Este 10 de febrero comenzará el juicio contra la ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, una de las artífices del golpe militar a Evo Morales en noviembre de 2019. Áñez había sido detenida en marzo de 2021, y hace pocos días se conoció la fecha del inicio del juicio que definirá su situación procesal.
Entre los acusados también están los ex jefes militares Williams Carlos Kaliman Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Flavio Gustavo Arce San Martín, Carlos Orellana Centellas, Jorge Elmer Fernández Toranzo, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino y Palmiro Gonzalo Jarjury Rada. Según la ley boliviana, los delitos de los acusados están tipificados como “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes”.
“Tenemos fe que el órgano judicial va a acelerar los tiempos y esperemos que para marzo, máximo abril de este año, tengamos la primera sentencia contra la señora Áñez, por el caso golpe de Estado II”, manifestó el viceministro de Justicia, Jaime Siles. Por su parte, la Justicia del país rechazó una apelación presentada por Añez para el “cese de la detención preventiva” por la causa “golpe de Estado I”, donde es acusada de “sedición, terrorismo y conspiración”.
Lo cierto es que la detenida también está involucrada directamente en las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas días después del golpe de Estado contra Evo Morales. Allí, el ejército boliviano reprimió brutalmente una protesta pacífica de campesinos e indígenas, y dejó un saldo de más de 30 personas muertas y cientos de heridos.
Días atrás, en un mensaje publicado en las redes sociales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que el juicio contra Áñez y otros dos exfuncionarios comenzará “los siguientes días por haber actuado contra la Constitución Política del Estado los días 10, 11 y 12 de noviembre del año 2019, dentro de la ilegal autoproclamación en la presidencia de Bolivia, sin considerar previamente las renuncias de las autoridades electas en línea de sucesión, ante un Senado y Asambleas Legislativas vacías y sin quórum”.
“En términos simples, lo que hizo la exsenadora fue autoproclamarse en presencia de medios de comunicación y representantes diplomáticos, sin cumplir con las formalidades establecidas en la Constitución y la Ley”, agregó el funcionario.
El reclamo de Añez
Desde sus redes sociales —intervenidas por familiares— la expresidenta de facto aseguró que “quieren borrar la historia” y hasta se ubicó como defensora de la democracia. “Quieren borrar la historia. El juicio virtual, juicio ilegal, contra Jeanine Áñez y otros 8 presos políticos y perseguidos políticos busca condenar a los defensores de la democracia, de la justicia y de la libertad”, expresa el tuit publicado en su cuenta.
Añez no solo está acusada por su asunción ilegítima, sino también por las conspiraciones y acciones desestabilizadoras previas. El 11 de noviembre de 2019, desde Chapare, el entonces presidente Evo Morales anunciaba su renuncia luego de una escalada de violencia inusitada por todo Bolivia. “Renunciamos para que no sigan quemando casas, intimidadas nuestras familias y amenazadas, por eso renunciamos”, manifestó entonces Morales.
Armas a Bolivia
El último punto relacionado al juicio a Jeanine Áñez —que por ahora no pesa en las causas que la tiene como imputada— es el envío de armas ilegales a Bolivia durante el golpe de Estado.
Días atrás, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dio detalles de la causa y contó que los avances demuestran la participación del gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri en el envío de armas al país. Wilfredo Chávez juró como procurador general del Estado ante el presidente constitucional de Bolivia, Luis Arce, el 12 de noviembre de 2020.
“En primer lugar, la causa está abierta. Está pendiente en el caso de la cooperación que ha habido con el golpe de Estado. No solo fue Argentina, también Ecuador y la información que hemos obtenido es que efectivamente en los días del golpe se realizaron tratativas extralegales para que de gobierno a gobierno se apoyaran en el suministro de armamento e insumos disuasivos a la población civil que han sido utilizados infelizmente en las posteriores masacres que ocurrieron el 15 y 19 de noviembre en mi país. La forma de ingreso de esos materiales fue absolutamente irregular e ilegal. La distribución fue hecha de la misma manera”, expresó Wilfredo Chávez en diálogo con Página12.
“Ha existido esa cooperación directa. Inicialmente las autoridades del gobierno de Macri negaron su participación, pero los papeles cantan. Dan cuenta claramente de esa participación, tanto del envío como de la recepción en Bolivia”, determinó.
