En una decisión que pone al ejecutivo panameño en aprietos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha dictaminado la inconstitucionalidad de la Ley 406, promulgada el 20 de octubre de 2023, que regulaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
La notificación oficial de esta determinación fue anunciada en la mañana del martes 28 de noviembre de 2023 por María Eugenia López Arias, la magistrada presidenta de la CSJ, acompañada de sus ocho colegas, desde el Salón de Casación Magistrado Gabriel Elías Fernández Madrid, en el Palacio de Justicia Gil Ponce en Ancón. Este importante comunicado fue transmitido a través del canal de YouTube del Órgano Judicial.
“Como presidenta de la CSJ, comunico a la nación que los magistrados y magistradas que conformamos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 en su totalidad. Esto significa que la mencionada ley queda excluida del sistema normativo del país. Hemos instruido al secretario general para que, de acuerdo con el Código Judicial, realice las notificaciones correspondientes. Una vez que la sentencia sea firme, se procederá de inmediato a enviarla para su publicación en la Gaceta Oficial”, expresó la magistrada López Arias.
Los nueve magistrados de la Corte Suprema se habían declarado en sesión permanente el pasado viernes 24 de noviembre para analizar dos de las demandas presentadas contra la norma. Dichas demandas fueron interpuestas por los abogados Juan Ramón Sevillano y Martita Cornejo Robles.
La última jornada se reanudó a las 10:00 a.m. del lunes 27 de noviembre. Aunque la magistrada López Arias actuó como ponente, la participación de los magistrados fue colectiva, dado que se trató de un pleno en sesión permanente.
Durante las últimas semanas, la atención nacional se ha centrado en la Corte. Diversos sectores, desde ambientalistas hasta maestros en huelga desde el 23 de octubre, han llevado a cabo vigilias frente al Palacio de Justicia Gil Ponce en Ancón, exigiendo la inconstitucionalidad del contrato minero.
En la jornada del lunes, las protestas contra el contrato minero incluyeron expresiones artísticas como cantaderas y tambores. “Esta patria no se vende, esta patria se defiende”, entonaron los maestros. Más de mil 300 personas han sido detenidas por la Policía Nacional desde el inicio de las manifestaciones contra la mencionada Ley 406.
Cabe recordar que el contrato con Minera Panamá fue autorizado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023; refrendado por el contralor general Gerardo Solís el 13 de octubre; presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre y, finalmente, aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y promulgado en la Gaceta Oficial el 20 de octubre, todo en el mismo día.
El camino hacia la inconstitucionalidad
El apuro del gobierno panameño en la aprobación del contrato con Minera Panamá, una subsidiaria de la empresa First Quantum, se motivó según el propio gobierno por la búsqueda de ingresos destinados a equilibrar el presupuesto del Estado.
El contrato inicial, activado en 1997, fue objeto de controversia en 2008 cuando el Centro de Incidencia Ambiental impugnó su constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Aunque el fallo a favor de la impugnación se emitió el 21 de diciembre de 2017, permaneció congelado hasta su publicación en la Gaceta Oficial No. 29439 el 22 de diciembre de 2021.
Sin embargo, el gobierno no implementó la decisión judicial y, en 2022, comenzó a negociar un nuevo contrato sin revelar las demandas estatales ni seguir el proceso de licitación internacional. En lugar de eso, sometió el acuerdo a una consulta no vinculante, vista por grupos ambientalistas como una burla, y permitió a la minera explotar cobre y otros minerales de manera continua desde 2019.
El Ejecutivo presentó el contrato a la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos abrió el primer debate con la participación de aproximadamente 200 voceros de diversas organizaciones ciudadanas que rechazaron la minería a cielo abierto.
La Comisión, en un acto ilegal, devolvió el contrato al Ejecutivo para su modificación, ya que solo tiene la facultad de aprobar o rechazar un contrato ley. El Ejecutivo realizó las modificaciones, obtuvo el refrendo de la Contraloría General de la República y luego se aprobó en tres debates en solo tres días en la Asamblea, siendo sancionado por el presidente.
Esta acción exacerbó la indignación de los sectores opuestos al contrato, sumada a las demandas sin resolver que se acumularon, lo que desencadenó protestas en julio de 2022. Ahora, de manera espontánea, estas protestas resurgen debido a un contrato con una empresa afiliada a la canadiense First Quantum, donde Canadá, China, Corea y Estados Unidos son accionistas, violando la Constitución panameña.
Además, la ubicación de la minera en una región que afecta el corredor mesoamericano y las fuentes de agua principales, así como la cesión de derechos estatales a la minera, constituyen violaciones a la soberanía del país. Estas y muchas otras razones hacían inviable el contrato frente a la voluntad del pueblo panameño.
La indignación de las organizaciones populares y la sociedad civil fue tan intensa que, al día siguiente de su sanción por el presidente Laurentino Cortizo, comenzaron marchas hacia la Asamblea, la presidencia y las principales avenidas de la ciudad capital, así como en las cabeceras de provincias y en las comarcas, en lo que culminó con la declaración de inconstitucional por parte de la Corte.
