La Provincia de Jujuy sigue en pie de lucha contra la reforma parcial de la Constitución impulsada por Gerardo Morales a espaldas del pueblo. En las últimas 36 horas, docentes, campesinos, pueblos indígenas se mostraron movilizados a través de una Marcha de Antorchas, un verdurazo y diferentes cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.
Desde el oficialismo respondieron de la única manera que saben hacer: penalizando la movilización y señalando supuestos enemigos internos. En ese sentido, en la Legislatura, diputados del Frente Cambia Jujuy aprobaron sobre tablas la Ley 6350 que modifica el valor de multa que establece el Código Contravencional de la Provincia.
Además, crearon la Comisión Especial Investigadora, que incluye a 9 diputados, quienes analizarán pruebas por los hechos violentos en los enfrentamientos del 20 de junio en la Legislatura durante la aprobación de la reforma constitucional.
En Humahuaca, la policía realizó varios allanamientos a domicilios y la justicia dispuso 22 órdenes de detención, de las cuales ya se encuentran detenidas 5 personas por los delitos de sedición y privación ilegítima de la libertad, entre otros.
“Mi hijo fue citado a la policía sin un motivo preciso a las 10 de la mañana y directamente lo metieron preso, luego al mediodía me entero de que lo llevaron a San Salvador de Jujuy”, denunció a la prensa local Carola Zamboni, madre de uno de los detenidos.
Los docentes, empleados municipales y sindicalistas que participaron de la movilización del 30 de junio están recibiendo órdenes de allanamiento y pedido de detención por parte del fiscal Alancay.
Desde el CELS señalaron que, con esta acción, “el Gobierno (de Morales) cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas”. “La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social. Ese día la Policía de Jujuy reaccionó reprimiendo a quienes se manifestaban: hubo personas heridas graves, entre ellas jóvenes que perdieron la visión”, subrayó el CELS.
Morales contra la educación pública
El gobernador radical también apuntó contra dos universidades nacionales: la UBA y la UNJu. Contra la primera de las universidades prometió expropiar la sede de la UBA en Tilcara.
«Los de la Universidad de Buenos Aires que están acá en Tilcara, que hicimos trámites… yo ya hice una presentación a la UBA, si no me contestan vamos a expropiar… Esos son los que incentivan los cortes, no todos, la mayoría de los empleados son los que incentivan el corte en Tilcara. Sabemos quiénes son, tenemos la identificación… ponían las camionetas de la Universidad para llevar… Todos esos están cometiendo delitos, todos esos van a tener condena, todos esos van a tener problemas, porque le han hecho la vida imposible al pueblo jujeño. Esto no va a quedar así… Vamos a terminar de imponer el orden.«, aseguró Morales en declaraciones al Canal 7 de Jujuy.
Ayer en el Canal 7 de Jujuy acusó a “los de la Universidad de Buenos Aires” que residen en Tilcara de incentivar los cortes de ruta, amenazó con expropiar el CUT que pertenece a la UBA e hizo referencia a que “los tienen identificados” y que van a tener “condena”. pic.twitter.com/cWySpcujCy
— Feduba (@feduba) July 11, 2023
Asimismo, la policía de la provincia ingresó al predio de la Universidad Nacional de Jujuy en medio de una sesión del Consejo Superior donde se discutía sobre expresarse institucionalmente sobre los cambios en la Carta Magna.
Desde la UNJu repudiaron la presencia de uniformados y denunciaron que se violó la autonomía y autarquía universitaria y la libertad de cátedra, además de la Ley de Educación Superior que en su artículo 31 que establece que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
