Cecilia Pando, famosa por ser defensora de genocidas y negacionista de la dictadura, al igual que la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien fue su amiga por años, le pidió a Javier Milei que libere a los militares que cuentan con cadena perpetua.
En un video publicado en sus redes sociales, Pando resaltó la necesidad de “una solución para aquellos militares, fuerzas de seguridad civiles y policías que están ilegalmente detenidos por los llamados delitos de lesa humanidad donde se violan sistemáticamente sus garantías constitucionales”.
Asimismo, resaltó que “urge solucionar este tema porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social que tal vez requiera la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden”.
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Las declaraciones de Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), despertó el rechazó de dirigentes políticos, funcionarios y referentes de los Derechos Humanos.
“Éramos pocos y apareció Pando. Me parece que eso yo lo empecé a decir en el primer debate, de que no hay un intento de reivindicación a las víctimas de las organizaciones armadas de la década del 70, sino que escondían una verdadera reivindicación de la dictadura militar, que pretendían que los militares condenados por delitos de lesa estuviesen libres” señaló al respecto el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi.
En tanto que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, sostuvo a Télam que “las declaraciones de Cecilia Pando están en sintonía con lo que viene diciendo desde hace tiempo Victoria Villarruel. Nos hace pensar en un país que por suerte ya no existe. Las políticas de derechos humanos se consolidaron y no son de un partido político, sino que son del Estado argentino”.
Al respecto, el director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, explicó: “Pando supone que la regla frente a reclamos sociales es la represión y a partir de esa suposición falsa define que las autoridades de la fuerza de seguridad ‘no intervendrían’ por temor a ser investigadas y sancionadas”.
