El Gobierno nacional dio inicio este miércoles a un ambicioso esquema de privatización de rutas nacionales con la publicación del Decreto 28/2025 en el Boletín Oficial. Este decreto establece el llamado a licitación de los tramos viales comprendidos en el Corredor Vial 18, delegando al sector privado las tareas de mantenimiento y conservación de estas vías.
Los tramos incluidos en la concesión de obra pública por peaje, bajo el régimen de la Ley Nº 17.520, abarcan importantes rutas nacionales. Actualmente, el corredor que está bajo la administración de Caminos del Río Uruguay.
Entre ellas, se encuentran la Ruta 12 (desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay), la Ruta 14 (de Ceibas a Paso de los Libres), la Ruta 135 (de Colón a General Artigas), la Ruta A-015 (de Concordia a Represa Salto Grande), la Ruta 117 (de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite internacional con Brasil) y la Ruta 174 (de Rosario a Victoria).
El esquema presentado por el Gobierno no se limita al Corredor Vial 18. Se anticipó que seguirá el mismo modelo para la concesión de más de 8.000 kilómetros de otras rutas nacionales clave, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos y la 19 en Córdoba.
Privatizaciones y sus antecedentes en los años 90
El actual esquema de concesiones recuerda las políticas de privatización impulsadas durante la década del 90, cuando se adjudicaron 18 corredores viales nacionales a 13 consorcios compuestos por empresas de la construcción.
Este modelo representó el traspaso del financiamiento del mantenimiento vial a los usuarios, quienes debieron afrontar los costos mediante el pago de peajes.
Aunque el objetivo era mejorar la infraestructura vial, los resultados fueron ampliamente cuestionados. Los costos sociales y fiscales de las privatizaciones resultaron desproporcionados en comparación con los beneficios obtenidos.
La red vial no logró incorporar nuevas rutas de forma significativa y el estado general de los caminos continuó deteriorándose.
