Las elecciones de octubre de 2026 ponen a Brasil frente a una encrucijada histórica. No se trata solo de un pleito regular, sino de un momento decisivo en el que 158 millones de electores decidirán en las urnas el destino de miles de cargos fundamentales para la arquitectura institucional del país, incluyendo la Presidencia de la República, dos tercios del Senado Federal (54 de las 81 bancas), 513 diputados federales, 27 gobernadores y miles de bancas en las asambleas legislativas de los 27 estados brasileños. Para el público internacional y para el campo progresista, democrático y de izquierda, la comprensión de la gravedad de este escenario exige lucidez.
El avance de la extrema derecha no es un accidente coyuntural, sino parte de una estrategia sistémica articulada tanto por la subordinación geopolítica a los centros de poder imperialista como por redes de conexiones corruptas y prácticas mafiosas que emergen a la luz del día.
La derecha parece fragmentada, pero apuesta al Clan Bolsonaro. Después de todo, es el grupo más subordinado a Washington.
Para el lector extranjero que acompaña la política brasileña a distancia, es fundamental comprender la magnitud criminal que rodea a la extrema derecha local. La biografía del clan Bolsonaro y de su red de apoyo está marcada por una vasta gama de ilícitos, que van desde las recurrentes “rachadinhas” —esquema de apropiación ilegal de salarios de asesores en gabinetes parlamentarios— hasta la consumación de actos de intento de golpe de Estado, culminando en los ataques del 8 de enero, que dieron 27 años de cárcel a Jair Bolsonaro.
La gravedad de esta articulación criminal cobró dimensiones alarmantes con el plan de entregar la posible transición de gobierno a Estados Unidos y a sectores extranjeros en caso de victoria de la extrema derecha, revelando un proyecto de traición nacional y subordinación colonial sin precedentes. Además de pedir más aranceles contra su propio pueblo, Flávio Bolsonaro (uno de los 4 hijos parlamentarios de Jair Bolsonaro) prometió a Trump y a Marco Rubio el gobierno de Brasil en caso de ser electo en octubre de este año.
Algunos episodios emblemáticos demuestran que el bolsonarismo opera mucho más allá de la divergencia ideológica. Se trata de un proyecto de poder asociado a verdaderas mafias económicas y políticas, que transita entre Estados Unidos, Israel y sus satélites de la extrema derecha que vienen ganando elecciones en América Latina. Las recientes revelaciones sobre los delitos de Fernando Cerimedo, que van desde el femicidio hasta la manipulación de resultados electorales, explican muy bien cómo es este tipo de gente.
El cerco inquisitorio y las fuertes evidencias que acorralan a figuras centrales de la derecha en negocios ilegales con operadores financieros, como el ejemplo de los cuestionamientos públicos enfrentados por Flávio Bolsonaro, quien fue grabado pidiendo más de 26 millones de dólares al mayor bandido de Brasil, el banquero Daniel Vorcaro.
Vorcaro dirigía el Banco Master, una institución que actualmente se encuentra en el centro de un gigantesco escándalo de fraudes financieros por más de 12 mil millones de dólares, y es señalado como el mayor delincuente financiero de Brasil. Desde hace meses, este esquema está siendo desenmascarado y combatido con firmeza gracias a los mecanismos de investigación del crimen organizado que fortaleció el actual gobierno del presidente Lula.
Esta derecha no duda en actuar como “puente” de intereses extranjeros, allanando el camino para el saqueo de Brasil. Mientras el imperialismo estadounidense y potencias aliadas rediseñan su cartografía de dominación —ya sea a través de la presión intervencionista de figuras como el senador estadounidense Marco Rubio, de la militarización de conflictos o de bloques regionales formados por gobiernos neoliberales en América Latina para exportar minerales críticos en beneficio de los intereses de Washington—, la extrema derecha brasileña actúa como un caballo de Troya para liquidar nuestra soberanía nacional.
El juego difícil: los desafíos del campo popular brasileño
Estos días leí un buen artículo, escrito por un gran compañero y analista de la política nacional. Tomo de él, de Ronaldo Pagotto, las ideas que me parecen condensar una síntesis que explica nuestros desafíos.
Pagotto sostiene que el campo popular y democrático enfrenta un tablero extremadamente adverso, marcado no solo por la fuerza y resiliencia de una derecha ruidosa, capilarizada y respaldada por el apoyo declarado de grandes corporaciones de tecnología y del extremismo global, sino también por la necesidad de gestionar un país inmerso en cuatro grandes crisis simultáneas y profundas:
1. La crisis presupuestaria: con enmiendas parlamentarias impositivas y secretas, y el llamado presupuesto «Pix», que mueve alrededor de 10 mil millones de dólares al año, lo que obligó a la Corte Suprema Federal (STF) —el más alto tribunal del país— a bloquear 24 millones de dólares de Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL, el partido de Bolsonaro), y citar a dirigentes partidarios ante un grave descontrol republicano.
2. La crisis en el sistema financiero: ilustrada por el colapso fraudulento del Banco Master, encabezado por Daniel Vorcaro, que ya involucra a figuras de la más alta cúpula del poder judicial, del parlamento y de los líderes partidarios.
3. La estafa a los jubilados del INSS: una trama criminal que perjudicó a cerca de 9 millones de jubilados y pensionistas administrados por el Instituto Nacional del Seguro Social (el INSS, que es el organismo de seguridad social de Brasil), lo que provocó la destitución de la dirección del organismo y del ministro, y exigió la mayor indemnización de la historia (más de 600 millones de dólares pagados a 4,8 millones de víctimas).
4. La crisis institucional en la Suprema Corte: La más grave desde la fundación de la Corte, marcada por el hecho sin precedentes de que tres de los once ministros del Supremo Tribunal Federal ya se encuentran directa o indirectamente implicados en filtraciones y presiones, además de decenas de parlamentarios, grandes empresarios y operadores del sistema financiero enredados en investigaciones de chantaje golpista e injerencia extranjera.
En este contexto de escepticismo y malestar social, la falta de fe abre el camino a falsos salvadores de la patria. A esto se suma la timidez y la falta de audacia de sectores de la amplia coalición gobernante para llevar a cabo reformas estructurales profundas, hacer frente a los privilegios rentistas, defender la soberanía nacional y promover una inclusión social efectiva, corriendo el riesgo de pagar el precio político por la gestión de un orden injusto y violento contra nuestro pueblo.
Las cinco tareas más urgentes del campo popular brasileño
Para derrotar la ofensiva reaccionaria en octubre de 2026 y fortalecer el camino hacia el desarrollo nacional, el campo popular debe asumir un conjunto riguroso de tareas estratégicas:
1. Hacer de la primera vuelta una demostración de fuerza: superar la desventaja histórica en la contienda por los votos de la segunda vuelta exigiendo un compromiso total desde la primera etapa, sin confiar ciegamente en márgenes ajustados ni apostar por la apatía del electorado.
2. Elegir una buena representación parlamentaria y gobiernos estaduales: vincular explícitamente la candidatura presidencial de Lula con los gobiernos de los estados, el Senado Federal y las bancas de diputados, garantizando una presencia efectiva en los grandes centros urbanos y en las ciudades del interior.
3. Competir por el 10 % final del electorado: llevar a cabo una búsqueda activa y un diálogo directo con el público indeciso mediante una línea directriz nacional clara y materiales didácticos contundentes, combatiendo la desinformación estructurada en redes de televisión por cable y sitios web en cadena. Al fin y al cabo, la contienda se está librando voto a voto, con muchas encuestas que indican un empate técnico en la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro.
4. Transformar la crisis en una contienda política: en lugar de limitarse a gestionar los escándalos (como el financiamiento del Banco Master al clan bolsonarista o el rescate multimillonario a los afectados por el INSS), el campo popular debe politizar las cuatro crisis, demostrando que el gobierno protege al pueblo mientras que la oposición articula el chantaje golpista y la injerencia extranjera.
5. Vencer en las calles, en las urnas y llevar adelante un proyecto nacional de desarrollo: la victoria electoral es solo el primer paso. Es necesario articular la defensa inmediata de la democracia con la construcción de un Proyecto Nacional de Desarrollo soberano, capaz de superar la economía dependiente y financiarizada, garantizar el trabajo, los ingresos y los derechos sociales, y profundizar la soberanía popular en Brasil.
Es en estas circunstancias el pueblo brasileño acudirá a las urnas el 4 de octubre y el 25 de octubre, para la primera y segunda vuelta, respectivamente. Más allá de elegir a Lula y a una buena mayoría de parlamentarios y gobernadores, nuestra lucha política refleja nuestro deseo y nuestra convicción de que un cuarto gobierno de Lula debe hacer más y mejores cosas por nuestro pueblo. Para combatir el crimen organizado y fortalecer nuestra democracia, debemos elegir y gobernar con Lula. Y eso significa más gente en el poder. Esa es nuestra tarea y nuestra lucha aquí.
*Giovani del Prete es miembro de la Dirección Ejecutiva de la Escuela Nacional Paulo Freire (@escola.paulofreire)
