Allanamientos a organizaciones: persecución, estigmatización y ajuste

La causa contra Pettovello, el aumento de la conflictividad, la demanda por la licuación de los programas sociales, son todos condicionantes a un gobierno que apunta con fuerza sus cañones contra las organizaciones sociales.

Por
Juan Manuel Erazo
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Nada es casual. El gobierno elige utilizar en este momento la carta de las denuncias hacía las organizaciones sociales. Más de 4000 denuncias que, de ser ciertas, suponen solo 0,3% de los más de 1, 3 millones de titulares de Salario Social Complementario (SSC). Denuncias que podrían ser auditadas (incluso judicializadas) sin necesidad de la espectacularidad cinematográfica desplegada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sin necesidad del asedio mediático impulsado por  Clarín, La Nación, y sus terminales corporativas.

Toda organización humana (el Estado, empresas privadas, ONG, asociaciones civiles) puede contener dentro de sí irregularidades y hechos de corrupción, abuso o extorsión. Pero el gobierno de Javier Milei, que glorifica al 1% de la población como paladines de una nueva era, no avanza sobre los balances dibujados de las grandes empresas, ni sus cuentas off shore. De hecho el presidente justifico públicamente la fuga de capitales y la evasión impositiva. Para un sector el blanqueo y las exenciones, para el otro las auditorias y la persecución judicial.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular tiene incluso mecanismos propios de auditoria y denuncia de casos de abuso o extorsión. Todos estos criterios fueron sistematizados en una carta de derechos y obligaciones de los titulares de SSC, condenando todo tipo de “aporte”, “comisiones” o “multas”. La carta ofrece líneas telefónicas y correos electrónicos de denuncia. Muchas organizaciones han expulsado referentes distritales, provinciales, hasta nacionales, por procedimientos irregulares. Algo que no suele suceder en empresas que encubren gerentes, CEOs o directivos que comenten serías infracciones internas o en relación al Estado.

Entonces, no. No hay una intención gran samaritana del gobierno nacional de “liberar del yugo” (en términos de Bullrich) a un sector de la población. Hay un “plan sistemático” (también en términos, penosos, de Bullrich) de avanzar perseguir, judicializar, estigmatizar y condicionar el accionar de las organizaciones sociales que pasaron de ser los héroes de la pandemia a los orcos de una película terrorífica.

Y como dijimos al principio, nada es casual. La salvaje represión a las organizaciones sociales en pleno centro porteño el pasado 10 de abril, la histórica movilización en defensa de la educación pública y el contundente acatamiento al paro nacional, son claves de un momento bisagra. Aún falta la posibilidad de una movilización masiva a la Plaza Congreso en vísperas de la votación en el Senado por la Ley Bases. La conflictividad va en aumento, una conflictividad tardía, retardada por el shock que supuso la incalculable transferencia de ingresos a los grupos económicos concentrados en base a un ajuste brutal y veloz.

En esa conflictividad los movimientos populares cumplen un rol central, por momento de chispa que enciende una mecha. Queda aún guardado en la memoria que las jornadas de protesta de diciembre del 2017 contra el gobierno de Mauricio Macri se inició el 13 de ese mes, con una masiva movilización de lo que en ese momento era la CTEP, junto a las CCC y Barrios de Pie (con los que luego conformaría la UTEP). De hecho el llamado a paro nacional por parte de la CGT se dio el mismo día en que las organizaciones sociales fueron salvajemente reprimidas por la Policía de la Ciudad.

Es por eso que el proceso persecutorio es acompañado por el ingreso de las “leyes antimafias” presentadas por la ministra de Seguridad. “Se incorpora la figura de REITERANCIA, usada en distritos como Mendoza para controlar férreamente a la población y también para encarcelar a los que protestan. La reiterancia se aplica ante la simple imputación de un delito. Arbitrariedad 100%”, señaló la diputada por el FIT Myriam Bregman en sus redes sociales, donde advirtió de la poca atención que se le presta lo que se viene en el tratamiento en comisiones.

Estos proyecto incluyen además todo tipo de delitos al Registro Nacional de Datos Genéticos, es decir, que por lesiones leves es Estado puede tener los datos de una persona por 100 años. Además prohíbe a las familias querellar en casos de gatillo fácil, aumenta las penas para los casos de resistencia a la autoridad, y establece “zonas sujetas a investigación especial”, es decir, zonas liberadas para la intervención exclusiva del ministerio de Seguridad.

Efectivamente nada es casual. Porque además la causa iniciada contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, está avanzando. La ministra es acusada de incumplimiento de sus funciones públicas. La justicia determinó que el ampara presentado por la UTEP avance y ordenó la inscripción del mismo en el Registro Púbico de Procesos Colectivos, es decir, que sus resultados serán extensibles a los demás comedores que se encuentren en la misma situación.

Pettovello se encuentra hoy imputada, aunque no hayamos visto esta palabra bien grande en las tapas de los principales diarios. A esto se suma la presentación en el fuero Contencioso Administrativo de la Justicia Federal para solicitar que el Gobierno Nacional del presidente Javier Milei “corrija las arbitrariedades” que comete en perjuicio de los programas sociales que se encuentran “congelados” y sometidos a un proceso de “licuación”.

Es factible que en estos días, la Mesa Nacional de Barrios Populares, que integra la UTEP pero también Caritas y TECHO, presente ante la justicia un amparo por las obras frenadas en barrios populares y el incumplimiento de los convenios firmados con el gobierno nacional.

Evidentemente la gestión Milei debe dar muchas explicaciones por la desgarradora situación social que atraviesa la Argentina. Lejos de modificar su rumbo, acelera su plan de ajuste e intenta estigmatizar mediática y judicialmente a todo aquel que se interponga en el medio. Confía mucho en su capacidad, ignora el poder de la Argentina invisible.