Lo que era una crisis institucional debido al enfrentamiento entre el Congreso y el poder ejecutivo, que terminó con la destitución de Pedro Castillo, pronto se transformó en un estallido social.
En las últimas horas Castillo publicó una carta en la que aún se reconoce como presidente, y exhortó al pueblo a defender la voluntad popular. “No renunciaré ni abandonaré mis altos y sagradas funciones”, se pronunció. Así, calificó a Dina Boluarte -la actual presidenta a cargo- como “usurpadora” del poder, y convocó a no dejarse llevar por el anuncio de adelantar las elecciones. A su vez, exige su libertad y llama a una asamblea constituyente.
Querido pueblo peruano grandioso y paciente: Yo, @PedroCastilloTe, el mismo que hace 16 meses me eligieron todos ustedes, para ejercer como presidente constitucional de la República. Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno… (1/4)
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 12, 2022
A su vez, la fiscalía pidió que se mantenga la prisión preventiva por 18 meses más, lo que suscita la respuesta de Castillo de pedir que intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interceda ante tan grave situación. Ya que la detención del presidente, según los plazos legales, debía terminar ayer miércoles a la tarde.
¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia. (1/2) pic.twitter.com/q1mfdcZA5B
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 14, 2022
El miércoles pasado iba a votarse la “moción de vacancia” contra el presidente, aunque aún no estaban asegurados los votos para aprobarla, antes de que sesionara el Congreso, Castillo dio un mensaje al país, comunicando que daba por disuelto al poder legislativo. Tras esta decisión, el Congreso con mayoría de derecha aprobó la destitución del mandatario. La policía lo detuvo y aún se encuentra bajo arresto.
En diálogo con ARG MEDIOS, el periodista peruano Ricardo Jimenez, consideró que estos hechos “encendieron la mecha de las protestas”. En tanto, Jimenez agregó que “la presidenta de facto Dina Boluarte anunció la extensión de los estados de emergencia a nuevas regiones del país, y a toda la infraestructura vial, es decir a todas las carreteras del país, esto significa que en estos lugares se suspenden los derechos constitucionales de las personas, y existe intervención militar, además de la policial”.
Todo esto surge a partir de que miles de manifestantes salieron a las calles para repudiar la detención del presidente, en lo que consideran un golpe de estado. La revuelta continúa en varios puntos del país pese a la represión, que ya se cobró seis muertos en las protestas.
La revuelta continúa en varios puntos del país pese a la represión, que ya se cobró seis muertos en las protestas.
Los seguidores de Pedro Castillo permanecen haciendo bloqueos de rutas, tomaron aeropuertos, universidades y una fábrica de lácteos en Arequipa. El grito más escuchado clamaba por el “que se vayan todos”.
“Al mismo tiempo regiones enteras cómo Cuzco, Puno, Apurimac, y otras, se han declarado masivamente en rebeldía contra la situación, y el descontento con el Congreso golpista, que ya antes del golpe de estado, según todas las encuestas públicas, tenía más del 90 % de rechazo y repudio de la población, y va en aumento creciente”, explica el periodista de Perú.
Así mismo, las rondas campesinas, el frente agrario rural, y otras organizaciones sociales y políticas anunciaron desde el martes un paro indefinido, y para el jueves una jornada nacional de lucha, lo que podría agravar la situación de rebelión popular. El anuncio de Boluarte de enviar al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones de abril de 2026 a abril de 2024 no calmó a los manifestantes. Aunque los últimos trascendidos dicen que las elecciones podrían adelantarse a diciembre del 2023.
“Esto es una clara apuesta del gobierno de facto por aplastar a sangre y fuego la protesta creciente ciudadana que se ha desatado a partir del golpe de estado del 7 de diciembre”, señala Jimenez.
En tanto, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México a través de un comunicado manifestaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente de Perú y que ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, expresaron.
Comunicado conjunto de los gobiernos de Argentina, Colombia, México y Bolivia sobre la situación en Perú 👇🏼https://t.co/IINiFFqLSa
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) December 12, 2022
No ocurrió los mismo con la administración de Joe Biden que salió a condenar lo que considera un “autogolpe” de Pedro Castillo, así como la OEA apoyó la designación de Dina Boluarte como sucesora del exmandatario
Las acusaciones de golpe de estado son el argumento que se esgrimen desde ambos lados de la grieta, mientras las instituciones sigan en estado de crisis permanente sólo la movilización popular puede definir el rumbo que adopte los destinos del Perú. Ya que sin lugar a dudas el problema proviene originalmente de la constitución fujimorista, origen de la desestabilización permanente. Tal vez, una reforma constitucional como se exige en las calles puede desarmar este estado de crisis.
