El actual Subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja (hombre de confianza de Javier Milei), derribó la operación mediática montada por La Nación + y Clarín de la que se hicieron eco referencias políticas como José Luis Espert y el ministro de Economía, Luis Caputo, además de empresarios como Marcos Galperín.
Los informes periodísticos se basaban únicamente en el testimonio anónimo de “altos funcionarios” de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), organismo que fue conducido por la militante social y catequista villera, Fernanda Miño. Estos informes sostienen cuatro denuncias: que el FISU funcionó como “caja propia” del dirigente político Juan Grabois, que la mayor parte de las obras (con sobreprecios) fueron asignadas a cooperativas vinculadas a la UTEP, que la planta del organismo pasó de 60 a 600 y en su mayoría eran “militantes de Grabois”, y que se gastó 130 millones de pesos en viáticos.
Durante una entrevista radial, el actual funcionario comentó: “Hay muchas noticias que nosotros no hemos podido verificar. Grabois, no tenía un rol específico porque nunca fue funcionario del área”, desligando de esta manera el rol del dirigente social. Sobre la obras, Pareja declaró: “El resultado efectivo a los barrios populares llegaba. En este poco tiempo que llevo yo, he hablado con intendentes de diferentes signos políticos, y hasta ahora no he encontrado críticas. Si no fue la única secretaria que funcionó en la gestión anterior, le pega en el palo.”
Sobre las auditorías, el subsecretario explico que el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) “tiene varios controles: el de la SISU, el de las autoridades del fondo, del AABE y el de los colegios de arquitectos o de escribanos”. Pareja declaró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también auditó obras, centralmente en aquellas donde destinó fondos. El otro auditor es el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) quien maneja las operaciones financieras del Fondo.
SISU y FISU tuvieron durante mi gestión un nivel de transparencia que me enorgullece. Por eso les comparto este hilo con información y datos públicos que desmienten la burda operación que busca ensuciar una política que mejoró la vida de millones de personas en toda la Argentina pic.twitter.com/zP2plaDJjw
— Fer Miño (@ferminook) February 22, 2024
Miño, la ex secretaría, se manifestó en las redes bajo el titulo “FIN DE LA OPERETA: El gobierno desmiente los titulares de La Nación y Clarín, que tendrán que responder en la justicia”. Ante el desmantelamiento de la operación, La Nación apuntó contra las obras realizadas en La Cava, barrio popular donde vive Miño.
La nota periodística menciona que “según el sistema del FISU reporta que están terminadas, pero el municipio de San Isidro informó que solo se hizo un 42% de la red”. Desde ARG Medios pudimos corroborar que en efecto, las obras ejecutadas por cooperativa se encuentran efectivamente finalizadas y cuentan con el informe final de obra y certificación de finalización de la obra suscripto por la UTN. La obra que cuenta con un 42% de avance en la red de cloacas, es la red ejecutada por el Municipio, según surge también de un informe realizado por el propio Municipio de San Isidro.
Los vecinos dicen que desde diciembre que ningún trabajador de obra ni los agentes estatales aparecen por la zona. Esto es normal porque la obra se encuentra suspendida al igual que la mayoría de las obras que fueron suspendidas en el mes de diciembre por el cambio de gestión. En la nota también se hace mención específicamente a la dificultad de algunas familias por la baja presión de agua. La presión de agua de la red es responsabilidad de AySA.
