Por Vijay Prashad
Los gráficos son dolorosos de ver, el aumento de casos en Brasil es extraordinario, pero el aumento en otros países (Colombia, Argentina, México) no se queda atrás. El foco de atención en América Latina es el COVID-19, con muchos estados luchando por manejar la propagación del virus, pero más aún para manejar el caos social que ha creado. Cuando llegaron noticias de China a fines de 2019 y principios de 2020 sobre el virus, solo dos gobiernos, el de Cuba y Venezuela, se tomaron en serio la noticia y se dispusieron a implementar medidas sanitarias; pero tanto Cuba como Venezuela están siendo atacados por una guerra híbrida impuesta por Estados Unidos, que les ha impedido obtener recursos e importar suministros valiosos. No obstante, Cuba continúa desarrollando su propio arsenal farmacéutico y continúa enviando a sus médicos para ayudar a personas de todo el mundo, mientras que Venezuela ha logrado contener en términos relativos el virus a pesar de la afluencia de migrantes venezolanos de Brasil y Colombia devastados por COVID-19. La lección de América Latina es clara: los países con gobiernos que anteponen a las personas a las ganancias pueden manejar una pandemia con mucha más certeza que los países con gobiernos que están comprometidos con las ganancias por encima de las personas.
En enero, las Naciones Unidas publicaron su informe Situación y perspectivas económicas mundiales, que mostraba que el PIB de la región se redujo un 8% en 2020 y que no se espera que repunte sustancialmente en los próximos años (la ONU espera que el crecimiento de 2021 sea mayor al 3,8%); esta disminución se debió a los bloqueos nacionales prolongados (que aún continúan), la debilidad de las exportaciones de mercancías y el colapso del turismo. Las caídas más profundas fueron compensadas por la exportación de materias primas clave, impulsadas por un fuerte crecimiento industrial en China. El gasto de estímulo ha mantenido las cosas unidas, pero esto a su vez ha aumentado el endeudamiento externo que conducirá a altos niveles de deuda pública. La provisión de vacunas es desigual, con algunos países vacunando a sus poblaciones enérgicamente, mientras que otros luchan por obtener vacunas y encontrar personal para vacunar al público. La falta de vacunas y de personal indica la desaparición de la capacidad industrial farmacéutica nacional y regional y la evisceración o debilitamiento de los sistemas de salud pública. Cuba es la principal excepción aquí, con su propia vacuna autóctona y su rica historia de salud pública.
Es en este contexto que varios países latinoamericanos acudieron a las elecciones, en particular en Ecuador y Perú el 11 de abril (con las elecciones en Chile pospuestas para más adelante en el año). Las campañas en estos países se han visto obstaculizadas por el virus y los cierres continuos. Es por ello que Chile dejó a un lado cualquier esperanza de realizar sus elecciones para el autogobierno local y para la asamblea constituyente para finales de año; más tarde aún son las elecciones presidenciales de Chile.
Ecuador
Había muchas esperanzas de que en Ecuador (población de 17,3 millones) el candidato de izquierda, el economista Andrés Arauz, llevara la Revolución Ciudadana a la victoria en las elecciones presidenciales. Ecuador fue el primer país latinoamericano afectado por COVID-19, con la ciudad de Guayaquil paralizada por la enfermedad. El mes pasado, una nueva ola golpeó a Guayaquil y otras partes de Ecuador, amenazando con cerrar el país. La alcaldesa Cynthia Viteri temía que la ciudad se viera sumergida en una situación como la que vivió el año pasado, cuando los pacientes yacían en las calles mientras los hospitales se desbordaban. El miedo a mantener a la gente alejada de la campaña y, finalmente, de votar.
La catástrofe de la pandemia se produjo junto con el caos económico, ya que el gobierno del presidente Lenin Moreno dio la bienvenida a un paquete del FMI que incluía una profunda austeridad y una subordinación general a las corporaciones estadounidenses (en particular, las petroleras). Los bajos precios del petróleo combinados con el deseo de Moreno de complacer a Estados Unidos, incluida la autorización de la expulsión del periodista Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres, provocaron protestas continuas en octubre de 2019. Moreno, sintiéndose acosado, salió de la capital en Quito y se refugió en la ciudad de Guayaquil. Las protestas reunieron a una serie de fuerzas sociales, incluida la comunidad indígena; su objetivo era Moreno, quien -dijeron- había vendido el país al FMI y a Estados Unidos por un precio muy alto: el desarrollo de un régimen de austeridad permanente para el país.
Muy impopular por las revelaciones de una gran corrupción personal, Moreno trató de aprovechar el hecho de que no buscaría la reelección. Si hubiera presentado su nombre, habría sido diezmado. El partido de Moreno, Alianza País, presentó a Ximena Peña, quien solo pudo obtener el 1,54% de los votos en la primera vuelta de diez candidatos. Fue una declaración de que las políticas de austeridad e incompetencia de Moreno, así como la corrupción personal y la subordinación a los Estados Unidos, habían sido rechazadas en las urnas.
Andrés Arauz, heredero del proyecto de izquierda liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), ganó la primera vuelta con el 32,72% de los votos contra el segundo clasificado Guillermo Lasso, ex ejecutivo de Coca Cola y banquero que lidera el Partido CREO de centro derecha. En el período comprendido entre la primera y la segunda ronda, una campaña viciosa en los distintos medios de comunicación acusó a Arauz de vínculos con el grupo de izquierda colombiano, las FARC, y con el gobierno venezolano. La desorientación en los movimientos sociales -incluido en el campo indígena- llevó a la fragmentación del apoyo a Arauz, quien en las encuestas de opinión proyectaba derrotar a Lasso. Pero, al final, como la tercera parte de los votantes no se presentó o arruinó sus boletas, Lasso prevaleció en un 52% frente al 47% de Arauz. Lasso asumirá el cargo el 24 de mayo.
En la Asamblea Nacional de 116 escaños, cuyas elecciones se realizaron paralelamente a las presidenciales, la coalición que respaldaba a Arauz se impuso con 48 escaños. El dominio en la Asamblea Nacional y con casi la mitad de la población votando por Arauz, así como la inmensa energía producida por las protestas de 2019 y el malestar por la crisis del COVID-19, permite a la izquierda en Ecuador construir una amplia coalición para evitar la implementación de las promesas económicas de Lasso. Una condición preliminar para esta coalición sería que Arauz construyera los lazos raídos y rotos con el bloque indígena. Pachakutik, el partido de los indígenas, tiene el segundo bloque más grande en la Asamblea con 27 escaños. La gran desconfianza entre la Revolución Ciudadana y Pachakutik hizo que la plataforma del movimiento social indígena CONAIE no apoyara a Arauz (aunque su presidente, Jamie Vargas, lo respaldó personalmente). La amplia coalición sólo puede construirse mediante la reconciliación entre los dos flancos de la izquierda y la reconstrucción de la confianza a través de luchas sostenidas; aquí hay mayoría, aunque está amortiguada.
Perú
Imposible entender el Perú (32,5 millones de habitantes) sin entender la prolongada crisis política y económica que sigue paralizando al país. El año pasado, se desarrolló un movimiento de protesta de un mes en respuesta a las travesuras políticas del establecimiento para garantizar que se bloqueen las investigaciones de corrupción iniciadas por el presidente Martín Vizcarra; Vizcarra fue acusado por el Congreso de ser “moralmente incompetente”. Este fue el acicate de las protestas, que cobraron fuerza, ya que eran menos una defensa de Vizcarra y más un levantamiento general contra la incompetencia del Estado en relación con el COVID19 y la adicción de la élite gobernante a las políticas de austeridad que han enviado a una generación de peruanos a la angustia cotidiana. Las tasas de pobreza aumentaron desde 2018, la primera vez desde 2012, a medida que los precios de las materias primas bajaron y gobierno tras gobierno pusieron cada vez más al país a merced del mercado. Fue la terrible situación de la gente, particularmente en el Perú rural, la que marcó la inestabilidad política.
La corrupción y la inestabilidad marcan la Casa de Pizarro, el edificio donde viven y trabajan los Presidentes. Muchos de los ex presidentes de Perú pasaron tiempo en prisión o aguardaron sentencias de prisión: Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016 y candidato a la presidencia en 2021) y Pedro Pablo Kucynski (2016-2018); Alan García (2006-2011) se suicidó antes de que pudiera ser detenido, mientras que Manuel Merino (cinco días en 2020) está bajo investigación por la muerte de dos personas durante las protestas de noviembre de 2020. Como consecuencia, la fe en el proceso político es mínima.
Las protestas de noviembre comenzaron a formar una coalición de varias fuerzas, incluidos sectores de la clase trabajadora (como los mineros) y grupos sociales marginados en las ciudades. La evidencia más firme de la militancia de la clase trabajadora fue clara en diciembre de 2020, cuando cientos de trabajadores agrícolas se declararon en huelga y bloquearon las carreteras que conectan las ciudades costeras de Perú. Esta protesta se enfrentó a una intensa violencia policial que dio forma a la naturaleza del conflicto hasta finales de año. Estos trabajadores agrícolas siguieron las protestas anteriores de trabajadores de la construcción y maestros, y se desarrolló un estado de ánimo general hacia las elecciones de 2021. A medida que la pandemia de COVID19 golpeó a Perú con intensidad, los trabajadores de la salud liderados por la Federación Médica Peruana y otros diez sindicatos de trabajadores de la salud continuaron en huelga indefinida a mediados de enero de 2021.
Dieciocho candidatos entraron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 11 de abril. El resultado conmocionó al país, ya que Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, quedó primero con más del 19% de los votos (seguido por la candidata de derecha Keiko Fujimori con el 13% de los votos). Castillo y Fujimori se enfrentarán en la segunda vuelta el 6 de junio. La otra gran fuerza de izquierda –Juntos por Perú– liderada por Verónika Mendoza cayó al 7,8%. Si la derecha y la centro-derecha se unen detrás de Fujimori, entonces la segunda ronda podría ser un deslizamiento de tierra. Sin embargo, Castillo está acostumbrado a que lo den por sentado. Ninguna encuesta lo mostró a la cabeza, a pesar de que lideró la huelga de maestros a nivel nacional de 2017 y se arraigó en las zonas rurales de Perú, muy descuidadas. Después de que se conocieron los resultados, Castillo dijo a sus seguidores en la ciudad de Cajamarca, en las tierras altas del norte del país: “Le acaban de quitar la venda de los ojos al pueblo peruano. A menudo se nos dice que solo los politólogos, constitucionalistas, políticos eruditos, aquellos con grandes títulos pueden gobernar el país. Han tenido suficiente tiempo”.
El partido Perú Libre de Castillo, fundamentalmente contra el imperialismo estadounidense, pide la nacionalización de los recursos naturales del país para pagar importantes inversiones en educación y atención médica. Castillo trabajará hacia una nueva constitución (para revisar la constitución mayoritariamente neoliberal de 1993) y para construir un Estado Plurinacional con movimientos sociales en el corazón de su gobierno. Es importante destacar que el Perú Libre de Castillo no es un partido novedoso, ya que emergió como el partido más grande en el Congreso (con el 14,54% de los votos, el bloque más grande en una asamblea muy fracturada). El complejo y dividido mundo político de Perú no permitirá que Perú Libre mueva una agenda por sí solo en el Congreso, aunque si Castillo es capaz de asumir la presidencia mediante alguna proeza milagrosa de unidad de los movimientos sociales, Perú verá el tipo de cambios que solo se han visto hasta ahora en Bolivia y Venezuela, los únicos dos países de América Latina que han tenido gobiernos genuinamente de izquierda elegidos en el período neoliberal, ambos estrechamente vinculados al proyecto revolucionario a largo plazo de la Revolución Cubana.
Esto no es una marea rosa
Sería prematuro llamar a estos desarrollos una “marea rosa”, una referencia a la ola de gobiernos progresistas que surgió en la década de 2000. La izquierda ciertamente está encontrando una manera de reagruparse en América Latina, pero sigue debilitada por el poder abrumador del dinero en la política y por la capacidad destructiva de los medios corporativos (así como los tentáculos de las redes sociales). A pesar de la catástrofe de COVID en Brasil, por ejemplo, los medios de comunicación y el poder del dinero aseguran que el presidente Jair Bolsonaro siga siendo popular. Por cada resurgimiento de la izquierda, la derecha se manifiesta junto con una confianza renovada de Estados Unidos en su guerra fría regional contra China.
La protesta es la forma común de política, aunque las organizaciones continúan surgiendo y fortaleciéndose en diversas formas de acción unida. Las luchas de la clase trabajadora se están reuniendo cada vez más en organizaciones de la clase trabajadora y partidos políticos, pero la perspectiva de la clase trabajadora no se ha ejercido plenamente donde las plataformas “populistas” predominan en la izquierda amplia. Este es un fenómeno que regresará en Chile, donde el principal candidato – Daniel Jadue – proviene del Partido Comunista de Chile pero se presentará a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre en representación de toda la izquierda y centro izquierda, con una agenda conformada por esa ancho en lugar de la profundidad del poder de la clase trabajadora. Si Castillo prevalece en Perú y Jadue gana en Chile, la aguja del poder, gracias a Argentina, Bolivia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela, se inclinaría hacia la clase trabajadora de América Latina.
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Este articulo fue publicado originalmente en Peoples Democracy
Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es compañero de redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es el editor en jefe de LeftWord Books y el director de Tricontinental: Institute for Social Research. Es miembro senior no residente del Instituto de Estudios Financieros de Chongyang, Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, incluidos The Darker Nations y The Poorer Nations. Su último libro es Washington Bullets, con una introducción de Evo Morales Ayma.
