Hoy se conmemora el primer aniversario del intento de golpe de estado en Brasil, cuando centenas de militantes bolsonaristas invadieron la sede de los tres poderes en Brasilia en un intento fallido de golpe de Estado. Dicha maniobra contó con la participación de miembros de las Fuerzas Armadas, aunque hasta el momento el total de los condenados por los actos antidemocráticos son civiles.
A un año del intento de golpe, el gobierno de Lula Da Silva convocó un acto denominado “Democracia Inquebrantable” a realizarse en la sede del Congreso. El evento contará con la participación de miembros de los tres poderes y más de 500 invitados, buscando enviar un mensaje de unidad y fortaleza institucional.
Sin embargo, desde el Congreso, se vislumbra un panorama político complejo. El presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira dijo que no participaría del evento por problemas familiares. Si bien durante el 2023 la casa comandada por Lira ha cooperado con el Ejecutivo en la aprobación de legislación clave, la ausencia de Lira da cuenta de un consenso frágil a favor de la condena a los actos antidemocráticos dentro del Congreso.
A su vez en el Senado, el ex vicepresidente y actual senador Hamilton Mourão, miembro de las Fuerzas Armadas y crítico de las investigaciones contra los actos del 8 de enero pasado, ha presentado un proyecto de ley para avanzar en una posible amnistía. Este movimiento ha generado críticas y preocupaciones sobre la impunidad y la preservación del estado de derecho.
“Si hubieran sido militares de otro bando político e ideológico o incluso soldados los implicados en estos actos, seguramente él no habría adoptado esta postura” afirma en diálogo con Brasil de Fato Paulo Ribeiro da Cunha, profesor de Teoría Política de la Unesp.
Para Mourão quienes participaron de los actos golpistas son ‘patriotas’.
Pese al apoyo del ex vicepresidente, el 89% de los brasileños reprueba de manera contundente los actos golpistas, reflejando el rechazo generalizado hacia cualquier amenaza a la democracia. La sociedad civil, en su mayoría, aboga por la rendición de cuentas y la aplicación de la justicia para restaurar la confianza en las instituciones.
En términos legales, la justicia ha sido diligente al presentar 1354 denuncias relacionadas con los eventos del 8 de enero de 2023. Hasta la fecha, 30 personas han sido condenadas por su participación en el intento de golpe, marcando un paso significativo hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, ningún miembro de las Fuerzas Armadas fue responsabilizado hasta el momento pese a la evidencia de participación.
A medida que Brasil reflexiona sobre el año transcurrido desde aquel día tumultuoso, el país se encuentra en una encrucijada crucial. Las investigaciones en curso, el intento de amnistía desde el Congreso y la respuesta de la sociedad delinean el camino hacia la consolidación de la democracia o la persistencia de divisiones que amenazan su integridad. La conmemoración de este aniversario sirve como un recordatorio de la fragilidad de la democracia ante el avance de la extrema derecha y la necesidad de un esfuerzo conjunto para preservarla.
