Estados Unidos emitió una nueva orden de arresto contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, en un contexto de intensificación de las agresiones contra la isla, que desde enero enfrenta una política de asfixia energética por parte de Washington. La Habana calificó la medida como un “patético circo miamense” con trasfondo electoral.
Esta vez, la acción judicial fue impulsada por las autoridades del estado de Florida, donde la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial, firmó una orden de arresto contra el exmandatario cubano por el derribo de dos avionetas de la organización del exilio Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas.
“Lo que ocurrió no fue un accidente, fue un asesinato. Las pruebas dejan más que claro que hubo una conspiración”, afirmó el fiscal general de Florida, James Uthmeier, durante una conferencia de prensa en la que compareció junto a Jason Reding Quiñones, militar y fiscal del Distrito Sur de Florida, además de activo militante de la derecha cubana en el estado.
Si bien no existe una prohibición legal, los jueces estadounidenses no suelen ofrecer conferencias de prensa para pronunciarse sobre los casos que llevan. La comparecencia, realizada en la Universidad Internacional de Florida (FIU), una institución vinculada a la derecha cubana de Miami, es vista por diversos sectores como una iniciativa con una fuerte motivación política.
“Aunque hoy no lo vamos a llevar a la cárcel, al menos que yo sepa —no sé, quizá haya alguna sorpresa—, esto tiene consecuencias reales, no es solo un papel”, amenazó Uthmeier, en una clara alusión al secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro. “El señor Raúl Castro no puede simplemente salir de su país y moverse libremente. Si por cualquier motivo acaba en un país amigo con el que tengamos acuerdos de extradición, terminará aquí”, agregó.
La Fiscalía Estatal sostiene que tiene jurisdicción para emitir la orden porque, según argumenta, integrantes de la Red Avispa habían recabado información sobre Hermanos al Rescate desde Miami. Para la fiscalía, estas actividades en territorio floridano justifican la intervención de la justicia estatal.
La Red Avispa fue una red de espionaje cubana infiltrada en grupos terroristas que operaban desde Estados Unidos, principalmente en Florida, con la protección de las autoridades de ese país. Sus integrantes transmitían a La Habana información sobre posibles ataques.
La orden se suma a la acusación formal presentada por un gran jurado federal el pasado 20 de mayo, también en Florida, pero bajo jurisdicción federal. En ese momento, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Un “patético circo miamense”
A las pocas horas de conocerse la nueva acusación de Estados Unidos, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la acción judicial como una maniobra política “sin valor jurídico ni efecto práctico” contra la isla.
El mandatario describió el proceso como un “patético circo miamense” con trasfondo electoral y condenó la iniciativa contra Raúl Castro y Cuba.
“Esta maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos contra Raúl y contra Cuba merece nuestra firme condena”, afirmó Díaz-Canel en redes sociales. Además, sostuvo que la acción “forma parte del afán agresivo y responde a los tropiezos al intentar justificar el bloqueo y el castigo colectivo contra nuestro pueblo”.
Asimismo, el presidente cubano afirmó que cualquier afrenta contra Raúl encontrará la respuesta de quienes defienden la Revolución cubana.
El derribo de los aviones
El 24 de febrero de 1996, aviones de combate de la Fuerza Aérea cubana interceptaron y derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate, una organización de cubanos en Estados Unidos. Cuatro personas murieron en el incidente. Una tercera aeronave, pilotada por el fundador del grupo, José Basulto, logró escapar y regresar a Florida. Basulto era veterano de la invasión de Playa Girón de 1961 y había colaborado con la CIA en operaciones contra la Revolución cubana.
El derribo se produjo tras meses de incursiones ilegales de Hermanos al Rescate en el espacio aéreo cubano. En varias ocasiones, sus aeronaves sobrevolaron La Habana a baja altura para lanzar miles de panfletos contra el gobierno de la isla. Las autoridades cubanas denunciaron reiteradamente estas operaciones como violaciones de su soberanía y exigieron a Washington que pusiera fin a los vuelos.
Documentos desclasificados de la Administración Federal de Aviación (FAA), el Departamento de Estado y la CIA, recopilados por el National Security Archive de la Universidad George Washington, revelaron que las autoridades estadounidenses habían advertido sobre el riesgo de un derribo si continuaban las incursiones. Pese a esas advertencias, Washington no tomó medidas para impedir que la organización continuara con sus vuelos.
El derribo provocó una grave crisis diplomática y fue seguido por la aprobación, en 1996, de la Ley Helms-Burton, que endureció el bloqueo estadounidense contra Cuba y amplió su alcance extraterritorial. Tres décadas después, el caso vuelve a cobrar relevancia en un contexto marcado por la intensificación de la guerra económica de Estados Unidos contra la isla.
