Al presidente de Ecuador, el banquero conservador, Guillermo Lasso, se le vino la noche encima. Luego de la estrepitosa pérdida del referéndum convocado en febrero pasado donde proponía ocho preguntas para que la ciudadanía se exprese si estaba a favor o en contra, y también se ponía en juego en la misma contienda la elecciones de representantes municipales y regionales.
La figura de Lasso se vio ampliamente deteriorada. La caída en ese momento fue frente a los candidatos vinculados al correísmo, que volvió a entrar en la escena de la política luego de un tiempo de ostracismo, desde que fueron derrotados por el actual presidente, y sufrió el exilio de su principal líder perseguido por la justicia, en otro caso de lawfare.
Tras el golpe que significó la derrota en las elecciones, Lasso se vio salpicado por un escándalo de corrupción. Los casos están vinculados a contratos en cuatro empresas estatales de petróleo, telecomunicaciones y energía eléctrica que tocarían a varios funcionarios del Gobierno ecuatoriano.
Los primeros indicios de irregularidades se conocieron el 6 de enero pasado por la publicación de unos audios que revelarían una supuesta red de corrupción en las empresas del Estado. A partir de ese momento, la Fiscalía abrió una causa judicial para investigar la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. La investigación que llamó caso Encuentro, en alusión al slogan que usaba el Gobierno y que ahora lo ha cambiado a solo Gobierno del Ecuador. El caso Encuentro ha dejado ocho allanamientos por parte de la Fiscalía del Estado, un sismo de renuncias en 13 empresas públicas, un nuevo frente con la oposición en la Asamblea que conformó una comisión para investigar por su lado el presunto entramado de corrupción
La presidenta de la comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador que investiga la trama de corrupción que involucra al presidente Guillermo Lasso convocó a una sesión para debatir y aprobar el informe que recomienda el enjuiciamiento político del mandatario ecuatoriano. Los legisladores miembros de la Comisión especializada ocasional por la verdad, justicia y la lucha contra la corrupción, analizarán el documento resultante de más de un mes de investigaciones en torno al caso conocido como “El Gran Padrino” o “Caso Encuentro”. Al concluir las investigaciones, la comisión parlamentaria indicó que en los indicios encontrados se evidencia responsabilidad política de Guillermo Lasso, así como el presunto cometido de varios delitos penales.
Por otro lado, el debilitado presidencial se vio reflejado en la ruptura del diálogo que le hicieran unilateralmente las organizaciones indígenas. Estos diálogos habían comenzado en junio tras las protestas llevadas adelante por La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), mayor organización de indígena del país, quienes decidieron abandonar el diálogo con el Gobierno y exigir la renuncia de Lasso por “su incapacidad de gobernar”. Tras conocerse la noticia el presidente Guillermo Lasso pidió racionalidad a los líderes del movimiento indigena que decidieron romper el diálogo y exigir su renuncia.
El ministro de Gobierno ecuatoriano, Henry Cucalón dijo que el Gobierno rechaza “la actitud antidemocrática” de dirigentes que “en lugar de propender a un debate de ideas (…) han optado por, abruptamente, retirarse de las mesas de diálogo”, instaladas tras las violentas protestas de año pasado, que dejaron seis manifestantes muertos y 600 heridos.“Hacemos un llamado a la racionalidad, la convivencia pacífica y que la unidad de propósitos a favor del país sean los que primen”, manifestó el ministro. El Ejecutivo y la Conaie habían cerrado en octubre negociaciones que entablaron como parte de un “acto de paz” que puso fin a las manifestaciones de junio, pero sin lograr un acuerdo sobre combustibles, el tema más álgido.
A esto se suma que la oposición en el Congreso a través de legisladores de distintas tendencias se han pronunciado a favor de que Lasso concluya su mandato y adelante los comicios presidenciales programados para el 2025.
“No hay capital político que sostenga al presidente Lasso”, por lo que el mandatario debería “convocar la muerte cruzada, disolver la Asamblea y adelantar elecciones”. En Ecuador, la facultad constitucional de anticipar elecciones mediante la disolución anticipada de los poderes representativos se conoce popularmente como “muerte cruzada”. Este mecanismo puede ser activado mediante decreto por el presidente de la República o con votación en el Congreso. El correísmo que luego de las elecciones ha resurgido de sus cenizas, hoy se encuentra en una posición de avanzada sobre el gobierno y se ha hecho fuerte en varias regiones del país lo que ha envalentonado a sus legisladores que se encontraban en minoría, y hoy con la unidad con otros sectores del congreso han pedido que “en un correcto acto democrático”, se active la muerte cruzada. No es la primera vez que los legisladores de Rafael Correa piden que Lasso anticipe elecciones. Esta exigencia ha estado presente desde el inicio de mandato del gobierno.
Todas estas acciones muestran un Presidente que ya no tiene legitimidad, y que ha perdido los apoyos esenciales para mantenerse en el poder. La debilidad con la que cuenta el gobierno ha generado una crisis en el Ecuador que solo pareciera que pueda resolverse con la renuncia de Guillermo Lasso, quien se encuentra acorralado, y -si todo continúa de esta manera- no le quedarán muchas chances de que pueda evitar el llamado anticipado a elecciones.
