La causa en la que se investiga el envío de armas y municipios desde la Argentina a Bolivia en noviembre de 2019, durante los días en los que se concretó el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales, avanza en la justicia.
Esta semana, el juez en lo penal económico Alejandro Catania retomará la agenda de declaraciones testimoniales con citaciones a personal del Destacamento Móvil 6, de la Dirección Nacional de Logística de la Gendarmería Nacional, y al jefe de Arsenales, con el objetivo de reconstruir el camino de las municiones hasta que salieron del país. Hasta ahora, integrantes de las Fuerzas Armadas justificaron el envío de armas para proteger la embajada argentina en Bolivia y la residencia del embajador en ese país.
Sin embargo, el juez Catania investiga cómo fue la salida de las 70 mil balas antitumultos 12/70 que, en vez de terminar para protección de la embajada como había sido declarado, terminaron en manos de las fuerzas represivas en Bolivia, según confirmó el propio gobierno de Luis Arce.
En la causa están imputados el expresidente Mauricio Macri, su exjefe de gabinete, Marcos Peña, el excanciller Jorge Faurie, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador Normando Álvarez García, el excomandante general de Gendarmería Gerardo Otero, el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones de Gendarmería Carlos Miguel Recalde.
Según la información aportada por distintos organismos del Estado se detalló que el envío de las municiones se fija en total de unas 70.000 balas antitumulto y gases lacrimógenos, enviadas el 12 de noviembre de 2019, de manera clandestina, según la denuncia.
Previo a la feria judicial, los gendarmes citados a prestar testimonio confirmaron, en todos los casos, que nunca usaron las balas para entrenarse, mientras que la justicia de Bolivia confirmó oficialmente que los pertrechos estaban en poder de la Fuerza Aérea y de la Policía local.
Por su parte, Martín Hidalgo, jefe del equipo de Operaciones Especiales que viajó a Bolivia en noviembre de 2019 cuando el golpe contra Evo ya era un hecho, declaró que la orden de llevar las municiones anti tumulto que terminaron en manos de las fuerzas represivas de ese país fue de la entonces “conducción superior de Gendarmería”, durante la administración de Mauricio Macri.
“La orden para cargar los efectos en los vehículos para ir a El Palomar la dio el comandante mayor Salas. Me comunicó que por orden de la conducción superior de Gendarmería esos efectos iban a ir a Bolivia; y que no eran parte del equipo nuestro, el equipo que yo seleccioné. Me dijo que esos efectos eran una reserva operacional y que respecto de la gestión de esos efectos intervenía en Bolivia el Comandante Principal Caliba, que era el enlace de Gendarmería en Bolivia”, sostuvo el testigo en la declaración a la que accedió Télam.
Con sus declaraciones, Hidalgo apuntó contra Fabián Salas, exjefe del Grupo Alacrán; Adolfo Caliba, que por entonces era el agregado de la Gendarmería en La Paz, y a Gerardo Otero, quien por entonces estaba al frente de Gendarmería.
Se estima que la ronda de testimonios de personal de gendarmería se extienda hasta finales de septiembre. Hasta el momento, ni el expresidente Mauricio Macri, ni ninguno de sus exfuncionarios imputados en la causa fueron citados a prestar declaración.
