Chile tiene a José Antonio Kast como nuevo presidente que asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, por un período de cuatro años. Kast es negacionista climático y su gabinete está conformado por sectores del terraplanismo y anti agenda 2030. ¿Qué riesgos ambientales implica su programa de gobierno?
El alto porcentaje que coronó a Kast no fue una sorpresa para muchos chilenos que cuestionaban la tibieza del gobierno de Gabriel Boric, responsable de fortalecer el monopolio de la explotación de litio de la familia Ponce Pinochet. Sin embargo, el discurso de Kast, que adjudica el estancamiento económico del país a la protección ambiental, es un retroceso para Chile.
Horas después de su triunfo, los mercados mineros se despertaron; buscan derogar artículos del Código Minero para liberar aún más el mercado extractivo de litio y cobre. Se habla de un “RIGI chileno” para llamar la atención de las multinacionales. Mientras tanto, las asambleas vecinales y los movimientos ambientales se preparan para hacer lo que más hicieron en esta última década: salir a defender el agua y sus territorios.
El modelo extractivista de Pinochet, hasta hoy vigente
Chile es el principal productor de cobre del mundo y el segundo productor de litio. Su histórica discusión sobre la gestión soberana de los recursos culminó en la nacionalización del cobre durante la gestión de Salvador Allende. Años más tarde nace Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile) la estatal de cobre más grande del mundo.
Durante las dictaduras y los posteriores gobiernos neoliberales se rompen varios consensos que llevaron a un mínimo avance en la gestión de los recursos estratégicos de Chile. Hasta el día de hoy el actual régimen minero chileno incluye un marco legal que habilita la apropiación privada de recursos estratégicos. Lo más grave: Las concesiones funcionan como un derecho de propiedad real; son infinitas, heredables y transferibles, como si fueran dueños del yacimiento.
Sólo 20 nombres se reparten 8 millones de hectáreas, el 50% de la superficie minera concesionada de Chile. Entre esos nombres está el de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet quien ocupó cargos clave durante su gobierno, e inclusive fue quien estuvo al frente de la privatización de la Sociedad Química y Minera (SQM) que ahora está manejada por su hija Francisca Ponce Pinochet.
Otras empresas son: las inglesas Río Tinto y AngloAmericana, la chilena Antofagasta perteneciente a la familia Luksic la más rica de chile, la australiana BHP, la canadiense Lundin Mining y la suiza Glencore.
Las estructuras que tejió la dictadura militar chilena aún siguen firmes, y varios de sus responsables siguen sacando ventaja. Tal es así que el monopolio del litio le pertenece a la empresa SQM, propiedad de la familia Ponce Pinochet, un negocio que se consolidó con el acuerdo Codelco-SQM bajo el plan de”Estrategia Nacional del Litio”que impulsó el gobierno de Boric para promover la explotación público-privada del litio. Este hito fue quizás una de las mayores decepciones que tuvo el pueblo chileno con un gobierno que había prometido romper con décadas de entreguismo.
Presidente Boric @GabrielBoric: “Hoy Codelco llegó a un acuerdo con SQM para construir asociación público/privada que hará posible el desarrollo del litio en el Salar de Atacama con una participación mayoritaria del Estado. Un hito sin precedentes en la industria minera chilena” pic.twitter.com/6iom3pMx3q
— Rodrigo Saavedra (@R_SaavedraM) December 28, 2023
“El retroceso ambiental no es con la elección de este presidente. Fue gradual, desde el anterior gobierno”, afirma Juan Pablo Sanhueza Tortella, Vicepresidente del Partido Popular de Chile.
Ahora con Kast, la presión empresarial para derogar artículos que protegen al litio será mayor. Es por eso que la Cámara Minera de Chile ya anunció su interés en derogar los artículos 6, 7 y 8 que imponen mínimas protecciones a la actividad ya sea por interés público o por tratarse de minerales o hidrocarburos de aguas marítimas. Sin la existencia de estos artículos cualquier recurso en cualquier lugar podría ser concesible. “Con esto se terminaría de liberalizar completamente la explotación del litio”, afirma el dirigente del Partido Popular.
“En Chile lo que existe no son grandes políticas de protección ambiental, sino mínimos regulatorios muy básicos, pisos muy bajos, que aun así hoy están en peligro”, dice Cristóbal Rodríguez, vocero nacional del movimiento ambiental chileno Modatima. “Lo preocupante del nuevo gobierno es que incluso esos marcos mínimos como la evaluación ambiental, o normas de resguardo territorial, están siendo cuestionados, en nombre de la inversión”
Actualmente la ley chilena protege glaciares y zonas periglaciares, pero existen pujas por flexibilizar los marcos de protección constitucional para esas zonas. “La minería en zonas periglaciares implicaría un riesgo hídrico enorme. Hay que levantar una alerta con el gobierno que viene”, dice Juan Pablo Sanhueza Tortella.
“Este gobierno tiene de ecologista solo el nombre”
Cristóbal Rodríguez, vocero nacional de Modatima, criticó la gestión del gobierno de Gabriel Boric en materia ambiental, afirmando que se ha seguido un modelo capitalismo verde “siniestro”.
Mira La Mañanera de lunes a viernes a… pic.twitter.com/uigJhRwPco
— El Ciudadano (@El_Ciudadano) October 3, 2025
Efecto rebote: Más negacionismo, más movilización socioambiental
La asunción de un negacionista climático avecina también mayores movilizaciones en defensa del agua, de los recursos y de los territorios. En Chile existe un crecimiento evidente de organizaciones populares en torno a la defensa de los bienes comunes, “en consecuencia de la multiplicación de conflictos socioambientales los últimos 15 años” dice el referente de Modatima.
Modatima es el movimiento ambiental más grande de Chile, que nace en 2010 bajo un fuerte conflicto por el agua en donde varias comunidades sufrían las consecuencias de un sistema de agua privatizado vigente desde la dictadura, con el Código de Aguas de 1981 de Pinochet.
En Chile los conflictos socioambientales se multiplicaron en las últimas dos décadas al ritmo de un modelo extractivista que no se detiene. Desde el norte minero hasta la Patagonia, comunidades enteras quedaron expuestas a la sobreexplotación del agua, la expansión de la mega minería y la instalación de enclaves industriales.
Casos como Pascua Lama en Atacama, Alto Biobío en territorio mapuche y Patagonia sin Represas, marcaron hitos de resistencia territorial frente a proyectos que avanzaron sobre ríos, glaciares y ecosistemas estratégicos, muchas veces con aval estatal y escaso control ambiental.
“El conflicto por el agua es quizás el más claro, porque revela una contradicción brutal: territorios sin agua para vivir, pero con agua garantizada para la actividad extractiva”, dice Cristobal Rodríguez.
A partir de 2015, estos conflictos adquirieron una nueva dimensión política con la identificación de las llamadas zonas de sacrificio: territorios como Freirina, Quintero–Puchuncaví, Tiltil, Coronel o Tocopilla, donde la concentración industrial deterioró de manera irreversible el aire, el agua y el suelo, sumado a un sistema de agua asfixiado por faenas mineras y agroindustriales de gran escala, expusieron la desigualdad en el acceso a un bien esencial.
En los últimos años, la conflictividad se profundizó con la expansión de la minería del cobre y del litio, la fusión de grandes corporaciones transnacionales y la flexibilización de normas ambientales bajo el argumento de atraer inversiones, que inclusive ahora podrían ser muchas más.
“De esta forma , los conflictos territoriales no solo seguirán creciendo, sino que podrían convertirse en uno de los ejes centrales de la disputa política futura en Chile”, advierte Rodríguez. “Los conflictos territoriales terminan siendo espacios de politización, donde se discute mucho más que un impacto ambiental: se discute quién decide sobre el territorio”
