Venezuela renueva la Asamblea Nacional

Por Julián Inzaugarat / Foto: Rafael Stédile

Venezuela se encamina a un proceso electoral para renovar la Asamblea Nacional de la República Bolivariana. Las elecciones parlamentarias que ocurrirán el 6 de diciembre de este año encuentran a la oposición venezolana fragmentada con dos posturas distintas sobre su participación. 

Los partidos opositores que conforman la Mesa de la Unidad Democrática, el conocido G4, acordaron unánimemente no participar en las elecciones parlamentarias, citando denuncias de irregularidades en la planificación de los comicios y sosteniendo que probablemente sean fraudulentos. Aunque esta postura de abstención muestra fisuras dentro de muchos de los partidos del G4, divididos en su interior.

Es el caso de Primero Justicia, fracturado entre quienes se suman al boicot diseñado desde Estados Unidos y quienes anuncian que serán de la partida el 6 de diciembre. Incluso el propio Capriles Radonski sostiene que la estrategia del gobierno autoproclamado de Guaidó encontró su final. Capriles, tras el indulto a más de cien políticos de la oposición por parte de Nicolás Maduro, anunció su decisión de dar la disputa en las elecciones legislativas: “no le vamos a regalar a Nicolás Maduro la Asamblea Nacional”, confirmó el dirigente de la oposición.

Otro de los partidos del G4 que muestra fisuras internas es Acción Democrática (AD). El sector liderado por Bernabé Gutiérrez anunció su presentación en la contienda electoral, mientras que el encabezado por Henry Ramos Allup firmó el comunicado denunciando anticipadamente el fraude. El comunicado de no participación ocurrió pocos días después de que Elliot Abrams, denunciado por sus implicaciones en masacres en América Central en la década del 80 y encargado del asunto Venezuela por el Departamento de Estado, declaró que “las elecciones parlamentarias en diciembre ya están manipuladas”.

Las divisiones dentro del G4 se enmarcan en la disyuntiva que les presenta el fin del mandato de los parlamentarios elegidos en 2015. La decisión de no presentarse y no renovar bancas los quita inmediatamente del área democrática, quedándo como única alternativa atornillarse a sus bancas a partir de una auto prórroga de sus mandatos. Lo que sería una acción nada democrática. 

En este sentido, la estrategia abstencionista no encuentra eco en la mayoría opositora venezolana. Del total de 105 organizaciones con fines electorales en capacidad de asistir a los próximos comicios, publicadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un total de 78 partidos políticos, más de 50 de ellos actuando en la oposición, han confirmado su participación. 

Detrás de la decisión de participar o no participar el 6 de diciembre, se encuentra la división principal: ser el furgón de cola de la estrategia diseñada y conducida desde Estados Unidos, o tener una política propia desacoplada de Washington apostando a la vía democrática como herramienta política.

La elección del Consejo Nacional Electoral

Tras los intentos de Golpe de Estado a Nicolás Maduro y las amenazas de intervención por parte de los Estados Unidos, un grupo de partidos políticos opositores al PSUV encaminaron su estrategia a una mesa de diálogo con el gobierno venezolano. 

El 16 de septiembre de 2019 parte de la oposición, desligada de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, firmó un acuerdo con el oficialismo en la sede de la cancillería. Entre los puntos acordados se encuentra la confirmación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Asamblea Nacional es la encargada de designar los integrantes del CNE. En junio del 2020, y pasados más de 8 meses desde que la Asamblea Nacional aprobara el inicio de la designación del comité de postulaciones, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que existió  una omisión por parte de la Asamblea Nacional para nombrar a los rectores del CNE y designó a los nuevos cinco rectores del organismo electoral. 

La importancia de la Asamblea Nacional 

Las elecciones de 2015 dieron control a la oposición de la Asamblea Nacional. En 2017, el TSJ declaró el desacato a la Asamblea e invalidó todos sus acuerdos y leyes debido a que tres diputados de Amazonas se juramentaron pese a una medida cautelar emitida en diciembre de ese año por el mismo TSJ en la que se declaraba su elección «suspendida temporalmente» luego de una impugnación del resultado por parte de miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que denunciaron compra de votos.

Desde allí se abrió un escenario sumamente conflictivo, de choque entre el oficialismo y la oposición y tensiones políticas sin precedentes con los Estados Unidos. Una de las tácticas utilizadas para destituir a Nicolás Maduro fue Juan Guaidó, quien el 23 de enero del 2019 se auto declaró como presidente de Venezuela. La auto proclamación fue reconocida por Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo Lima y otros países y bloques regionales. 

La Asamblea Nacional también se encuentra dividida entre quienes continúan apoyando a la estrategia golpista de Guaidó y quienes decidieron establecer una mesa de diálogo con el gobierno, apostar por la democracia y criticar el bloque económico impuesto por los Estados Unidos.  

Las elecciones parlamentarias tienen un doble objetivo. Por un lado dejar sin efecto todo intento radical de la oposición golpista, y por el otro, establecer una  nueva Asamblea Nacional, con presencia de partidos de la oposición democrática, para normalizar la institucionalidad en crisis, fragilizada a costa de los bloqueos y sanciones internacionales, intentos de golpe y hasta un intento de magnicidio.