En Argentina las locas de Plaza de Mayo
serán un ejemplo de salud mental
porque ellas se negaron a olvidar
en los tiempos de la amnesia obligatoria
Eduardo Galeano
Por Erika Gimenez y Julián Inzaugarat
A 45 años del último Golpe de Estado, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia siguen distinguiendo al país a escala global. Argentina fue pionera a nivel internacional en conformar una comisión de la verdad, enjuiciar a los máximos responsables de la violencia de Estado y se destaca hasta hoy por sus esfuerzos en construir memoria en las nuevas generaciones.
En ese recorrido, tuvo un rol central la sociedad movilizada y los organismos de derechos humanos, que en su militancia activa denunciaron también los modelos excluyentes y la gobernabilidad basada en el orden y la mano dura.
Una mirada global, demuestra que muchos países han elegido caminos diferentes para enfrentar las violaciones a los derechos humanos en sus territorios.
España
Las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) aún ven denegado su acceso a justicia y reparación.
“La cuestión de los derechos humanos en España por los crímenes del franquismo siempre ha sido una cuestión insatisfecha. Siempre se ha hecho recaer en las víctimas del franquismo la responsabilidad de que la democracia haya podido consolidarse. El olvido como condición necesaria de la pantomima que hoy se llama democracia en España”, explica el analista político, Iván Orosa.
El Estado español ha desplegado toda una serie de acciones de desmemoria, como la Ley 46/1977 de Amnistía, la prescripción de los delitos o la no retroactividad de las sanciones penales desfavorables, entre otras. Ninguno de los poderes ha facilitado la investigación de esos graves abusos de derechos humanos, que incluyen tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad.
La Ley de Amnistía aprobada en octubre de 1977, establece en su Artículo 2.f que quedan incluidos en la amnistía “los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. De ese modo quedaba declarado impune cualquier delito o violación de los derechos humanos cometida antes del 15 de diciembre de 1976.
El Parlamento español no solo ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía, que contradice las obligaciones internacionales contraídas por España, sino que se resiste a ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU.
Una de las organizaciones de Derechos Humanos más destacadas en España es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que surgió a raíz de la exhumación de una fosa común en la que se encontraban los restos de 13 republicanos civiles asesinados por un grupo de pistoleros falangistas. Desde entonces han llevado adelante decenas de exhumaciones de fosas comunes. En 2002, lograron también que la Comisión Constitucional del Congreso condenara unánimemente el golpe de estado franquista.
Las víctimas del franquismo han encontrado en el principio de jurisdicción universal una vía para buscar la justicia que el Estado español les niega. En 2010, tras la querella interpuesta por familiares de víctimas del franquismo en Argentina, se ha abierto la única causa en el mundo para juzgar los crímenes del franquismo.
“Se ha estado más cerca de poder llegar a juzgar dichos crímenes con la querella Argentina que con cualquier Tribunal del Estado español. La judicatura en el Estado español es mayoritariamente conservadora y en muchos casos vienen directamente del régimen franquista” afirma Edurne LH, periodista de La Haine y militante trans.
Desde España, Ivan Orosa agrega: “América Latina ha sido una referencia en cuestión de derechos humanos. Yo particularmente tuve la suerte de conocer a compañeros y compañeras de HIJOS, con ellos estudié y me he quedado asombrado de la vigencia y la vitalidad que tiene esa lucha. Es una agenda movilizadora que se proyecta intergeneracionalmente hasta que se consiga el juicio y castigo a los culpables”.
Chile
En Chile el Plan Cóndor desplegó sus alas como en toda Latinoamérica. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, en calidad de Comandante en Jefe del Ejército de Chile, encabezó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Tras el bombardeo a La Moneda, el poder fue asumido por una Junta Militar de Gobierno, liderada por Pinochet.
De acuerdo con los informes oficialmente reconocidos por el Estado, la dictadura en Chile dejó más de 44.000 víctimas, entre ellas 3.216 muertos, de los cuales 1.185 fueron detenidos-desaparecidos. A estas cifras se suman cerca de 33.000 detenidos y torturados, además de 200.000 exiliados. El estadio Chile y el Nacional se convirtieron en dos de los principales centros de detención.
De acuerdo con el último informe anual del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, desde julio de 2010, la Corte Suprema finalizó 214 causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet, con 532 agentes involucrados. Las condenas efectivas de cárcel fueron de 462 en el mismo periodo.
La impunidad de Pinochet marcó la historia de Chile. Pinochet participó activamente en la política nacional como senador vitalicio hasta 2002, cuando renunció. Su fuero parlamentario no impidió que se iniciaran diversos procesos judiciales en su contra. Un caso emblemático fue su detención en Londres en octubre de 1998 y el caso Riggs, que lo acusaba de malversación de fondos públicos.
“Pinochet nunca enfrentó un juicio en Chile. Hasta 2002 tuvo un poder de facto, lo que se conoce como la transición chilena es el pacto de impunidad. Los juicios han sido muy lentos, a cuenta gota. El paralelo con Argentina es brutal, porque muestra la impunidad en Chile. Primó la impunidad, con juicios que empezaron muy tardíamente, la herida de la dictadura sigue abierta”, explica Sebastián Farfan, desde Chile.
Pinochet nunca pisó una cárcel chilena. El dictador estuvo detenido en Reino Unido durante 503 días. Inglaterra decidió poner fin a su detención, acogiendo la petición de la defensa que argumentó la imposibilidad de ser juzgado debido a su estado de salud. Luego fue extraditado a Chile, donde tampoco fue sometido a juicio. Al momento de su muerte, contaba con una orden de detención en curso y con más de 400 querellas en su contra por violaciones de los derechos humanos.
Uruguay
Así como en Chile, la dictadura cívico-militar en Uruguay comenzó en 1973 y se extendió hasta 1985. Juan María Bordaberry fue elegido constitucionalmente en 1972, sin embargo al año siguiente prohibió los partidos políticos, disolvió el Parlamento y creó un Consejo de Estado —controlado por militares y policías— como órgano superior de su Gobierno. A diferencia del resto de los países de la región, un civil encabezó el golpe de Estado.
En 1976 Bordaberry dejó el mando del gobierno de facto por no concordar con los militares. Si bien tuvo que dejar el país, continuó siendo agente del Plan Cóndor como servicio de inteligencia. Recién en 2005 enfrentó un juicio por el asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutierrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Al mismo tiempo lo juzgaron por atentar contra la constitución y por otros 11 crímenes que incluyen desaparición forzada y dos asesinatos. Sólo estuvo un año en la cárcel, el resto del tiempo gozó de arresto domiciliario. Murió en 2011.
Juzgar a quienes fueron responsables de las atrocidades de la dictadura militar uruguaya sigue siendo al día de hoy un tema complejo. En 1986 se aprobó la Ley de Caducidad que brindaba amnistía a militares y policías que violaron los derechos humanos durante 1973-1985 y delegaba en el gobierno democrático la decisión de los casos que podían ser juzgados.
Si bien la norma nunca fue anulada, la aprobación en 2011 de un proyecto de ley interpretativo de la Constitución determinó que sus efectos fueran eliminados del ordenamiento jurídico uruguayo hasta 2013, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos de esta normativa. En la actualidad, desde el partido Cabildo Abierto, pretenden reinstalar el debate que busca mantener impunes los delitos de lesa humanidad.
El Plan Cóndor operó de manera similar en cada uno de los países del cono sur: 197 personas estuvieron detenidas y luego desaparecidas en Uruguay. Sólo se han encontrado restos de cinco uruguayos, a esto se le suman 123 asesinatos por causas políticas. Organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos y desaparecidas se movilizan todos los 20 de mayo en la que se conoce como la marcha del silencio.
Brasil
El 31 de marzo de 1964 comenzó la dictadura brasileña que derrocó al expresidente Joao Gulart, un gobierno de facto que duró más de 20 años. 140 personas fueron detenidas- desaparecidas oficialmente. Recién en 2010, la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) publicó que los asesinatos cometidos por los militares fueron 421, aunque hay personas que no están incluidas porque sus familiares jamás lo denunciaron; se estima que la cifra es mayor. A diferencia de Argentina, en Brasil existe un amplio consenso de que durante la dictadura el país era próspero.
Hacia finales de la década del ‘70 se promulgó la Ley de Amnistía que perdonó los crímenes cometidos durante la dictadura. Más de 25.000 presos políticos fueron liberados y, a su vez, garantizó que los militares y sus cómplices no fueran juzgados.
En la actualidad, quien defiende los crímenes de lesa humanidad y las torturas por considerarlas “necesarias” es nada menos que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Funcionarios de su propio gobierno son militares. Bolsonaro busca que el 31 de marzo se conmemore como un día destacado para la democracia brasileña, reivindicando así la dictadura militar.
