El miércoles 20 de octubre la comisión parlamentaria que investigó acciones y omisiones del gobierno brasileño durante la pandemia de Covid-19 presentó su informe final. En más de mil páginas que fueron resumidas para su lectura en 50 páginas, el relator de la comisión Renan Calheiros expuso que la actuación del gobierno causó más de 600 mil muertes.
En el informe, que fue votado y aprobado en la comisión del Senado, se detallan nueve crímenes cometidos por el presidente a lo largo de la pandemia. Entre ellos, destacan: epidemia con muerte como resultado, incitación de medida sanitaria preventiva, incitación al crimen, falsificación de documentos, empleo irregular de presupuesto público y crímenes contra la humanidad. Además de Bolsonaro, los tres hijos del presidente que actúan en política, otras 63 personas y dos empresas también fueron acusadas.
El reporte será presentado a la Procuraduría General de la República, cuya tarea será dirigir las investigaciones sobre los acusados que tienen fueros. Es el caso del propio presidente Bolsonaro, ministros y parlamentarios federales. A su vez, será dirigido al Ministerio Público de cada estado, a la Policía Federal, a la Receta Federal, al presidente de la Cámara de Diputados —responsable por incluir en la pauta el pedido de impeachment para su debate—, y a la Corte Penal Internacional por las acusaciones de crímenes contra la humanidad.
A lo largo de seis meses, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) abordó la situación sanitaria desde diferentes perspectivas. Uno de los aspectos con más destaque fue la estrategia negacionista adoptada por el gobierno, que desde el primer momento buscó sabotear las medidas de distanciamiento social, el uso de máscara y el fomento a la vacunación.
Con un vasto material —que incluye tanto videos del presidente y sus aliados pregando el uso de remedios comprobadamente no eficaces y estimulando aglomeraciones defendiendo Se calcula que cerca del 40% de los contagios podrían haber sido evitados de no ser adoptada esta estrategia y, con ello, unas 120 mil vidas podrían haber sido salvadas.
“El gobierno federal, en particular el presidente Jair Bolsonaro, con el uso de la máquina pública, de forma frecuente y reiterada, estimuló a la población brasileña a seguir normalmente con su rutina, sin alertar para los cuidados necesarios, a pesar de toda la información disponible sobre el alto riesgo de esa estrategia”, dice el informe.
El mismo también apunta la existencia de un gabinete paralelo, compuesto por empresarios y médicos que aconsejaron al gobierno a impulsar el uso de hidroxicloroquina e ivermectina, dos remedios que no sirven para tratar Covid-19 y que fueron rechazados como tratamiento por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones científicas.
“La insistencia en el tratamiento precoz en detrimento de la vacunación señala al Presidente de la República como principal responsable de los errores de gobierno cometidos durante la pandemia del Covid-19, ya que fue correctamente informado y orientado por el Ministerio de Salud, y aún así actuó en contra de las orientaciones técnicas, despreciando cualquier advertencia que contradijera sus ideas sin base científica, o simplemente despidiendo a los técnicos responsables de estas advertencias”, indica el texto.
En abril de 2020, el presidente despidió de su cargo al entonces Ministro de Salud Luis Henrique Mandetta, defensor del método científico, y nombró a Nelson Teich, un empresario con título de médico que duró 29 días en el cargo y que fue reemplazado por el General Eduardo Pazuello. Durante la gestión de Pazuello se vieron las imágenes más angustiante de la pandemia, cuando a inicios de enero de 2021 decenas de personas murieron en Manaos por falta de oxígeno. Durante la investigación, la CPI descubrió que tras ser avisado sobre la situación de inminente colapso, el Ministerio envió miles de dosis de hidroxicloroquina a la capital amazonense.
A su vez, la CPI apuntó que dicha estrategia fue adoptada por hospitales privados con el fin de reducir gastos de internación de pacientes. Es el caso de la obra social Prevent Senior, acusada por doce médicos de presionar a los profesionales para que se prescribieran estos remedios, incluso en pacientes con patologías que impedían el consumo de dichas drogas por sus efectos colaterales mortales.
Para que la estrategia negacionista ganara popularidad, la divulgación de fake news a través de los órganos oficiales fue fundamental. “Las fake news relacionadas con el Covid-19 involucraron varios temas, como el origen del virus, con ataques xenófobos a China; la oposición infundada al aislamiento social; la divulgación de que la Corte Suprema habría prohibido al gobierno federal actuar para combatir la pandemia; el estímulo al tratamiento precoz; la desinformación sobre el número de muertes por Covid-19; la impugnación sobre la eficacia del uso de mascarillas; y, finalmente, la propaganda antivacunas”, dice el texto.
A su vez, refuerza que las consecuencias de dichas acciones fueron trágicas: “La difusión de fake news creó un clima de desconfianza en la población, animó a la gente a actuar con frívola normalidad, hecho que generó una peligrosa e innecesaria exposición y, en consecuencia, contribuyó a la pérdida de vidas adicionales durante la pandemia”.
La CPI ahondó también en la demora en la compra de vacunas, la cual fue atribuída a la adopción de la estrategia negacionista que llevó a elevar los contagios y el número de muertes. El informe apunta también que existió un esquema de corrupción en la compra de vacunas a través de sobreprecios y en negociación con empresas tercerizadas que ya habían sido investigadas por corrupción y desvío de dinero. Si bien los senadores oficialistas insistieron a lo largo de las sesiones con la idea de que dicha corrupción no pudo ser comprobada (la compra de las vacunas a través de esas empresas fue cancelada luego de que se conociera la información), el relator destacó la intención del gobierno de desviar dinero, lo cual configura crimen por existir la intención aunque el acto no haya sido concretado.
En relación a la situación de los pueblos originarios durante la pandemia, la CPI apuntó que el gobierno fue responsable de “políticas contra el derecho de los indígenas”, que el Covid-19 fue el arma “más mortífera” y que fue utilizada de forma deliberada al negarse a proporcionar insumos vitales, utilizando la poca asistencia ofrecida como coartada para tratar de “ocultar omisiones deliberadas en su deber de protección”.
Tras seis meses de investigación y declaraciones de personas vinculadas directa o indirectamente a la crisis sanitaria, innumerables declaraciones públicas del presidente y el análisis de las medidas adoptadas desde el inicio de la pandemia, queda más que claro el rol del gobierno de Jair Bolsonaro durante la crisis sanitaria más grave de los últimos 100 años.
La presentación que se hará del informe en la Corte Penal Internacional se sumará a otras seis denuncias contra el presidente en la Haya por genocidio contra pueblos indígenes y crímenes contra la humanidad. Aún con el peso del informe y el volumen de pruebas presentado, resta esperar para saber si las instituciones brasileñas avanzarán en una investigación y posterior denuncia que pueda responsabilizar a los implicados, o si serán cómplices de una de las etapas más tristes y oscuras de la historia brasileña.
Este artículo fue publicado originalmente en PIA Noticias
