El último miércoles comenzó en Brasil el proceso contra cuatro de los acusados de llevar adelante un intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Inácio Lula Da Silva, el 8 de enero de 2023. “Se buscó derrocar a un gobierno que fue legítimamente electo con el voto universal con el pretexto de que hubo fraude en las elecciones. Brasil hace mucho que dejó de ser una república bananera y los golpes son una página pasada en la historia”, dijo durante la sesión en su acusación el vicefiscal general de Brasil, Carlos Dos Santos.
El relator del caso, ministro de la Suprema Corte Alexandre de Moraes, leyó el informe que indica que pide compensaciones por unos 3 millones de dólares por los daños perpetrados en el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
Por su parte, el vicefiscal Dos Santos pidió la condena y el pago de multas para el primer acusado, Aecio Luiz Costa Pereira, fue detenido luego de depredar el Senado y filmarse sentado en la silla del titular del cuerpo, con una camiseta con la inscripción ‘intervención militar ya’. La defensa de Pereira pidió que sea juzgado apenas por destrucción del patrimonio público y no por golpe de Estado, bajo el argumento de que no hubo intención de tomar el poder debido a la supuesta falta de una cadena de comando.
Se espera que los restantes miembros de la Suprema Corte emitan su voto en favor o en contra de la condena contra los acusados, lo cual puede demorar varias sesiones del pleno. Si bien la defensa pidió que los acusados sean juzgados en primera instancia, por tratarse de crímenes contra la constitución, es la Suprema Corte quien debe juzgar y decidir en razón de los hechos.
“Quieren hacer creer que los acusados estaban paseando por Disney. Los acusados estaban poseídos de un odio irracional, casi patológico”, e “impregnados de audacia, de ignorancia, destruyeron bienes públicos sujetos a protección especial, catalogados como patrimonio histórico, como los muebles, alfombras y obras de arte”, expuso Moraes.
A su vez, el ministro apuntó que “no destruyeron el espíritu de la democracia. No han podido ni podrán subvertirlo, porque el sentimiento de respeto al orden democrático continúa y seguirá iluminando las mentes y los corazones de esta Corte Suprema, en la que siempre prevalecerán los fundamentos éticos y políticos que informan y apoyan el Estado Democrático de Derecho”.
De ser declarados culpables, los acusados pueden enfrentar una pensa de 30 años de prisión por más de diez delitos, entre ellos, atentar contra el estado democrático de derecho. En el caso de Costa Pereira, Moraes determinó una sentencia total de 17 años, de los cuales 15 años y seis meses serían en régimen cerrado y un año y seis meses en régimen abierto. El magistrado también condenó a Aécio a pagar una multa de 44.000 reales.
