Por Caroline Oliveira
El Tribunal Regional Federal (TRF) de la 1ª Región, con sede en Brasilia, decidió por unanimidad desestimar un proceso de Improcedencia Administrativa contra la expresidenta Dilma Rousseff en el caso de las “pedaladas fiscales”.
Los jueces confirmaron la decisión del Ministerio Público Federal (MPF), en septiembre del año pasado, de archivar la investigación civil sobre supuestas irregularidades en operaciones de crédito entre el Tesoro Nacional e instituciones públicas como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal en 2015. Las supuestas maniobras fiscales fueron la base del proceso de impeachment de la entonces presidenta Dilma Rousseff en 2016.
La investigación se inició en 2016 “con el objetivo de investigar una supuesta operación de crédito entre el Tesoro Nacional y los bancos públicos (BNDES, Caixa Econômica Federal y Banco do Brasil), realizada de forma encubierta e ilícita por el exministro de Hacienda Guido Mantega, junto con otras personas, en 2015 sin disposición legal ni autorización legislativa, con el fin de mejorar de forma artificial las cuentas públicas”.
Rousseff y otros miembros de su Gobierno, como el exministro de Hacienda Guido Mantega, fueron acusados de “maquillar el resultado fiscal” retrasando la transferencia de fondos federales a instituciones financieras.
En el curso del proceso ante el 4º Tribunal Federal de Brasília, tanto Dilma Rousseff como Guido Mantega fueron apartados del caso. Posteriormente, el caso que involucraba a otros acusados también fue cerrado sin un análisis de fondo, ya que las acusaciones carecían de fundamento.
En septiembre del año pasado, cuando el MPF pidió el cierre del caso, la 5ª Cámara de Coordinación y Revisión – Combate a la Corrupción argumentó que “tanto el Tribunal de Cuentas de la Unión como el Departamento de Asuntos Internos del Ministerio de Economía descartaron la posibilidad de responsabilizar a los agentes públicos que contribuyeron a las pedaladas fiscales en 2015, ya sea porque se constató la buena fe de las personas involucradas, o porque sólo procedieron de acuerdo con las prácticas del MPOG (Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión)”.
Artículo publicado originalmente en Brasil de Fato
