paraguay”, dice González.
¿Esto es legal?
Organizaciones y movimientos populares opositores al gobierno cuestionan la legalidad del acuerdo entre Paraguay y Estados Unidos para el ingreso de tropas extranjeras, ya que este tipo de convenio podría violar la Constitución paraguaya al permitir la presencia permanente de personal militar extranjero con privilegios especiales.
Desde ARG Medios dialogamos con Thania Saucedo, militante del Frente Guasú que trabajó en el análisis del SOFA, quien afirmó que lo que se cuestiona principalmente del acuerdo es “el nivel de entreguismo del gobierno actual a una potencia como Estados Unidos, porque representa la pérdida de soberanía”.
Es que según indica Saucedo, el acuerdo otorgaría inmunidad judicial a militares y contratistas estadounidenses, lo que implicaría que no puedan ser juzgados por la justicia paraguaya. Lo que rompe el principio de igualdad ante la ley porque el Estado renunciaría a su potestad de juzgar delitos cometidos en su propio territorio.
“Desde el Frente Guasu mandamos nota al Congreso Nacional, y nos hemos reunido en audiencia con el Presidente del Congreso para que se rechace el SOFA y que se llame a audiencia pública para discutir el tema, obviamente esto no sucedió. También se hizo la misma acción ante la Corte Suprema para que se rechace desde el punto de vista jurídico. Durante las sesiones de aprobación tanto en diputados como en senadores hubo posturas de rechazo de legisladores de la oposición pero fueron absoluta minoría. Así que se aprobó”, explica Saucedo.
Entre las preocupaciones de la oposición está que en el acuerdo no hay especificación del tiempo de permanencia de las tropas estadounidenses en territorio paraguayo. También se lo vincula con la histórica política injerencista de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Teniendo en cuenta antecedentes como la Doctrina Monroe, la Doctrina de Seguridad Nacional y el paraguas del Plan Cóndor que llevaron adelante las dictaduras en el Cono Sur, no puede leerse este acuerdo sin una señal de alarma.
Injerencia norteamericana en el Cono Sur, otra vez
El acuerdo SOFA representa para muchos actores en el continente control regional y presencia militar y de guerra en una zona históricamente de paz. En este sentido, indica Thania Saucedo, que puede generar aún más tensiones con los países vecinos. Uno de ellos es Brasil que bajo el liderazgo de Lula da Silva mantiene una relación fuerte con la República Popular de China, al mismo tiempo que tiene tensiones con la gestión de Donald Trump. “Paraguay no es el único perjudicado, se refuerza la presencia militar gringa fortaleciendo la idea de que este es su territorio y su patio trasero”, afirma Saucedo.
ARG Medios consultó con la militante del Frente Guasú si no era exagerado hablar de un “Plan Cóndor 2.0”: “No es exagerado, de hecho, venimos advirtiendo esto desde el comienzo. Antes se llamaba Plan Cóndor, hoy es cooperación de seguridad”, sostiene. Y agrega que Paraguay se encuentra en la Triple Frontera, considerada por Washington una zona estratégica, por lo que esto refuerza la proyección de poder de Estados Unidos en Sudamérica, donde la presencia militar directa es limitada, o era”
