El gobierno nacional puso en marcha la desregulación de las Obras Sociales en el país. Lo anunció el lunes Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa y se oficializó hoy en el Boletín Oficial mediante el decreto 171/2024.
En el anuncio oficial el vocero presidencial subrayó que “esto le va a dar mucha más libertad” a los trabajadores, que podrían elegir la obra social a la cual derivar sus aportes desde que ingresan a un trabajo formal. Los cambios se tenían contemplados en el DNU 70/2023, en su capítulo referido a la elección de obras sociales y prepagas para trabajadores.
🗣️Manuel Adorni confirmó que el Gobierno publicará un decreto para desregular las obras sociales sindicales. "Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social que elijan desde el inicio de la contratación". Más información: https://t.co/FmF8F5QttK pic.twitter.com/NcrfINFEsI
— Ámbito Financiero (@Ambitocom) February 19, 2024
Se calcula que la medida abarca a más de 14 millones de trabajadores, e incluye desde empleados en relación de dependencia tanto del sector público como privado hasta monotributistas, empleadas domésticas y los más de 5 millones pertenecientes al sistema general.
“El derecho a la libre elección podrá ser ejercido por los afiliados titulares de los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660, entre cualesquiera de las entidades incluidas en dicha norma, con la excepción prevista en el artículo 9°”, señala el artículo 1° de dicho decreto publicado en el Boletín Oficial.
Entre otras cosas el decreto modifica el “plazo de permanencia” de un año en Obras Sociales que correspondan a cada rubro. De esta forma los trabajadores que ingresen a un trabajo en relación de dependencia podrán optar por la obra social que le corresponda, por otra o bien (la principal novedad) por una empresa de medicina prepaga.
Polémica en puerta: un (mal) negocio para la salud de las personas
La posibilidad de que los trabajadores no tengan que hacer aportes a su obra social es un ataque en varios frentes. Busca entre otras cosas atacar a los gremios que gestionan y manejan presupuestos de dichas obras sociales.
Las problemáticas con el sistema de servicios de salud argentino amenaza con tomar tintes dramáticos. Es una realidad que desde hace varios años las obras sociales están cada vez más desfinanciadas y con dificultades para dar prestaciones y realizar coberturas médicas para sus afiliados. En este sentido es factible que muchos trabajadores que estén en condiciones de afrontar el gasto de una prepaga elijan hacerlo, si consideran que van a gozar de una mejor salud.
Sin embargo es muy distinto el monto a pagar a una prepaga que lo que se paga a una obra social en términos salariales. “La obra social le da salud con el 9% de su salario bruto, así uno gane $300 mil o $2 millones, y no va a ser el caso de la prepaga, que le va a dar salud solamente si usted paga la cuota que va a estar en el orden de los $300 mil, $400 mil o $500 mil por mes”, expresó el médico y ex titular del PAMI durante la gestión de Mauricio Macri, Carlos Regazzoni al medio Cadena3.
El exfuncionario advirtió también: “Si usted llega a pasar todos sus aportes a una prepaga y en algún momento deja de pagarla porque no puede continuar con la cuota, cosa que está ocurriendo mucho, ¿A qué obra social va? Pierde completamente su obra social”, alertó y expresó que la medida “es un riesgo para las personas y para todo el sistema de salud es muy malo”.
Así las cosas, si bien la medida busca otorgar un negocio a las prepagas tampoco termina de convencer a las mismas ya que podría representarles un gasto extra a estas empresas el tener que garantizar a sus afiliados el Programa Médico Obligatoria (PMO), y además “tendrá que aportar el 20 por ciento al Fondo Solidario de Redistribución (FSR)” que lo hacen las obras sociales sindicales. Así lo advirtió el secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri, que explicó que estas son obligaciones que exige la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
De esta manera las prepagas podrían responder a esta situación aumentando aun más las cuotas de la afiliación y trasladando el gasto a sus afiliados; o bien judicializando dicha apartado de esta medida.
Este afán de ver un negocio en toda necesidad de las personas tuvo un capítulo más en la designación de Liliana González, propietaria de la “Clínica Psiquiátrica Dharma” al frente de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones dentro del ministerio de Capital Humano. La designación fue denunciada por el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación. Para el peronismo esta designación constituye un “conflicto de intereses”.
