El texto de la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” tenía 664 artículos cuando ingresó al Congreso para ser tratada. Luego de tres semanas de negociación quedó en 523.
Este viernes, luego de una votación de 144 respaldos y 109 rechazos en el recinto, quedó en 383. El debate en general, que llevó tres días en la Cámara de Diputados, cerró un primer y extenso round para el oficialismo, con saldos y consecuencias aún desconocidas para el gobierno y la oposición.
A pesar del medio respaldo a la ley en general, quedan varios puntos en particular a debatir a partir de este martes. Los más optimistas creen que para el jueves el tema estaría saldado. Entre los ejes irresueltos están las consecuencias que dejó la extirpación de todo el capítulo fiscal, tal como anunció hace dos semanas el ministro de Economía Luis Caputo.
Los representantes de Hacemos Coalición Federal y de UCR expresaron que no estaban dispuestos a dejar afuera de la discusión dos temas centrales: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y la recaudación del impuesto PAIS, transformado gracias a Milei en uno de los tres ingresos más importantes del fisco federal.
Este último es el punto clave de negociación para los gobernadores que ejercen presión sobre los legisladores, tensando a su vez la relación con las organizaciones sociales, ya que el 9% del impuesto compone el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que lleva obras y trabajo a los más de seis mil barrios populares contemplados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Hasta ahora la búsqueda de los dadores de quórum apunta a cuidar a las cajas jubilatorias de Santa Fe y Córdoba, porque son dos fondos provinciales de pensión que han sido armonizadas y homologadas con la Nación. El planteo transmite el interés de cobrar por anticipado el respaldo aportado hasta ahora en el recinto y quitarle un problema al schiarettista Martín Llaryora y el radical Maximiliano Pullaro con los jubilados de sus provincias.
El capítulo de privatizaciones seguiría sin los votos. El PRO asegura que lo van a bancar, pero los legisladores de HCF y UCR aseguran que no se contentan con las empresas que se sacaron del listado.
De las 36 quedaron 27, pero quieren eliminar más y que se ordenen los paquetes que quedaron en el último texto. De modificarse, un pilar de la ley quedaría trunco y el gobierno no está dispuesto a dar el brazo a torcer.
El PRO atraviesa además su propia semana de turbulencia con la candidatura de Mauricio Macri a la presidencia del partido, y la tensión abierta entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par porteño Waldo Wolff, quienes se trenzaron por el desmedido operativo represivo durante las protestas en las inmediaciones del Congreso.
Y tratándose de Seguridad, ahí se presenta la otra pieza clave de las modificaciones a la ley. La UCR propone borrar el “Capítulo Bullrich” de seguridad, más aún, luego de las polémicas escenas de la semana pasada. Quedará ver cuanto tensa la UCR y cuanto negocia el gobierno nacional relegando las aspiraciones de una de sus figuras centrales.
Se espera una nueva semana de roscas e idas y vueltas. Posiblemente, será una nueva semana de protestas. Queda claro que nada está dicho, y el gobierno solo ha ganado un round de varios que quedan.
