Plata para la educación, no para inteligencia

La oposición logró aprobar la Ley de Financiamiento Educativo, al tiempo que volteó el DNU, que le otorgaba 100.000 millones de pesos más a la central de inteligencia para gastos reservados.

En una nueva derrota legislativa para el oficialismo libertario, la oposición sancionó en el Senado de la Nación la ley que de Financiamiento Universitario y rechazo la ampliación presupuestaria para la SIDE. 

La votación se dio solo un día después de que el gobierno nacional lograra blindar el veto al aumento de los jubilados. De esta forma, el gobierno libertario vuelve a barajar la posibilidad de vetar la normativa que beneficia a la comunidad universitaria.

En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios.

La ley no solo incrementa el presupuesto, sino que incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El texto sancionado establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.

En el Senado no solo se aprobó eso, además también se rechazó, por amplia mayoría (49 votos), el rechazo del DNU de la SIDE. El decreto le otorgó 100.000 millones de pesos más para gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que maneja Sergio Neiffert, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

El repudio votado por el Senado se sumó al que ya se había registrado el pasado 21 de agosto en la Cámara de Diputados. Así, al reunir el rechazo de ambas cámaras legislativas, el DNU quedó derogado de manera efectiva y definitiva.

Se trata de un hito histórico, ya que es la primera vez que ocurre desde que, en 2006, se sancionó la ley que reglamentó el trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia.

Dos derrotas legislativas para un gobierno que, apenas 24 horas antes, celebraba haber podido bloquear el aumento a los jubilados.