En un nuevo y alarmante episodio de persecución, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) denunció este miércoles un allanamiento violento en su sede del barrio de Constitución, llevado a cabo por la Policía Federal bajo la orden del juez Julián Ercolini.
Este operativo, que se extendió por aproximadamente cinco horas, se desarrolló en el marco de una investigación relacionada con la firma de convenios estatales para la confección de guardapolvos.
El allanamiento comenzó a las 9:30 de la mañana, en medio de una larga fila de personas que se encontraban en el lugar en busca de un plato de comida, un claro reflejo de la labor solidaria que la UTEP realiza día a día en los barrios más vulnerables del país.
A pesar del despliegue de fuerzas, la Policía no secuestró ningún material, lo que plantea serios interrogantes sobre la verdadera motivación de este operativo.
La UTEP, que ha sido una voz crítica frente a las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, particularmente en lo que respecta a la falta de envío de alimentos a comedores populares desde principios de este año, denunció la violencia y la arbitrariedad con la que se llevó a cabo el allanamiento.
En un comunicado, la organización expresó que “por pedido del juez Julián Ercolini, la Policía Federal irrumpió con violencia en el lugar donde se desarrollaba un comedor comunitario, preguntando por una cooperativa desconocida que ni siquiera tiene domicilio en el lugar”.
Este ataque, lejos de ser un hecho aislado, se enmarca en un contexto de creciente criminalización y hostigamiento hacia las organizaciones sociales que, como la UTEP, luchan por los derechos de los sectores más desfavorecidos.
Resulta paradójico, como señala el comunicado de la UTEP, que “en el barrio donde los transas están más que tranquilos, la policía y la justicia persigan a una cola de gente esperando que le sirvan el alimento”.
La acción de las fuerzas de seguridad bajo el mando de un poder judicial alineado con los intereses del Gobierno Nacional no solo es un ataque a la UTEP, sino también a todos aquellos que día a día sostienen la red de contención social en los barrios más golpeados por la crisis.
En lugar de garantizar los derechos básicos de la población, el Gobierno parece decidido a acallar a quienes denuncian sus fallas y a quienes organizan la resistencia desde abajo.
