Colombia siempre ha sido una prioridad en la estrategia geopolítica de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Históricamente, se ha configurado como uno de los principales aliados hemisféricos de Washington para la garantía de la presencia estadounidense en territorios nuestroamericanos, con especial importancia por su presencia en el Amazonas, y su enorme frontera con Venezuela. Sin embargo, con la tercera población más grande del continente – más de 50 millones de personas – y la cuarta economía más importante de la región, Colombia ha iniciado en estos casi cuatro años de gobierno un giro estructural del orden dominante en el país con relación a su política de soberanía e integración regional, y hoy se constituye en uno de sus principales defensores.
Con firmes posiciones de defensa de la soberanía frente a los ataques que han impulsado los Estados Unidos en contra de la región – que van desde falsas acusaciones de vínculos con el narcotráfico al presidente Gustavo Petro, pasando por el bombardeo de lanchas de pescadores en el Caribe colombovenezolano, la profundización del bloqueo a Cuba, o el bombardeo sobre Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores el pasado 03 de enero – Colombia se ha posicionado como una de las principales voces regionales y globales en defensa de los Derechos Humanos, llevando inclusive a los propios escenarios multilaterales, la acusación de genocidio contra el estado terrorista de Israel y los Estados Unidos por sus acciones contra el pueblo palestino.
Haber perdido la alianza estratégica con Colombia ha sido una de las preocupaciones de los Estados Unidos en la región, que ha recuperado a través de métodos fraudulentos de intervención electoral, así como de construcción y financiación de líderes en la región, un panorama de gobiernos aliados en el continente. La fotografía del “Escudo de las Américas” muestra una reconfiguración del panorama regional que destaca aún más la importancia de los procesos que aún mantienen administraciones de corte progresista en América Latina y el Caribe, entre esos particularmente los gobiernos de México, Brasil y Colombia.
Estas preocupaciones que no son sólo retóricas, quedaron en evidencia con la publicación del denominado Hondurasgate, un escándalo que ha demostrado la articulación y coordinación política de importantes referentes de la ultraderecha continental, bajo la orientación de Washington, con el fin de atacar los gobiernos mencionados anteriormente y buscar la inestabilidad en dichos países. Protagonizado por el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández – condenado por delitos de conspiración para traficar narcóticos, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas de fuego en la Corte Federal de Nueva York, e indultado por el presidente Donald Trump días antes de las elecciones en Honduras – el Hondurasgate reveló la participación y financiamiento de Donald Trump, Benjamín Netanyahu, y administraciones de la ultraderecha continental como la de Javier Milei en Argentina, en la creación de una “unidad digital” dirigida a afectar la gestión de Petro y Sheinbaum en particular, y los panoramas electorales que atraviesan estos países, respondiendo claramente a las intenciones evidenciadas en la misma estrategia de seguridad nacional publicada por la Casa Blanca el pasado diciembre en la que hacen referencia al reforzamiento de la Doctrina Monroe, bajo el ahora corolario Trump.
Los posicionamientos de Colombia en la geopolítica actual han significado una transformación importante en el país que otrora fuera casi el principal aliado de los EE. UU. en la región. Sin embargo, las preocupaciones del imperialismo y las razones de los ataques de la derecha continental no responden solamente a factores relacionados con la política exterior, sino con las conquistas que ha significado el Gobierno de Gustavo Petro en la política doméstica en el país.
El Gobierno de Gustavo Petro y el inicio del proceso de cambio
El próximo 7 de agosto el Gobierno de Gustavo Petro llegará a su fin, y con él terminará la primera experiencia de dirección progresista en el país. La gestión inició hace cuatro años con la propuesta de construir una Colombia Potencia mundial de la Vida, como se tituló el programa de gobierno con el que se ganaron las elecciones en junio de 2022, y a partir del cual pudo desarrollar, durante sus años en la Casa de Nariño, una verdadera transformación en el país, en aquellas áreas sensibles y prioritarias de sus promesas de campaña.
El gobierno del Pacto Histórico ha significado un parteaguas en la historia de un país que había tenido siempre como dirigentes a las más poderosas familias de la oligarquía y la burguesía nacional, terratenientes y latifundistas, alineadas siempre a los intereses extranjeros en nuestro territorio. Con la llegada de Gustavo Petro se dio vuelta la tortilla, como dice la popular canción republicana, y se pusieron en el centro de los intereses del ejecutivo, la garantía y la ampliación de los derechos de las mayorías empobrecidas del país, y el desarrollo de avances y reformas orientadas a la transformación social para los sectores populares.
Las estructuras de poder se vieron amenazadas por los avances de la gestión del Pacto Histórico en áreas estratégicas: bajo la política de Reforma Agraria se entregaron formalizadas más de 2 millones de hectáreas a las comunidades rurales del país, y se reconoció formalmente al campesinado como sujeto de derechos; la tasa de desempleo bajó a 9,2% en febrero de 2026, la cifra más baja del siglo; cerca de 1,6 millones de personas salieron de la pobreza monetaria, y cerca de 2,5 millones salieron del hambre, a pesar de los intentos de frenarla por parte de la oposición; se consolidó la reforma laboral que redujo la jornada laboral y el aumento de los recargos por horas extras; se hizo un aumento del salario mínimo vital de un 23,4% acumulado en los cuatro años de Gobierno, mejorando los ingresos de 2,4 millones de personas; se dio un aumento significativo al financiamiento de la educación superior pública respondiendo a un reclamo histórico del movimiento estudiantil; se garantizó el aumento del bono pensional para más de 3 millones de jubilados/as; en materia de transición energética, la energía solar superó al carbón en la generación anual de electricidad, y se crearon casi 300 comunidades energéticas. A estas cifras se suma el dato del récord mundial de incautación de cocaína con 3.417 toneladas, la reducción del 39% en la deforestación nacional y el pago total de la deuda con el FMI heredada de la administración anterior, según las propias cifras del gobierno.
La continuidad del proyecto en la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué
Hoy Colombia no solamente está frente a la posibilidad de continuar el proyecto de cambio iniciado hace cuatro años, y que ha impactado en la mejora en las condiciones de vida para las grandes mayorías, sino está frente a la posibilidad de profundizar un proyecto en el que el centro esté puesto en la vida y no en el capital.
Iván Cepeda es uno de los nombres más destacados de la lucha social en Colombia, siempre cercano al movimiento popular en el país. Con una larga trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos y en el Congreso de la República, donde se desempeña como senador desde el año 2014, Cepeda mismo es víctima del conflicto político, social y armado, pues su padre, Manuel Cepeda Vargas – un histórico dirigente comunista y senador por la Unión Patriótica – fue asesinado en 1994 en la ciudad de Bogotá, en el marco del genocidio cometido por fuerzas estatales y paraestatales contra las y los militantes de este partido político.
Por su parte, Aida Quilcué es una de las principales lideresas indígenas del país. Es consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y actualmente se desempeña como senadora en el Congreso de la República. Aida es víctima también del conflicto, pues su esposo, también líder indígena, fue asesinado por el ejército en el año 2008.
En su programa de gobierno “El poder de la verdad”, organizado en la propuesta de tres revoluciones, Iván y Aida han sintetizado las principales necesidades que atraviesa hoy el pueblo colombiano, y que empezaron a ser abordadas en el Gobierno de Gustavo Petro – y que deben ser prioridades para la continuidad del proyecto del cambio: la Revolución Ética, la Revolución Económica y Social y la Revolución Política y Democrática.
En su propuesta, la Revolución Ética implica una transformación radical en la forma de hacer política, en la conciencia social, la educación y la cultura. En un país con hondas heridas relacionadas con la violencia, la corrupción, la indiferencia, la violencia patriarcal, la utilización de la política como el escenario para hacer dinero fácil, y en un contexto regional y global atravesado por la crueldad y la desesperanza, una revolución de esta naturaleza implica una apuesta por la humanidad y por el futuro. La Revolución Económica y Social, concentrada en la superación de la pobreza y la desigualdad que sufren las grandes mayorías del país, dentro de la cual se encuentra la propuesta de una Revolución Agraria con redistribución, restitución y recuperación de tierras, uno de los elementos más importantes para el pueblo colombiano, teniendo en cuenta el origen del conflicto profundamente relacionado con la tenencia y el acaparamiento de la tierra en el país, así como otras propuestas vinculadas con la transformación territorial y la revolución urbana.
Finalmente, una Revolución Política y Democrática, enfocada en el fortalecimiento de la democracia como la más amplia participación en el diseño y decisiones de las políticas que afectan a las grandes mayorías, así como el reconocimiento de las estructuras organizativas de la propia sociedad; en la lucha por la paz con justicia social, económica y ambiental para superar el conflicto político, social y armado desde el diálogo y la negociación, y en la defensa de los derechos humanos y el derecho a la vida, tan vulnerado en la historia del país.
La campaña que ha desarrollado el Pacto Histórico ha dado fe, en la forma misma, de los principios fundamentales de su propuesta política: caracterizada por la austeridad y la sencillez, sin grandes vallas publicitarias o espacios en el horario prime time de la televisión nacional, Cepeda ha basado su campaña en recorrer el país en sus cuatro puntos cardinales y llenar plazas públicas para dar a conocer sus propuestas, en el voz a voz callejero, la articulación con las organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, entre otras, entrelazada con la creatividad popular que hoy tiene miles de ventanas en el país con fotografías y diseños con los rostros de Iván y Aida.
La correlación de fuerzas detrás de las máscaras de la extrema derecha
Todas las encuestadoras evidencian un panorama preocupante para las ultraderechas que habitan el ecosistema político colombiano: la posibilidad real de que Iván Cepeda sea el próximo presidente del país, ya sea en primera o en segunda vuelta. Con porcentajes que oscilan entre el 37 y el 44% de las intenciones de voto por Cepeda, las ultraderechas – ya sea la clásica, representada en la candidatura de Paloma Valencia por el partido de Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, o la “nueva”, en cabeza de Abelardo de la Espriella, un Milei criollo que se ufana de no estar en la política de los de siempre y recibe financiamiento de algunas de las familias más poderosas del país – se encuentran en una competencia entre cuál de las dos expresiones puede ganarle a Cepeda, acudiendo a todos los medios posibles.
En ese marco, fue revelado a fin del mes de abril el denominado Proyecto Júpiter, un plan de empresas y think tanks de la derecha colombiana que desarrolla talleres y estrategias digitales para intervenir en las elecciones a través de la generación de contenido masivo en redes sociales con tres planteamientos centrales: sembrar miedo, indignación e incertidumbre respecto la candidatura del Pacto Histórico, con un impacto de cerca de 17 millones de personas según el propio Jaime Bermúdez, excanciller de Uribe Vélez y organizador del proyecto.
Estas fuerzas de oposición – de ultraderecha ambas, solo que de estilos diferentes – llegan con importantes divisiones a esta primera vuelta electoral, pero sin duda no tendrán reparo en construir puentes de unidad en el eventual escenario de una segunda vuelta, con tal de vencer a Iván Cepeda. De ninguna manera el panorama es sencillo, pues tienen de su lado a toda la maquinaria política del país, gran parte del empresariado, y la bendición de Washington para hacer lo que sea necesario para derrotar al Pacto Histórico y conquistar escenarios como el evidenciado en el Hondurasgate.
Por su parte, el desafío de las fuerzas populares del país está en profundizar los escenarios de diálogo y campaña con el pueblo colombiano en las calles y plazas, escuchar, conocer, proponer y explicar que estamos en medio de un momento histórico. Es una responsabilidad no sólo con la coyuntura nacional, sino sobre todo con el contexto regional y global: conseguir una victoria en Colombia es una victoria del futuro, la certeza de que superar la violencia y el despojo es posible con la continuación de procesos alternativos en la dirección política del continente, acompañados siempre por las grandes masas del pueblo, con su claridad histórica y su irrestricta defensa de la alegría, constructora de “una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.
Artículo publicado originalmente en Globetrotter
