Colombia vive horas de movilización popular y represión estatal. El punto de partida fue el Paro Nacional del 28 de abril, convocado en rechazo a la reforma tributaria del presidente Iván Duque que proponía aumentar el IVA a los alimentos, bienes y servicios, y ampliar la base tributaria del impuesto a la renta. La iniciativa fue volteada por la movilización y le costó al gobierno de Iván Duque la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. De esta manera el gobierno buscaba desalentar las movilizaciones pero la respuesta popular fue continuar con el paro y los bloqueos. ¿Por qué?
Las marchas multitudinarias reavivaron las llamas de noviembre de 2019, cuando el pueblo colombiano frenó la agenda de ajuste y privatizaciones del gobierno de Duque, así como la exigencia del cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016.
La pandemia solo sirvió como olla a presión y profundizó el descontento popular debido al mal manejo de la crisis sanitaria y social. Las ayudas estatales a las personas más vulnerables han sido realmente pocas. Desde el gobierno sostienen que destinaron 6 puntos del Producto Bruto Interno durante la pandemia, pero solo se ha podido cuantificar un 1,4% del PBI en ayuda estatal para los sectores más empobrecidos.
A su vez, Duque trató de imitar a Jair Bolsonaro y a Donald Trump en el negacionismo de la pandemia y en la idea de sobreponer la economía a la vida. Al día de hoy, Colombia solo ha vacunado a 2,4% de su población luego de un acuerdo con China que les proveyó dosis de Sinovac. El gobierno colombiano esperaba que Estados Unidos, por su estrecha relación, le garantice la provisión de vacunas.
Así como las movilizaciones del 2019 de Chile comenzaron por el aumento del boleto de subte y continuaron hasta arrancarle una Asamblea Constituyente al poder político, la causas de la indignación popular colombiana responden a demandas históricas, postergadas por las cuatro décadas de neoliberalismo de guerra.
Es el intervencionismo yankee
Colombia juega un rol estratégico en la geopolítica mundial. Estados Unidos ha pensado en Colombia como el pivot y gendarme de América Latina y el Caribe. El país cafetero se transformó en la oficina de la CIA en la región.
Laura Capote, integrante de ALBA Movimiento, sostiene la importancia de Colombia en la intervención de Estados Unidos para América Latina y el Caribe. “Colombia tiene acceso a dos continentes, es la entrada a Sudamérica y la entrada Centroamérica por el sur. Tiene dos océanos el Atlántico y el Pacífico, está cerca del Canal de Panamá, al lado de Venezuela. Es un elemento fundamental que con los años se ha terminado convirtiéndose en algo más importante que lo diseñado inicialmente por los Estados Unidos para Colombia”.
Estados Unidos ha pensado la política colombiana en varios momentos. El primero fue durante la vieja lucha anticomunista de la primera mitad de los 50 y 60 en América Latina, y particularmente, el discurso anticomunista en contra de las guerrillas.
Con la excusa de la guerra contra el narcotráfico, Colombia se transformó en el patio trasero de Estados Unidos y uno de los laboratorios del neoliberalismo en América Latina. La dominación colonial se completa con la instalación de bases militares y tropas en su territorio y el despliegue del Plan Colombia.
“Los planes que diseñaron desde los Estados Unidos —particularmente el Plan Colombia, recientemente renovado— para acabar con el narcotráfico, en realidad son planes para enviar dinero, armamentos, capacitar y cualificar la guerra colombiana. La modernización del Plan Colombia y con ello la modernización de las técnicas y tácticas de guerra, las técnicas de tortura, se da para un fortalecimiento del aparato represivo del Estado. Solo de esta forma se puede entender que haya un aparato represivo de tanta envergadura y con una militarización de las fuerzas de seguridad” agregá Laura Capote.
Desde los años 80, en Colombia se ha ido configurando un neoliberalismo de guerra. Es decir, un neoliberalismo que no tiene arraigo social y se impone constantemente a través de la coerción. “Los distintos gobiernos colombianos han puesto la coacción por encima del consenso social, escudados en la guerra contra el narcotráfico y el blindaje de los Estados Unidos. Se le ha dado un tratamiento represivo a las demandas sociales” explica Javier Calderón, investigador de la CELAG.
A través del Plan Colombia, el país cafetero transformó su fuerza de seguridad en la más grande de América Latina, produciendo una dependencia del poder político, debido al gran presupuesto y poder que manejan las fuerzas militares. En el presupuesto nacional, el Servicio de Deuda Pública (19.720 millones de dólares) y Defensa y Seguridad (11.000 de dólares) suman el 70%, lo que implica que la guerra y el sector financiero consumen los mayores esfuerzos del Estado.
Calderón explica que “en Colombia existe una dependencia política y diplomática de los Estados Unidos y también una dependencia de los sectores militares que mantienen intereses con el Comando Sur. Eso por supuesto ha afectado la visión y la capacidad de comprensión de los gobiernos de lo que pasa en la realidad colombiana. El estallido social ya sobrepasó incluso ese propio tamaño de respuesta militar”.
Por su parte, Capote sostiene que “la política de militarización se da acompañada de una desfinanciación de otros sectores del Estado. Se genera un Estado vaciado por las políticas neoliberales, que se legitiman con la Constitución del 91. En Colombia lo llamamos un neoliberalismo de guerra. Es decir, no solamente un vaciamiento del Estado y la versión del neoliberalismo en términos culturales, económicos, sino un neoliberalismo impuesto a punta de balas”.
El neoliberalismo de guerra ha dejado un saldo doloroso para las grandes mayorías. Siendo Colombia la cuarta economía de América Latina, tiene un 42,8% de pobreza según los datos del Departamento Administrativo de Estadística. Esto significa que gana solamente 350 dólares para un núcleo familiar de 4 personas. Asimismo, el 15,1% de la población, está por debajo de la línea extrema de pobreza monetaria, lo que significa que solamente tienen 140 dólares para vivir para sobrevivir.
“Estás cifras son el telón de fondo de las movilizaciones es un proceso de degradación social producto del neoliberalismo, de un neoliberalismo continuado desde los años 80 que no ha tenido un periodo de paz social ni de recambio progresista como ocurrió en otros países” argumenta Calderón.
Romper el miedo
Durante los años más duros del conflicto armado interno, muchos sectores colombianos se autocensuraron ante el miedo. Quién renegaba del modelo económico o lideraba una protesta social era señalado como miembros de la insurgencia. Con la firma del Acuerdo de Paz de 2012, tras cincuenta años de conflicto armado entre las FARC y el Estado Colombiano, los sectores sociales comenzaron a perder el miedo y a movilizarse contra las reformas conservadoras o los intentos de privatizaciones.
Luego del Acuerdo de Paz, el Ejército Colombiano tenía que empezar un proceso de reducción gradual. Sin una guerra interna, no se justifica que Colombia tenga el ejército más grande de América Latina. En concreto, en el 95% de los municipios de Colombia no hay conflicto armado.
El gobierno colombiano, las fuerzas militares, y los Estados Unidos debieron cambiar la hipótesis de conflicto para mantener la estructura y el poder militar y el control geopolítico de los Estados Unidos. La nueva hipótesis de conflicto se llamó Venezuela. Calderón analiza que “la tesis de conflicto externo ha servido a los militares para continuar con ese tamaño y presupuesto desmesurado y por supuesto con una capacidad de incidencia en el poder altísimo”.
La agenda regional Colombiana se centralizó en la disputa ideológica contra Venezuela. Duque y el uribismo han sido centrales en la organización del Grupo de Lima y de todas las acciones de bloqueo en contra del gobierno Venezuela. Bogotá se transformó en la sede del gobierno de Guaido.
A la hipótesis de conflicto externo, se suma la reticencia del gobierno de Duque al Acuerdo de Paz, y el recrudecimiento del Uribismo 2.0. El gobierno de Duque intenta destruir el Acuerdo de Paz y, además avanzó en contra de los derechos de las comunidades, particularmente con el asesinato de lideres y lideresas sociales.
Sin embargo, el pueblo colombiano ha salido a las calles en 2019, 2020 y 2021. La narrativa que sostiene que las movilizaciones son promovidas por las guerrillas no encuentra eco en la sociedad. Además, este año se le suma un ataque directo al bolsillo de la clase media que se sumó a las manifestaciones. “El efecto del Acuerdo de Paz que nadie calculó, ni la guerrilla, ni el gobierno, ni los Estados Unidos es que se permitió una apertura para que sectores empezarán a expresar, para que la gente saliera a la calle” sostiene Calderón.
En Colombia existe una crisis de representación y los partidos de derecha ya no logran contener los amplios sectores sociales como lo hicieron históricamente. En las elecciones del 2018 se vio una primera demostración del cambio en la correlación de fuerzas políticas cuando Gustavo Petro accedió al balotaje, convirtiéndose en el primer candidato de izquierda en llegar a esas instancias.
Escenarios posibles
El miedo ya no rige para ordenar a la sociedad, y la voz de los colombianos comienza a sentirse con fuerza en las calles. Las fuerzas militares son incapaces de responder al desafío de la movilización cívica, el gobierno no tiene respuesta social tampoco para esos sectores y el Parlamento no contiene a la diversidad de voces que hoy se expresan.
Colombia vive un momento de inflexión, las fuerzas de izquierdas y progresistas tienen el desafío de pasar del estallido social a la organización social, y por consiguiente encontrar una representación a esas demandas. El escenario de fuerzas políticas está en movimiento.
