Victoria Villarruel no tiene familiares ni amigos ni conocidos que hayan sido asesinados por organizaciones guerrilleras entre 1969 y 1979, la etapa para ella “más cruenta de los ataques terroristas”. Pero sí tiene un tío que desde El Vesubio, el centro clandestino de detención que operaba en La Matanza durante la dictadura cívico militar, daba órdenes.
Hermano del padre de la candidata a vice por La Libertad Avanza, Ernesto Guillermo Villarruel estuvo prófugo de la Justicia. Lo detuvieron en 2015 cuando fue a votar. En 1977 ordenó un operativo ilegal en una casa de Ezpeleta. Le diagnosticaron Alzheimer y evitó ir a juicio. La historia del jefe de inteligencia investigado por crímenes de lesa humanidad.
La Justicia comprobó que el 17 de febrero de 1977, Villarruel ordenó “un chequeo” por haber detectado “elementos subversivos” en una casa ubicada en Colombia y Asunción, en Ezpeleta, Quilmes. Allí vivían Mario Rubén Arrosagaray, a quien llamaban Tato, y su pareja, Guillermina Silvia Vázquez, La Negra. Ese día, bajo la orden de Villarruel, un teniente y tres suboficiales allanaron de manera ilegal la vivienda. Arrasogaray logró fugarse. Silvia, La Negra, fue detenida cuando bajaba del colectivo 98 y continúa desaparecida.
Cuando el juez Daniel Rafecas pidió la captura de Villarruel por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, el ex jefe de inteligencia se profugó. “Reciclado” como inspector de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno porteño, fue detenido en 2015 cuando fue a votar. Ese año le imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada por haber sido cometida mediando violencia o amenazas en el caso de Vázquez y privación ilegal de la libertad, en grado de tentativa en el caso de Arrosagaray. Le trabaron un embargo por $400 mil.
La candidata a vicepresidenta de Javier Milei fue anfitriona de un homenaje a “las víctimas del terrorismo” el lunes en la Legislatura porteña. Quiere “reparación y verdad”. Quiere “memoria completa”. Su tío Ernesto sabía. Al “Tío Ernesto”, sin embargo, lo tiene guardado.
CELTYV: abogados, corporaciones y operadores de la City
En la escritura fundacional del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimcas (CELTYV), plataforma desde donde se lanza la candidata por la Libertad Avanza, muestra una red de contactos que la vinculan no sólo a ex funcionarios dictatoriales sino principalmente a los estudios jurídicos más importantes de la city porteña, es decir, a los representantes de las principales corporaciones del país, incluidos los abogados y recaudadores de Mauricio Macri.
El lugar donde se nuclea ese establishment jurídico es el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, una entidad centanaria que aportó durante generaciones funcionarios a las dictaduras empresario-militares y planes de gobierno los presidentes constitucionales alineados con los intereses corporativos.
En la escritura fundacional del CELTYV, con fecha del 27 de mayo del 2008, figuran:
-Jorge Luis Pérez Alati, uno de los socios del poderoso estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM). Grondona es el hijo del vocero y escriba dictatorial Mariano Grondona. La M de la sigla era de Martínez de Hoz, hijo del ministro de Economía dictatorial que hace poco fundó su propio estudio dedicado a temas energéticos.
Perez Alati comanda su buffete con sedes en Buenos Aires, Santiago de Chile, Uruguay y Nueva York, que figura siempre en el top 10 de los estudios más influyentes del país y que además recaudaba fuerte para las campañas de Mauricio Macri. Para las PASO 2023 Pérez Alati aportó 4 millones de pesos. Pérez Alati es el socio 3.787 del Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Figura en la comisión revisora de cuentas suplente del CELTYV y con poder especial de la asociación para actuar en su nombre. Su estudio es el que maneja los papeles de la asociación que preside Villarruel.
-Máximo Fonrouge, socio del poderoso estudio Cassagne, que entre sus clientes tiene al propio Mauricio Macri en el caso Correo y con el que además armaban los pliegos de las licitaciones PPP durante su gobierno. También integró el directorio del diario La Nación. Fonrouge es socio 4.250 del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y fue su presidente durante el gobierno de Macri. Alternaba ese cargo con la presidencia de otro sello de goma, la ONG Será Justicia, con la que armaban causas en tándem con el gobierno de Cambiemos. Figura como tesorero del CELTYV.
-Horacio Adolfo García Belsunce, ex funcionario de la dictadura fusiladora que derrocó a Juan Perón, Vicepresidente de la Comisión Permanente de Homenaje al almirante Isaac Francisco Rojas, integró las organizaciones empresariales promotoras de los golpes de estado como ACIEL y el CEA y fue vicepresidente de FIEL, el think tank que puso todos los ministros de economía de la última dictadura. Falleció en 2022. Era el socio 1.354 del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, uno de los 7 socios honorarios. Figura como vocal suplente en el acta fundacional del CELTYV.
-Alejandro Fargosi, hombre de Juntos por el Cambio, representó al PRO en el Consejo de la Magistratura. Fue abogado en Argentina del fondo buitre Burford, el que compró el juicio contra el país por la expropiación de YPF. Figura en la comisión revisora de cuentas titular del CELTYV.
–Eugenio Carlos José Aramburu, otro de de los 7 socios honorarios del Colegio de Abogados de la calle Montevideo.
–Enrique Francisco Maschwitz, el escribano a cargo de anotar el CELTYV. Es el histórico escribano de La Nación.
Son los verdaderos escribas del poder, cuando no el poder en sí mismos. “Fue una fiesta” durante el macrismo, como sinceró Perez Alati, que comparte la Comisión de Derechos Humanos del Colegio y el CELTYV con Villarruel. ¿Se vendrá otra? Quiza una de negacionismo y negocionismo.
