La Comisión Parlamentaria de investigación (CPI) instalada por la Cámara de Senadores se ha convertido en la novela de Brasil. Así como el reality show Big Brother o las ficciones de la red O Globo, el día a día de la comisión está entre los asuntos más comentados de la prensa nacional. No es para menos. Las revelaciones acerca de las acciones y omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro durante la pandemia, que ya contabiliza más de medio millón de muertes, dan cuenta de una estrategia a contramano de la ciencia y con aparentes beneficios económicos para unos pocos aliados.
El inicio de la CPI sorprendió a los senadores con las declaraciones de los exministros de salud, Henrique Mandetta y Nelson Teich, que hablaron de las presiones para que se descarte la idea de una cuarentena general. Ambos coincidieron en que también hubo intención, a través de un decreto, de alterar el prospecto de la hidroxicloroquina para indicarla en el tratamiento de Covid-19 a pesar de su ineficacia comprobada por la ciencia.
La pandemia la discutió un gabinete paralelo
El Ministerio de Salud llegó a presentar en noviembre de 2020 la aplicación Tratecov, creada para prescribir el tratamiento precoz con hidroxicloroquina y presentada inicialmente en Manaos. Sin embargo, días después fue inhabilitada a partir de denuncias sobre los resultados que arrojaba el test.
Según pudo saber la CPI hasta el momento, el tratamiento fue una sugerencia de un gabinete paralelo integrado por el empresario Carlos Wizard, el diputado federal Osmar Terra, la oncóloga Nise Yamaguchi y la Secretaria de Gestión de Trabajo y Educación del Ministerio de Salud, Mayra Pinheiro. quienes en varias ocasiones han defendido la utilización del medicamento y la autonomía del médico para prescribirlo. En esos encuentros habría surgido la tesis de inmunidad del rebaño y la estrategia era incentivar la contaminación en el menor tiempo posible para así lograr inmunidad colectiva.
Lejos de alcanzar ese objetivo, la estrategia tuvo su primer resultado en Manaos, donde a lo largo de 20 días en el mes de enero, decenas de personas murieron asfixiadas por falta de oxígeno y la altísima tasa de contaminación. En dicha oportunidad, el gobierno decidió no interferir y la capital de Amazonas logró frenar la ola de muertes gracias al envío de oxígeno de Venezuela y de personalidades del espectáculo.
Tanto el ex ministro de salud Eduardo Pazuello, como su ex secretario Elcio Franco, y el actual Ministro Marcelo Queiroga, niegan la existencia del gabinete paralelo. Sin embargo, las constantes reuniones del presidente con dichas figuras en el palacio del Planalto, así como la defensa pública de la inmunidad del rebaño y del tratamiento precoz, generan dudas acerca de la versión oficial del gobierno.
Otro de las líneas de investigación de la CPI es el peso de las acciones del gobierno federal en el número de muertes por Covid-19 en el país. Según declaraciones de la médica y ex directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Jurema Wernek, y del epidemiólogo y ex rector de la Universidad Federal de Pelotas, Pedro Hallal, el gobierno podría haber salvado 400 mil vidas de haberse adoptado medidas como el uso de máscara y el distanciamiento social de forma rigurosa.
Indicios de corrupción
La Comisión también investiga la demora en la adquisición de vacunas. Según declaró el ex secretario de Comunicación de la presidencia, Fabio Wajngarten, el gobierno federal demoró dos meses en responder una carta del laboratorio Pfizer que ofrecía 70 millones de vacunas para diciembre de 2020.
Posteriormente, el representante de la empresa en Brasil, Carlos Murillo, confirmó la información de Wajngarten y agregó que otros seis intentos de negociación fueron ignorados por el gobierno.
El caso de la vacuna Coronavac, producida por el Instituto Butantan y el laboratorio chino Sinovac, es similar. Según declaró el presidente de Butantan, Dimas Covas, si bien existió interés del Ministerio de Salud para la compra de vacunas, todas las negociaciones fueron suspendidas luego de que Bolsonaro declarara públicamente que su gobierno no compraría ninguna vacuna.
El ex Ministro Pazuello llegó a declarar en redes sociales que “uno manda y el otro obedece” tras las palabras de Bolsonaro sobre la compra de la Coronavac. Posteriormente, afirmó que ambas vacunas estaban siendo negociadas por su cartera y que serían adquiridas luego de la aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). Destacó que la demora en la compra se dio por el valor de las dosis y las cláusulas dudosas del contrato.
Sin embargo, el contrato de compra de la vacuna Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech llamó la atención por tratarse de una vacuna que no había concluido la fase 3 de estudios y, por lo tanto, no había sido aprobada por ANVISA. A su vez, el valor del inmunizante de 15 dólares por dosis es mayor que el de Pfizer, AstraZeneca y Coronavac, y el más caro negociado por el Ministerio. Según declaró Luis Ricardo Miranda, un funcionario del ministerio de Salud que participó como testigo en la CPI, existieron presiones inusuales de parte de algunas autoridades para acelerar la compra del inmunizante.
Finalmente, la CPI investigará la reciente denuncia de una empresa publicada por el diario Folha de São Paulo sobre el pedido de coimas del Ministerio de Salud para la compra de vacunas de AstraZeneca. Según el reportaje, funcionarios de la cartera habrían pedido un dólar de coima por cada vacuna adquirida.
El desgaste del gobierno
Desde que comenzaron los trabajos de la CPI la popularidad del gobierno se fue licuando. A inicios de abril, el presidente aparecía con un piso sólido de 30% de apoyo a su mandato y un rechazo que oscilaba entre el 35 y el 40%. Sin embargo, a más de dos meses de instalada la comisión, la pérdida de apoyo se hace cada vez más evidente.
Según la última encuesta Ipec realizada de forma presencial entre el 19 y el 21 de junio, 50% de la población cree que el gobierno es malo o pésimo en su desempeño. A su vez, el porcentaje de quienes creen que se trata de un buen gobierno llegó a 23%, siete puntos menos que en abril. La misma encuesta también arroja que de celebrarse elecciones en este momento, el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva estaría cerca de ganar en primera vuelta con el 49% sobre 23% que alcanzaría el actual mandatario.
Esos niveles de rechazo a la gestión de Bolsonaro aparecen acompañados de manifestaciones realizadas en varias capitales y con una adhesión que llamó la atención tanto del oficialismo como de la oposición. La última ganó destaque de la prensa tradicional en el día que el país superó el medio millón de muertes. Se espera una tercera movilización para este sábado 3 de julio, la primera luego de las denuncias de corrupción por parte del gobierno.
Si bien el plazo de la CPI finaliza a inicios de agosto, momento en el cual debería presentarse el informe final, el vicepresidente de la comisión, Randolfe Rodriguez, ya anticipó que se pedirá una extensión de 90 días para continuar las investigaciones. Dicho pedido, que ya cuenta con las firmas necesarias, deberá ser aprobado por el presidente de la Cámara de Senadores, Rodrigo Pacheco.
Hasta el momento son 12 las personas interrogadas que pasaron de ser testigos a ser investigados por la comisión. Entre ellos están varios ex asesores del presidente, funcionarios del Ministerio de Salud, el ex ministro Eduardo Pasuello, el actual ministro Marcelo Queiroga y el excanciller Ernesto Araujo, quienes deberán volver a responder preguntas de los integrantes de la CPI en las próximas semanas.
Con el avance de la investigación y la información acerca de la posible corrupción en la compra de la vacuna Covaxin, la estrategia del oficialismo es la de blindar al presidente a cualquier costo para sustentar la bandera de la lucha contra la corrupción defendida a lo largo de la gestión. El propio Bolsonaro llegó a declarar que “terminó la corrupción en el gobierno” meses antes de que estallara el escándalo. Recientemente afirmó que no puede saber todo lo que ocurre dentro de los ministerios. A su vez, el Ministerio de Salud suspendió el contrato de la compra de la vacuna india, lo cual despierta dudas sobre la posición del gobierno acerca de que no existía ninguna irregularidad.
La novela de la CPI de la pandemia avanza al ritmo de la pérdida de popularidad del presidente. Las manifestaciones convocadas para el próximo sábado prometen ser más multitudinarias que las anteriores, en el momento político más complicado para Jair Bolsonaro.
