Además del juicio en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dejó a Jair Bolsonaro (PL) inelegible para las próximas tres elecciones, existen otros procesos y pruebas pueden caer incluso penalmente sobre el expresidente brasileño, como el esquema de fraude en los carnets de vacunación y la filtración de una investigación confidencial sobre el ataque de hackers a los sistemas de la Corte electoral.
Sólo en el TSE hay 16 denuncias que piden su inelegibilidad, dos de las cuales se refieren a ataques al sistema electoral y otras sobre el uso de la máquina pública para beneficiarse a sí mismo en las elecciones del año pasado. La más avanzada es la que se juzgó el martes pasado, que trató sobre la reunión con embajadores.
Lo que motivó la acción, presentada por el Partido Democrático Laborista (PDT), fue una reunión de Bolsonaro con embajadores de países extranjeros en el Palacio de la Alvorada, el 18 de julio del año pasado, ampliamente difundida por TV Brasil y las redes sociales del expresidente.
En el informe, el ministro del TSE Benedito Gonçalves, ponente del caso, afirma que las declaraciones hechas por Bolsonaro durante la reunión fueron “perjudiciales”. En la ocasión, continúa el ministro, Bolsonaro “atacó a la justicia electoral y el sistema de voto electrónico”, que converge “con la estrategia de su campaña” a la reelección.
Recordemos algunos casos contra Bolsonaro que aún entrarán en la agenda:
Fraude en el carnet de vacunación
Según las investigaciones de la Policía Federal (PF), el ex ordenanza de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, articuló un esquema de fraude para incluir dosis de la vacuna covid-19 en tarjetas de inmunización, como en los documentos de Jair Bolsonaro y su hija Laura. Cid fue detenido el 3 de mayo.
En un documento enviado a la Corte Suprema (STF), la PF informó que Bolsonaro sabía de los cambios. La principal evidencia es que la emisión de estos certificados se hizo desde el interior del Palacio de Planalto, entre 22 y 27 de diciembre del año pasado. El ex presidente niega haber falsificado el documento.
El testimonio de Cláudia Helena Acosta da Silva, responsable del centro de vacunación de Duque de Caxias, ante la Policía Federal reiteró las sospechas. La empleada dijo que dio su contraseña al secretario de Gobierno del municipio, João Brecha, para borrar los registros de vacunación del expresidente Jair Bolsonaro.
Claudia explicó, sin embargo, que no sabía quién se beneficiaría de esta acción, ya que Brecha no proporcionó los CPF, alegando ser “personas relevantes y conocidas” y que, por lo tanto, no quería “involucrarla en problemas”.
Según la información policial, los datos fueron introducidos en el sistema el 21 de diciembre de 2022, en referencia a dos solicitudes que se habrían hecho el 13 de agosto y el 14 de octubre, en nombre de Jair Bolsonaro. El 22 de diciembre, se emitió un certificado de vacunación del Palácio do Planalto a nombre del entonces presidente. El 27 de diciembre, un inicio de sesión utilizando el nombre de Claudia Helena emitió un nuevo certificado y luego borró el registro del sistema, alegando un error.
Con base en la cronología de los hechos, la PF cree que Bolsonaro y su ayudante de campo, Mauro Cid, estaban al tanto del fraude.
Investigación de filtración en el TSE
También según el PF, Bolsonaro cometió el delito de violación de secreto funcionario público al filtrar, durante una transmisión en vivo realizada en agosto del año pasado, información de una investigación reservada sobre un ataque de hackers a los sistemas del TSE. El objetivo era desacreditar el sistema electoral brasileño.
“Teniendo en cuenta los elementos de interés relevados, que apuntan a la autoría, materialidad y las circunstancias de la divulgación, del contenido de una investigación policial de funcionarios públicos (presidente de la República, diputado y diputado federal), en el directo del 4 de agosto de 2021 y su divulgación por diversos medios, con el claro desvío de finalidad y con el propósito de utilizarlo como lastre para la difusión de información conocida como falsa, con repercusiones perjudiciales para la administración pública, se da por concluido el trabajo de la Policía Judicial de la Unión”, dijo la PF en un comunicado al STF.
Bolsonaro tendría contacto con la ayuda de Mauro Cid, que “también tuvo acceso a la documentación debido a su posición y puso a disposición el contenido de la investigación, a través de la cuenta personal del Presidente de la República (por su determinación), con la ayuda de su hermano”.
Cinco días después del directo, los ministros del TSE enviaron un aviso criminal al STF atribuyendo a Bolsonaro el crimen tipificado en el artículo 153, párrafo 1º, del Código Penal, sobre “divulgar, sin justa causa, informaciones confidenciales o secretas, en los términos de la ley, contenidas o no en sistemas de información o bancos de datos de la Administración Pública”.
El caso se encontraba inicialmente dentro de la Investigación de Fake News (4781), pero fue desmembrado y ahora forma parte de una investigación independiente en el Tribunal Supremo (4878), ambas informadas por el ministro Alexandre de Moraes.
