El martes 4 de noviembre, los jueces federales Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vasquez y Otmar Osvaldo Paulucci absolvieron a los procesados entre los que se encontraban 14 policías federales, un guardia rural y dos civiles directivos de la fábrica siderúrgica Acindar. Todos acusados de liderar un escuadrón de la muerte conjunto entre la Triple A y Policías Federales. Es la primera vez que se juzga en Santa Fé a personal civil de una empresa que participó de la represión ilegal, antes de la última dictadura cívico-militar del año 1976 en el denominado “Villazo”.
Era marzo de 1975 y partió desde Buenos Aires una caravana de autos militares que tenía la extensión de un kilómetro por la Vieja Ruta 9, camino a Rosario. Al llegar a la ciudad santafesina de Villa Constitución, detuvieron, torturaron y asesinaron a obreros que estaban reclamando por mejoras de las condiciones laborales y el libre ejercicio sindical. El “Albergue de Solteros de Acindar” pasó a ser centro de detención de activistas locales, dirigentes y delegados gremiales de la lista marrón de la Unión Obrera Metalúrgica. Allí recibieron las torturas.
La abogada querellante Gabriela Durruty del equipo jurídico de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, declaró en exclusiva para ARG Medios: “Lo que se puede afirmar hasta el momento es que hay al menos una contradicción porque hay dos jueces que consideran que los delitos no ocurrieron. Que en principio no fueron probados porque absuelve de los delitos a todos los acusados en un fallo sin precedentes. Pero el Presidente del tribunal votó en disidencia y sí reconoció el hecho de los delitos. Entonces creemos que hay dos lecturas contradictorias. Hay una posibilidad de recurrir con mayor probabilidad de éxito que si fuera un fallo unánime”.
Para el juez Sutter Schneider, las detenciones ocurridas entre el 20 de marzo de 1975 y el 3 de mayo de 1976, sumado los 10 asesinatos ocurridos entre el 18 de abril de 1975 y el 8 de enero de 1976, constituyeron delitos de lesa humanidad. Las víctimas fueron secuestradas por estar vinculadas a la lista Marrón del gremio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, liderada por Alberto Piccinini.
Los abogados defensores, al momento de responder a los alegatos acusatorios, sostuvieron que no había ninguna prueba de los hechos de responsabilidad para quienes estaban acusados. Al parecer, así lo entendió la mayoría del Tribunal Federal. Los argumentos de los jueces se conocerán el 6 de febrero cuando se comuniquen los considerandos y los fundamentos del fallo.
Para entender este posicionamiento del tribunal hay que considerar el contexto político en el cual se dicta. Los jueces en un primer momento habían pautado para agosto la lectura del fallo. Pero en el transcurso del juicio se fue postergando el debate y se fueron pausando la frecuencia de las audiencias. Al comienzo, las mismas eran lunes, martes y miércoles pero después comenzaron a ser quincenales. En la instancia final, fueron 1 o 2 semanales y además, se fueron agregando audiencias. Por este motivo, se postergó la lectura del veredicto. Durruty explicó que: “Después de agosto pasó a septiembre y después a octubre. Finalmente, el mes pasado nos notificaron formalmente que el 4 de noviembre iba a ser la lectura.”
El veredicto no está firme porque aún no se conocen los argumentos. “Cuando eso suceda vamos a ir al máximo tribunal del país, que es la Cámara Nacional de Casación Penal. Allí, esperamos que en una mirada que aplique la razonabilidad básica que requiere el servicio de justicia se ordene que esta sentencia sea anulada. Pero sobre todo que se dicte un nuevo fallo acorde a la prueba presentada”. Esto expresó la abogada miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para ARG medios.
El proceso va a llevar un tiempo teniendo en cuenta la magnitud de esta causa. Llevó dos años de audiencia oral a más de 100 testigos. Los familiares y sobrevivientes esperaron 50 años para que estas aberraciones sean juzgadas y se haga justicia. “Nosotros vamos a recurrir con toda la expectativa porque así lo llevaron a delante los interesados que lucharon por tanto tiempo y no bajaron los brazos.”, exclamaron los abogados de organizaciones de Derechos Humanos. Este juicio no es uno más y no es casualidad que haya ocurrido este veredicto más allá del contexto político que es imposible ignorar. Se está juzgando la responsabilidad empresarial. Los acusados Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo eran directivos de Acindar.
Los acontecimientos del Villazo
El Villazo fue un gran hito del sindicalismo combativo. En marzo de 1975, la ciudad de Villa Constitución realizó una gran pueblada tomando la fábrica del cordón siderúrgico y la calle. Esto sucedió a partir del no reconocimiento de parte de la burocracia sindical al triunfo de la Lista Marrón de la UOM Regional, liderada por Alberto Piccinini. El 20 de marzo de 1975, el Gobierno Nacional a cargo de María Estela Martínez de Perón y la Triple A, desplegaron más de 4 mil policías y gendarmes en lo que se conoció como el “Operativo Serpiente Roja del Paraná”. Los hechos juzgados se enmarcan en la brutal represión donde se secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a los protagonistas del Villazo. El método del operativo fue la antesala del accionar de la dictadura cívico-militar de 1976.
Gabriela Durruty develó que: “Siempre desde APDH decimos que hubo responsables que vestían uniforme militar, sotana y traje empresarial. Estos últimos son más difíciles de llevar al banquillo de los acusados y mucho más condenar. Pero en este caso, se descubre que la empresa Acindar, cuyo presidente era Jose Alfredo Martinez de Hoz, dejó establecido cuál fué el objetivo final de aquellos que usurparon el poder gubernamental y desplegaron el más feroz de los genocidios en nuestro país.”
De ninguna manera se puede permitir este vergonzante fallo que daña la memoria de Villa Constitución. Porque sobre todo es una afrenta al pueblo argentino en desmedro de una tradición reciente, construida hasta incluso, por el mismo Poder Judicial de la Nación. En esta causa en particular, hay dos de los magistrados que condenaron a responsables en otros Juicios de Lesa Humanidad. Aún así, somos un ejemplo en el mundo sobre esta materia. Pero ahora, con estos resultados estamos retrocediendo a pasos agigantados en forma absolutamente irracional y cómplice de los genocidas.
