Reforma de la Ley de Glaciares:¿Qué se debatirá en la audiencia pública?

La Cámara de Diputados realizará el 25 y 26 de marzo una audiencia pública para debatir el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares impulsado por el Poder Ejecutivo. Durante dos jornadas, especialistas, organizaciones sociales, representantes de empresas, comunidades y ciudadanos inscriptos podrán exponer sus posiciones antes de que la iniciativa avance hacia su tratamiento legislativo.

La convocatoria, organizada por las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, funcionará como una instancia de participación previa- aunque no vinculante- a la discusión parlamentaria de la modificación de la Ley 26.639, sancionada en 2010 para establecer presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

El proyecto oficial propone revisar algunos de los criterios de esa norma. Desde el Gobierno argumentan que la legislación vigente presenta “problemas interpretativos” que generaron inseguridad jurídica y frenaron inversiones productivas, especialmente en el sector minero.

Entre los cambios que se analizan aparece la posibilidad de redefinir el alcance del ambiente periglacial y otorgar mayor margen de decisión a las provincias en la evaluación de proyectos extractivos.

Para sectores empresarios y gobernadores de provincias cordilleranas, la reforma permitiría destrabar emprendimientos mineros que hoy se encuentran paralizados o judicializados. Sin embargo, para investigadores, organizaciones ambientales y comunidades de la cordillera, la discusión abre la puerta a un debilitamiento de uno de los principales instrumentos de protección de las reservas de agua del país.

 Qué se debatirá en la audiencia: El ambiente periglaciar

La discusión no es menor. Según el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Argentina cuenta con más de 16.000 glaciares distribuidos a lo largo de la cordillera de los Andes. Estos cuerpos de hielo funcionan como reservas estratégicas de agua dulce: almacenan precipitaciones durante el invierno y liberan caudales durante las épocas secas, alimentando ríos que abastecen a ciudades, sistemas de riego y actividades productivas.

La Ley de Glaciares que fue aprobada en 2010 después de un largo conflicto político y social vinculado al avance de la minería de gran escala en la cordillera, estableció la prohibición de actividades que puedan afectar glaciares o ambientes periglaciares, entre ellas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la construcción de infraestructura y cualquier acción que altere su estabilidad.

Uno de los focos principales del debate será la definición del ambiente periglacial, es decir, las zonas de suelos congelados y geoformas asociadas a los glaciares que cumplen funciones hidrológicas fundamentales. Estos territorios actúan como reguladores del agua: almacenan humedad y liberan caudales de manera gradual, estabilizando el flujo de los ríos en regiones áridas de la cordillera. Para especialistas en glaciología, reducir su protección implicaría abrir áreas sensibles a la actividad minera.

En un contexto de retroceso acelerado de los glaciares andinos debido al cambio climático, varios investigadores advierten que estos ecosistemas se vuelven cada vez más estratégicos para garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo.

Además, la normativa del 2010 creó el Inventario Nacional de Glaciares para identificar estos ecosistemas y determinar qué áreas deben quedar excluidas de actividades extractivas. Para organizaciones ambientales, ese marco legal constituye una herramienta clave para proteger las fuentes de agua en regiones donde el deshielo es la base del abastecimiento hídrico.