El 11 de abril Chile elegirá a quienes redacten el texto de la nueva Constitución. También se eligen autoridades municipales y regionales. La fragmentación partidaria de las izquierdas y la unidad en el proyecto de las derechas son dos de los grandes desafíos para transformar la herencia de Pinochet.
Por Ana Dagorret y Julián Inzaugarat
Foto: Reuters
El próximo día 11 de abril Chile enfrentará una elección histórica en tres frentes. Por un lado, se elegirán autoridades municipales y, por primera vez en la historia del país, habrá elecciones para consolidar autoridades regionales. Pero además se realizarán los comicios para elegir a los representantes de la Asamblea Constituyente, espacio responsable de redactar una nueva Constitución que reemplazará a la heredada del pinochetismo.
Estas elecciones llegan tras dos años de movilizaciones ininterrumpidas. En 2019, luego de un mes de protestas que ganaron destaque mundial por su masividad y contundencia, el grueso de la elite política chilena anunció el llamado a un plebiscito para que la población decida sobre la posibilidad de reformar la Constitución.
El 15 de noviembre de 2019, después de que innumerables protestas callejeras cuestionaran el orden neoliberal, se firmó del “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” en el Congreso Nacional. Dicho acuerdo, apoyado por aquellos partidos que cuentan con participación parlamentaria, fue entendido por gran parte de la sociedad civil organizada como un cheque en blanco para que el actual gobierno se mantenga en el poder, al tiempo que daba vía libre para aumentar la represión contra movimientos sociales.
Aún con una campaña contundente para impulsar el “No” por parte de los sectores más conservadores de la sociedad chilena, el 25 de octubre pasado un 78,27% de los chilenos y chilenas decidió iniciar el largo camino para transformar la democracia. Entre las reivindicaciones, está la posibilidad de impulsar reformas sociales estructurales que cambien el modelo económico neoliberal que rige en Chile hace más de 30 años.
Qué se elige
En los comicios del 11 de abril habrá elecciones para autoridades municipales (concejales y alcaldes de cada ciudad del país) y elecciones de autoridades regionales en las 16 regiones chilenas. Originalmente, la contienda estaba agendada el 25 de octubre de 2020 pero debió reprogramarse producto de la pandemia.
La Constituyente elegirá los 155 representantes de la Asamblea que redactarán la nueva Constitución. Contará con paridad de género y una cuota reservada para 17 representantes de los pueblos indígenas. Los representantes tendrán un año para debatir aquello que se incluya como texto y un año y seis meses adicionales para definir y terminar el texto constitucional. El plebiscito posterior a la Convención, que será de voto obligatorio, deberá ratificar el texto que se ponga a consideración por mayoría absoluta de los votantes, es decir, por un quórum de dos tercios.
Las alianzas
Las tres elecciones tendrán como participante a Chile Vamos, la coalición oficialista que responde al actual gobierno chileno aunque intenta aparecer autónoma de su desprestigio. De acuerdo a algunos sondeos, tiene un 35 por ciento de intención de voto.
También participa la Lista del Apruebo, una nueva versión de la vieja Concertación Chilena, encargada de administrar el modelo neoliberal en Chile en las últimas décadas. La alianza llevará el nombre de Unidad Constituyente y está conformada por Convergencia Progresista (Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical), Democracia Cristiana y el Partido Progresista.
Desde la izquierda se presentará la Lista Apruebo Dignidad, integrada por los principales dirigentes del Frente Amplio, el Partido Comunista y sectores independientes de la izquierda chilena.
“El proceso de unidad de los espacios progresistas ha tenido su parte positiva y su parte negativa. En lo positivo, el Frente Amplio y el Partido Comunista han ensayado un espacio unitario, partidos que antes de este proceso han estado separados. Esa unidad era algo que muchos estábamos esperando que sucediera” explicó Sebastián Farfán Salinas de Convergencia Social.
Y agregó: “lo negativo es que pese a esa unidad que va a disputar en conjunto en varias regiones y municipios, en el escenario constituyente se ha dado una dispersión tremenda. La derecha ha podido unirse en una sola lista, mientras que el campo progresista se ha armado una serie de fuerzas independientes por fuera de los espacios de izquierdas, con un discurso de antipolítica”.
A la decisión de otorgar escaños reservados para representantes de los pueblos originarios se suma la definición de construir paridad de género. Estas plazas se redistribuyeron dentro de las 155 que se fijaron inicialmente para toda la ciudadanía, con excepción de las comunas más ricas del país que no vieron alterado el número de representantes que llevarán a la Asamblea.
Las expectativas
Victor Bahamonde es miembro de la Izquierda Libertaria, espacio que incentivó a la población para que participara en el plebiscito de octubre de 2020. En diálogo con ARG Medios, explica que una de las mayores dificultades ante esta triple elección será lograr mayoría absoluta para conquistar demandas estructurales. “Esta demanda llegó de parte de la derecha justamente porque saben que están frente a un escenario fragmentado y que, al haber logrado la unidad, corren con una ventaja que los deja cerca de conquistar un tercio de la Convención, lo cual les daría poder de veto” indicó Bahamonde. “Nuestra posición siempre fue la unidad de todos los sectores de izquierda y sobre todo de los movimientos sociales, que fueron quienes condujeron este proceso”.
Ante la falta de unidad de las fuerzas de izquierda y progresistas, Sebastián Farfán Salinas reflexionó: “lo que sucede con la unidad de la derecha y la diversión de la izquierda es que el sistema electoral va a privilegiar en la distribución de constituyentes a esa lista de unidad de la derecha”.
A su vez, Bahamonde agrega que la movilización popular continúa activa: “estamos viendo protestas que se sostuvieron en el tiempo al mismo tiempo que la represión aumenta contra esas organizaciones que piden una salida del actual gobierno. También aumentó mucho la movilización mapuche esta última semana, lo cual fue recibido con más represión”.
Ante la continuidad de las protestas, el gobierno chileno de Sebastián Piñera anunció que profundizará la aplicación de la ley antiterrorismo, al tiempo que fueron enviados al Congreso cuatro proyectos que limitan la legalidad de las formas de protesta. En ese sentido, Victor Bahamonde explica que “esa fue una de las diferencias que surgieron hacia dentro del Frente Amplio con algunos de los partidos que lo conforman. Ellos votaron a favor de la represión para tratar de dar una suerte de carta de responsabilidad ante el gobierno, la derecha y los sectores que lo interpelaron por avalar la violencia, justamente por no condenarla”.
Aún con el aumento de la represión, Carabineros aparece en Chile como una institución deslegitimada y aliada de los intereses de las elites. Ante esta situación, Bahamonde considera que “es tal el desgaste de la imagen de las fuerzas de seguridad ante lo que fue la represión de las protestas y la mutilación de 400 jóvenes que perdieron al menos un ojo, que inclusive hay sectores de la derecha que han llamado a refundar Carabineros. Hay una sensación generalizada de que a esta altura la policía se manda sola y el gobierno la avala en la represión”.
En un contexto de violencia creciente contra los movimientos sociales y de incertidumbre por lo que dejará como resultado la elección del 11 de abril, Bahamonde plantea que “no se sabe muy bien cuáles serán los resultados. A su vez, también existen tensiones provocadas por el mapa político que quedará trazado luego de que se elijan gobernadores de las 16 regiones y autoridades comunales. Desde Izquierda Libertaria estamos preocupados porque esto llegue a buen puerto y puedan solucionarse problemas estructurales de Chile. Queremos superar las trabas de la dictadura, del modelo neoliberal, de invisibilización de las luchas sociales. Así mismo, entendemos que no todo se resolverá en el ámbito del órgano constituyente”.
