Este jueves 26 de agosto, los manifestantes saldrán a las calles en Colombia para impedir que avance la reforma tributaria. Tal como ocurrió en abril, cuando Iván Duque quiso aumentar el IVA y ampliar la base tributaria del impuesto a la renta, el gobierno nacional vuelve a la carga con la reforma tributaria. En aquella oportunidad, una gran movilización callejera que se extendió por varios meses impidió que se implemente el ajuste.
La iniciativa de abril fue volteada por la movilización y le costó a Duque la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. En las calles, el correlato fue la represión estatal y paraestatal, junto la sistemática violación de Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad.
La nueva reforma tributaria implica un congelamiento de los sueldos de los trabajadores estatales por 10 años, y agrega un impuesto a la renta a los microempresarios. La llamada “Reforma 2.0” mantiene algunos aspectos del antiguo proyecto, como la facultad extraordinaria del presidente para la reestructuración de las entidades gubernamentales.
Se pretende descargar las consecuencias de la pandemia en los sectores más golpeados por la política neoliberal, frente a una economía de mercado que ha entrado en crisis de manera dramática. “El gobierno de Iván Duque se ha dedicado a favorecer a las elites más sanguinarias, que se han hecho del poder a través de la violencia”, explicó James Larrea, defensor de Derechos Humanos en Colombia.
Con la nueva reforma se podría generar el cierre, fusión o privatización de empresas públicas. Sin embargo, aunque el antiguo proyecto especificaba que se garantizarían los derechos laborales de las personas vinculadas a este proceso de reestructuración, la nueva propuesta no hace ninguna referencia al respecto.
“Lo que millones de colombianas y colombianos han reclamado en las calles es un cambio radical en el enfoque y el alcance de las políticas sociales, para garantizar salud, ingresos, empleo, educación, seguridad alimentaria… El sector agropecuario, el sector cultural, la economía solidaria y pueblos étnicos han sido excluidos por el modelo económico, y de manera muy particular, la juventud. Se reclaa una reforma profunda a la Policía Nacional y garantías efectivas para el ejercicio de la protesta pacífica”, explicaron desde el Comité del Paro Nacional.
Otro de los disparadores de la convocatoria de este jueves es el asesinado del líder estudiantil Esteban Mosquera: “Ha intensificado la necesidad de movilización. En 2018, este joven había perdido un ojo por el lanzamiento de un material antidisturbios por parte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía)”, explicó Larrea.
#DDHH 🚨| Esteban Mosquera fue un líder de la Universidad del Cauca, donde cursaba el programa de Música. En el año de 2018 Mosquera perdió su ojo izquierdo por el impacto de un artefacto disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios.
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Además del rechazo a la reforma tributaria, se reclama la implementación de los 10 proyectos de ley expuestos en el pliego de emergencia de junio, propuesto al presidente Iván Duque. El Comité del Paro aún no ha recibido ninguna respuesta por parte del gobierno nacional.
Entre los proyectos de ley presentados por el Comité se encuentra la implementación de una renta básica de emergencia, como medida para garantizar derechos ciudadanos. Este proyecto busca crear una renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual legal, vigente por 12 meses y para 7,5 millones de hogares que se encuentran en la pobreza. También se planteó la Matrícula Cero, que busca garantizar la gratuidad universal de la educación superior en todo el país para acceder a los programas de pregrado y posgrado.
Otro de los puntos busca establecer garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica, tomando parte de las recomendaciones de la CIDH en su reciente informe sobre Colombia y los elementos planteados por la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, y en relación con la violencia estatal y paraestatal que sufre el pueblo colombiano desde hace décadas, las centrales sindicales plantean una reforma a la Policía, estableciendo lineamientos claros en el uso de la fuerza y parámetros de identificación, al tiempo de fortalecer la participación ciudadana.
Desde el Comité señalaron que estas propuestas “se dirigen a responder a estos anhelos y en su conjunto constituyen un ambicioso programa social de emergencia, que deberá financiarse a partir de un acuerdo alrededor de una reforma tributaria progresiva que implique por lo menos: derogatoria de las exenciones establecidas en la reforma tributaria del año 2019, medidas para la eliminación de la evasión y la corrupción, el uso de reservas internacionales, préstamos del Banco de la República, eliminación de las exenciones del sector extractivo y financiero, ampliación del impuesto al patrimonio y renta a grandes fortunas y la no venta del patrimonio público”.
Los acuerdos que rompieron el miedo
Durante años, el sonido de los disparos no dejaba escuchar el malestar de miles de colombianos y colombianas. El conflicto armado interno invisibilizaba la protesta social. Las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) finalizaron el 24 de agosto del 2016, y los acuerdos respectivos se firmaron el 26 de septiembre del mismo año.
Aquellos acuerdos pusieron fin a la autocensura de varios sectores sociales y políticas ante el miedo que implicó el conflicto armado interno. Quienes criticaron el modelo económico neoliberal de guerra eran señalados como miembros de la insurgencia, lo que impidió durante muchos años la organización social y la protesta social.
Con las movilizaciones de noviembre 2019, el expresidente Juan Manuel Santos escribió en sus redes sociales: “Gracias al acuerdo que se firmó hace 3 años los colombianos pasaron de marchar en contra de secuestros, tomas guerrilleras y minas antipersonal, a marchar por más oportunidades y un mejor futuro. Una paz imperfecta siempre será mejor que una guerra perfecta”.
La firma del Acuerdo de Paz generó que los sectores sociales perdieran el miedo y tomaran una postura de movilización contra las reformas conservadoras o los intentos de privatizaciones. El reflejo de esa situación son las movilizaciones que el pueblo colombiano realizó en 2019, 2020 y 2021.
Así como el proceso de los Acuerdos de Paz parió las movilizaciones sociales, el Estado colombiano ha demostrado no garantizar el derecho a la protesta pacífica y ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los manifestantes, líderes sociales y excombatientes. En 2021, 31 firmantes fueron asesinados por fuerzas estatales o paraestatales y 280 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
“El asesinato de lideres y lideresas sociales, campesinos, excombatientes y estudiantiles ha generado que se vuelva a convocar a la movilización social y popular. Sabemos que el actuar criminal del Estado hizo que muchos sectores sociales se abstengan por miedo, más que por falta de motivos. Sin embargo, sabemos que hay toda una generación que ha logrado derrotar el miedo y que en las calles va a derrotar estas élites que nos han gobernado durante décadas”, concluyó Larrea.
