El gobernador Arcioni quiere modificar una ley que prohíbe la actividad contaminante. Las distintas asambleas regionales se movilizaron y presentaron una Iniciativa Popular en la Legislatura. Después de Mendoza, otra provincia se prepara para enfrentar al extractivismo. ¿Qué pasará en los próximos días?

Por Julián Pilatti

En Chubut hay alarma nuevamente ante la posibilidad de que el gobierno local le abra las puertas a la megaminería. La actividad está prohibida en la provincia desde 2003 cuando una inmensa movilización popular resistió al desembarco de la canadiense Meridian Gold y nació el movimiento del “No a la Mina” en Esquel, con el 81 por ciento de rechazo al extractivismo.

A pesar de la oposición del pueblo chubutense, el gobernador Mariano Arcioni aseguró que propondrá modificar el marco legal que prohíbe la megaminería, lo que desencadenó manifestaciones en las calles. Es que la ley no limitó las exploraciones y otro tipo de acciones, por lo que las mineras nunca se fueron de la provincia patagónica.

Específicamente, lo que Arcioni (y el lobby minero) proponen es una zonificación que permitiría la actividad minera en un 60 y 70 por ciento de la superficie de la provincia, sin tocar las ciudades que se ubican en la zona cordillerana y en la costa. Según explican desde la Asamblea “No a la Mina”, los proyectos más avanzados en esta región “implican extracciones de plata, plomo y uranio”, al costo de una contaminación ambiental incalculable que afectaría principalmente a los cursos del agua.

En esta provincia del sur existe una particularidad que amplía los riesgos de que el agua de la población se contamine con la actividad minera: el Río Chubut cruza de este a oeste, atravesando todos los complejos mineros.

Ante esta amenaza, el pueblo chubutense volvió a organizarse y presentó –por segunda vez- un proyecto de iniciativa popular, que es la forma en que la ciudadanía puede proponer un proyecto de ley en la Legislatura provincial. Para lograrlo, se debe superar el 3 por ciento del Padrón Electoral (alrededor de 12 mil firmas). Las distintas Asambleas lograron hacerlo en 2014, pero los legisladores le dejaron las puertas abiertas al extractivismo con artículos casi redactados por las mineras.

En plena pandemia (y con la particularidad de reunir las adhesiones de forma presencial), la resistencia popular logró superar ampliamente ese piso necesario y juntó más de 30 mil firmas, lo que equivale al 7 por ciento del Padrón. La nueva Iniciativa Popular llegó a la Legislatura antes que el proyecto de modificación de la Ley 5.001 que presentó el gobernador Arcioni. Vale aclarar que Arcioni, quién asumió tras el fallecimiento del por entonces gobernador Mario Das Neves, se había posicionado en contra de la minería y en 2019 ganó las elecciones prometiendo que “iba a terminar con extractivismo”.

La mano minera y un estado paralizado

El rechazo popular hacia el extractivismo no nació hace poco. De hecho, el año pasado las calles volvieron a encenderse cuando en Mendoza se debatió la posibilidad de habilitar la megaminería y tuvo una réplica en la política de Chubut. De todas formas, la lucha ambiental ganó en ambas provincias. Al menos por un tiempo.

A todo esto, la situación social y política en la provincia del sur se encuentra literalmente en crisis, con una deuda histórica e inédita del gobierno de Arcioni hacia los estatales y docentes: algunos de ellos no cobran desde hace cuatro meses.

Curiosamente, una de las excusas que encuentra el gobierno provincial es alegar una situación dramática de su economía, que se habría agravado por la prohibición de la megaminería. Es decir, desde el oficialismo plantean que con el “sí” a la actividad, los docentes y estatales podrían volver a cobrar con normalidad. La propuesta del gobierno despertó todavía más indignación, con la consigna “no cambiamos salarios por megaminería”. De esta forma, el Estado provincial se encuentra virtualmente paralizado, con huelgas recurrentes que, en el caso de la educación, repercutió en el curso normal de las clases.

“Hoy hay gente que el último mes que cobró es agosto. Nadie cobró el aguinaldo. Hay una deuda enorme con proveedores del Estado. Todo el mundo está endeudado. El comercio local re parado, y todo lo que es público funcionando mal o nada desde hace 3 años. En 2019 y en 2018 sólo hubo algunos meses de clases, después paro. Este 2020 con la pandemia en las escuelas no funcionó casi nada: aunque los docentes le pongan voluntad, van tres años con los chicos casi sin clases”, grafica el periodista ambiental, Julián Raso.

Ante este adverso panorama para el gobierno de Arcioni, y debido al inclaudicable posicionamiento de la mayoría del pueblo de la provincia, la aprobación de la megaminería ampliaría todavía más la crisis política y podría despertar una evidente reacción en las calles. Sin embargo, hasta ahora no hay gestos del oficialismo que hablen de un retroceso, más si se tiene en cuenta que la propuesta de zonificación para habilitar la actividad vino de la mano de dos funcionarios del gobierno nacional: el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

Según pudo saber este medio, los votos para la aprobación o rechazo de la propuesta del gobierno –así como también de la Iniciativa Popular para prohibir toda actividad minera-, se encuentran “por demás ajustados”.

La presión del lobby minero ya hizo ceder las débiles convicciones del gobierno de Arcioni, pero de lograr una luz verde para la actividad, dejará la puerta abierta para lo que –prometen– será un verdadero “Chubutazo”.