A cinco años del primer Acuerdo de Paz en Colombia

Un balance de la apertura democrática que implicó el Acuerdo de Paz de 2016. Los avances en su implementación y la responsabilidad del Estado colombiano.

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El conflicto armado en Colombia llevaba décadas cuando muchos de los jóvenes que hoy se movilizan por las calles, nacían. Fue una guerra con la que convivieron miles de colombianos y colombianas a lo largo de su historia, y el Acuerdo de Paz fue una oportunidad de ponerle fin.

Durante los años de negociaciones en La Habana, se construyó un acuerdo integral para detener el conflicto armado. El primero de ellos, firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016,​ se plebiscito a lo largo del país, siendo el resultado final una victoria del «No», lo que obligó al gobierno a renegociar tomando en consideración las objeciones de la oposición.

Este acuerdo incluía seis elementos claves: política de desarrollo agrario integral; participación y democratización política, fin del conflicto armado, solución al problema de las drogas ilícitas; verdad, memoria y justicia para las víctimas; y un proceso de refrendación. Las negociaciones se tensaron debido a una disputa entre el sector político de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.

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Juan Manuel Santos, Raúl Castro y Rodrigo Londoño (Timochenko) unen sus manos en La Habana durante las negociaciones de paz de 2016. Foto: Alexandre Meneghini / Reuters

Juan Manuel Santos formó parte del espacio político de Álvaro Uribe, quien lo propuso como candidato a la presidencia. Cuando en 2012 Santos anunció públicamente el inicio de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), generó un quiebre y Uribe se transformó así en uno de los principales detractores del Acuerdo de Paz.

“Santos incluye el elemento plebiscitario para ver si era refrendado por el pueblo colombiano. El ubirismo planteó que esos acuerdos eran a espaldas del pueblo y que era para entregarle el país a las FARC”, explica Laura Capote, integrante de Marcha Patriótica y del Instituto de Investigación Social Tricontinental.

El acuerdo final se firmó en noviembre de 2016, y a partir de entonces se generó un amplio debate sobre la implementación. “Empezó todo un conocimiento por parte de la sociedad de cuál era su organización [de la FARC ], cuáles eran sus demandas, llegaron muchos insurgentes a las ciudades. Hubo un acercamiento del país alzado en armas y el país no alzado en armas”.

Para las FARC el Acuerdo de Paz fue un proyecto político. Una estrategia deliberada para insertarse en la vida política, dejando de lado las armas. “No fue un acuerdo de rendición, sino entre iguales que no se pudieron derrotar”.

Este Acuerdo no solucionó los principales problemas de Colombia, pero se transformó en una valiosa herramienta para poner sobre la mesa algunos de sus conflictos históricos. Las FARC dejaron las armas para implementar una lucha política y construyeron un partido que hoy tiene una representación electoral. Por otra parte, el incumplimiento por parte del Estado se ha vuelto una constante de los últimos años.

La implementación  

El 25 y el 26 de mayo de 2021, la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM) del Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, presentó su quinto informe comprensivo sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Allí sostiene que las disposiciones que alcanzaron la implementación total pasaron de un 26% a un 28% en el último año. Un porcentaje extremadamente bajo de acuerdo a las organizaciones sociales.

“Es necesario asegurar los recursos para la implementación de compromisos del Acuerdo consignados en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, y garantizar la vinculación de los consejos territoriales de paz y reconciliación como espacios para construir diálogos y alcanzar consensos”, detalla el informe.

Al menos 904 líderes sociales y 276 excombatientes de la ex guerrilla de las FARC han sido asesinados desde 2016

Al mismo tiempo, existe un grave incumplimiento por parte del Estado. Al menos 904 líderes sociales y 276 excombatientes de la ex guerrilla de las FARC han sido asesinados desde 2016, según un informe de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP). “El Estado no está cumpliendo con la protección de la vida de los insurgentes que dejaban las armas y pasaban a la vida política”, afirma Capote.

Entre los aspectos positivos se destaca el desarrollo del sistema de Verdad, Memoria, Justicia para las Víctimas, con la conformación de tribunales especiales. Laura Capote cuenta que “en esos tribunales no solo han pasado excombatientes para contar lo que paso y pedir perdón públicamente, sino también las fuerzas armadas, que han confesado los vínculos paramilitares para lograr desplazamiento de comunidades, para ejecutar los falsos positivos, etc”.

«No hay manera de entender las movilizaciones de estos años sin la apertura democrática que implicó la paz»

Durante estos años el uribismo se ha encargado de atacar constantemente el Acuerdo de Paz, y desde la llegada de Iván Duque a la presidencia se obstaculizó aún más la implementación. “Sigue siendo un polo de polarización dentro del sector de extrema derecha. Aunque dentro de ese sector, en el último tiempo, han pedido una amnistía general, ya que muchos actores cercanos a Uribe están declarando que él estaba al tanto de los vínculos paramilitares y ejecuciones extraoficiales”, señala Capote.

En cuanto a la apertura democrática, el acuerdo fue fundamental para despertar una sociedad que culpó durante años a la guerrilla de todos los males de Colombia.  “No hay manera de entender las movilizaciones de estos años sin la apertura democrática que implicó la paz. Muchas de las demandas del Paro Nacional retoman mucho de las demandas del acuerdo”.

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Lic. Ciencia Política | Redactor ARGMedios | Cooperativista Ladran Sancho