Los ataques al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil son cada vez más recurrentes y demuestran un ensañamiento del gobierno contra organizaciones populares.
La permanente persecución que sufren los integrantes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil sumó una nueva víctima este fin de semana. Enio Pasqualin, líder del movimiento en Paraná, fue encontrado muerto este domingo 25 cerca del asentamiento Ireno Alves Dos Santos, en el municipio de Rio Bonito de Iguaçú con señales de ejecución. Enio es una de las tantas víctimas de la violencia promovida por el actual gobierno brasileño, que califica al movimiento como “terrorista” y contra el cual promueve un discurso violento.
El caso de Enio ganó relevancia por mostrar indicios claros de ejecución. Según afirma el MST, Pasqualin fue retirado de su casa a la fuerza en la noche del sábado y encontrado al día siguiente con rastros de violencia propia de asesinos de alquiler. La Secretaría de Seguridad Pública de Paraná, que se encuentra al frente de la investigación, no se manifestó al respecto y la hipótesis del asesinato gana cada vez mas fuerza.
Sin embargo, no se trata de un caso aislado. El Movimiento sin Tierra es blanco permanente de violencia y persecución por parte del gobierno brasileño, quien a lo largo del 2020 ha llegado a enviar al ejército y a la policía militar a diferentes asentamientos para forzar desalojos sin presentar una alternativa para las miles de familias sin tierra.
El MST y las tierras improductivas
Brasil es uno de los países con mayor concentración de tierras en el mundo y esa práctica tiene sus orígenes en la colonización. En 1850, cuando se abolió el tráfico de esclavos pero antes de que se aboliera definitivamente la esclavitud, el imperio decretó la Ley de Tierras, que posibilitó la concentración que permanece hasta hoy.
La ausencia de un proyecto estatal que contemple las necesidades de campesinos y trabajadores excluídos impulsó el nacimiento del Movimiento en los años 80. La denuncia sobre la expansión de la frontera agrícola, los mega proyectos mineros y la mecanización de la agricultura como forma de contribuir en la eliminación de pequeñas y medianas unidades de tierra se volvieron la bandera del MST, que desde entonces impulsó un proyecto integral de ocupación de tierras improductivas para el asentamiento de familias sin techo.
Esas ocupaciones respetan una organización que tiene como centro la formación política y educativa de quienes conforman los asentamientos y proponen relaciones de producción cooperativas entre sus miembros. El trabajo de la tierra es un punto fundamental del MST, que hoy es el mayor productor de arroz orgánico de la región.
La presencia del movimiento en 24 estados con más de 350 mil familias conformadas en 100 cooperativas, muestra el crecimiento del MST desde su nacimiento, así como también la visibilización cada vez mayor de un problema crónico de Brasil en relación a la concentración de tierras y al consecuente hacinamiento de los sectores populares en las periferias.
Persecución y violencia
Desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro los ataques contra el MST se han recrudecido. El apoyo de Bolsonaro a medidas violentas para el desalojo tanto de asentamientos del MST como de territorios indígenas en favor de intereses privados tienen su origen en la tradición latifundista que el propio gobierno se dice orgulloso de defender.
Sólo en el año 2020 y en plena pandemia de la covid19, las amenazas en asentamientos de Bahía, Minas Gerais, Maranhão y Piauí mostraron el desprecio de algunos gobiernos provinciales alineados al presidente con la realidad de las familias.
En agosto, la policía militar desalojó el asentamiento de Campo Grande en Minas Gerais al mando del gobernador Romeo Zema, del Partido Novo. La operación no sólo avanzó en la expulsión de las familias sino que impulsó la destrucción de la Escuela Popular Eduardo Galeano y de las viviendas allí construidas.
En septiembre, más de 80 familias integrantes del asentamiento Clodomir de Moraes en el municipio de Ipueiras, en el estado de Tocantins, fueron amenazadas para desalojar las tierras, sin aviso previo y con la presencia de la policía militar y de representantes de la empresa Investco S.A. (supuesta propietaria de las tierras).
También en septiembre la Fuerza Nacional fue accionada en los municipios de Mucuri y Prado, al sur de Bahía, para realizar un desalojo solicitado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) por falta de documentación que el propio INCRA debía otorgar a los miembros del campamento.
En Piauí un asentamiento donde viven 75 familias que sobreviven a costa de la agricultura familiar y cuya documentación fue otorgada en 2003, también sufrió amenaza de desalojo. En este caso, la presión viene de parte de empresarios que, incentivados por el discurso adoptado por el gobierno nacional en relación a la ocupación de tierras, buscan apropiarse de los territorios con intimidación y amenazas.
En el municipio de Catalão, estado de Goiás, la policía militar ingresó de forma violenta al campamento de Oziel Alves con la intención de desalojar a las 35 familias que se encuentran en el lugar desde 2017. Las tierras pertenecen al Banco de Brasil y desde el 2019 las negociaciones para legalizar la ocupación fueron interrumpidas, al tiempo que el directorio del banco decidió rematar los terrenos.
Ante este panorama de aumento de la violencia de parte del gobierno nacional, en colaboración con algunos gobiernos estaduales, el asesinato de Enio Pasqualim representa una nueva ofensiva contra sin tierras. Si bien hasta el momento la investigación no dio con los responsables, la violencia que sufre el MST no sólo se ha recrudecido durante la pandemia sino que da cuenta de una política de difamación y persecución de un gobierno que, ya sea a través de la policía o de milicias privadas, busca destruir cualquier indicio de dignidad de los excluídos.
