Por Manuel Fonseca*
A poco más de un año del inicio de la pandemia y aún en el peor momento, existe un horizonte de esperanza para nuestro país. Frente a un panorama dramático, que combina la pandemia por Covid-19 con la crisis económica y social, la campaña de vacunación es la apuesta central del gobierno y alrededor de ella intentan articularse medidas de corte social y económico para que los sectores más empobrecidos de la sociedad puedan cubrir sus necesidades elementales. Según el Monitor Público de Vacunación, Argentina lleva aplicadas para esta fecha unas 10.758.782 dosis, y además del ingreso de las vacunas Sputnik V, Sinopharm y Covishield, el gobierno nacional aseguró recientemente el arribo de las vacunas Astrazeneca.
Nuestra región está constituida por países con economías dependientes situadas en un orden internacional en el que la distribución de recursos es desigual e injusta. Las vacunas -y los tratamientos de salud en general- no son una excepción. Según estimaciones, la mayoría de los países pobres del mundo no van a acceder a ninguna vacuna al menos hasta el año 2023. Esto contrasta de forma violenta con países ricos como EE. UU., Inglaterra e Israel que ya tienen garantizadas inoculaciones para varias veces su población, e incluso impulsan el turismo de vacunas en la reactivación de sus economías.
Si algo demostró la pandemia es que no existen soluciones nacionales para problemas globales. Si un país vacuna a su población pero el virus sigue circulando por otros países pudiendo mutar y convertirse, vacunados y no vacunados volveríamos a estar en peligro cíclicamente. No es siquiera una posición ideológica sino una cuestión práctica y de sentido común. Nadie se salva solo, y esta pandemia desnudó la imposibilidad de este orden social de encontrar respuestas para las mayorías del planeta. La liberación de patentes abriría el camino para lograr la inmunización de toda la población mundial y, aunque múltiples voces se han expresado al respecto en nuestro país y el mundo, parece una opción todavía lejana.
En este contexto, el gobierno nacional demostró capacidad de negociar y acceder a un esquema de vacunación que constituye un mérito si tenemos en cuenta el contexto internacional, la imposibilidad del país de producir sus propias vacunas de forma masiva y los recursos públicos con los que se contaban cuando se generaron los primeros acuerdos. Ante ese mérito, se desplegó una campaña de mentiras sobre la eficacia de las vacunas y sobre la capacidad de negociación de parte del Ministerio de Salud. La falta de responsabilidad social en la oposición y sus usinas mediáticas es la regla. El objetivo es explícitamente el de promover la confusión y un estado de ánimo en la sociedad que, a través de la desconfianza, el miedo y la desinformación, atenta contra su propia salud.
Existen sobradas muestras de que las vacunas previenen a las personas de enfermar gravemente, así como también reducen la probabilidad de contagiar a otras. Uno de los datos que refleja esta situación es la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva en el último tiempo. Los datos indican que el promedio de edad de las personas internadas es menor de 60 años, y esto está íntimamente relacionado con el hecho de que el 75% de los mayores de 80 años y el 82% de la población entre 70 y 79 años, ya fueron vacunados.
No quedan dudas de que la eficacia de la campaña de vacunación más importante de nuestra historia depende de dos factores y, por supuesto, uno de ellos es la llegada de vacunas al país. Pero no debemos dejar de ver que las medidas anunciadas por Alberto Fernandez y el cumplimiento que haya de estas también va a ser decisivo.
Hay una gran parte de la sociedad -organizada y no organizada- que continúa afrontando la realidad que nos toca con conciencia y con convicciones, a pesar de los intentos desmoralizantes de la oposición política. Los y las trabajadores de la salud, aun cansados, desde distintos lugares en todo el país, encontramos en este momento espacios para seguir formándonos y organizándonos porque la pandemia dejó asomar una convicción que debe ser siempre defendida, que es la necesidad de que nuestra salud sea pública, priorizada y financiada a través de un sistema de salud integrado que pueda garantizar derechos.
No es exagerado pensar que el destino de nuestro país, quizá de los veinte o treinta años que vienen, dependa en buena medida del éxito que podamos alcanzar en este momento histórico. Debemos evitar que mueran compatriotas, capear la pandemia y confrontar en las elecciones venideras a quienes pretenden instalar falsas dicotomías que solo hacen que la noche parezca más oscura. Debemos mantener el distanciamiento físico pero detener el distanciamiento social si pretendemos que lo que resulte de esta pandemia sea capaz de generar esperanza a quienes la han perdido en estos tiempos tan difíciles. Es necesario impulsar y acompañar todas las medidas que, confrontando con los poderosos, aporten a recomponer y reorganizar la vida de todos/as los que en este tiempo se han empobrecido.
Merecemos un país justo, una Argentina soberana que pueda mirar a su gente a la cara con dignidad, y la motivación más grande que podemos compartir hoy es la de que existe la posibilidad de un mañana, sin pandemia, que sea mejor para todos y todas.
Manuel Fonseca es militante del Movimiento de Salud Irma Carrica, Médico Generalista y Director de Redes en Salud de la UNLP.
